Cárceles en América Latina
La académica y directora del Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC, Catalina Droppelmann, lleva más de 20 años realizando investigación y aportando en la construcción de políticas públicas en materia de justicia criminal, delincuencia y exclusión social, trayectoria que hoy le permite observar con conocimiento de causa el debate relativo al avance del crimen organizado y el impacto tras el aumento del hacinamiento carcelario en Chile.
En conversación con El Mostrador, Droppelmann abordó la polémica que generó el oficio enviado por el ministro de Justicia, Luis Cordero, para que Gendarmería diera cuenta a jueces y fiscales acerca del número de internos, capacidad y condiciones de las distintas cárceles del país.
“El contar con información, a mi juicio, lo que permite es entender que el tema carcelario no es un problema del sistema penitenciario solamente, sino que es un problema del sistema de justicia criminal. Y tener esa información a la vista no necesariamente se orienta a sesgar procesos de toma de decisiones, sino a entender que las decisiones judiciales tienen un impacto también en la capacidad carcelaria”, expresó.
En esa línea, para la investigadora es necesario comprender que “tienen que existir mecanismos racionales de ingreso y también mecanismos racionales de salida, como la libertad condicional y los beneficios penitenciarios. Y eso es algo que es parte del funcionamiento, por lo que a mí me parece muy acertado tener a la vista eso, el hacerlo público, el entender que es algo que hay que considerar”.
“Las cárceles no son establecimientos donde se puede enviar y enviar personas, tienen una capacidad limitada. En estos momentos estamos con niveles de hacinamiento muy altos. Por lo tanto, debemos entender esto no solamente para el mundo del sistema de justicia criminal, sino también para el mundo parlamentario, que con agendas cortas terminan también estresando el sistema, sin entender o considerar muchas veces el impacto”, agregó. (...)
