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El Big Data al servicio de los ciudadanos Imprimir
Miércoles, 05 de Septiembre de 2018 00:00


Facilitar el acceso de la población a los servicios del Estado de Chile es una deuda que tiene décadas. En un contexto mundial incesante de información instantánea y vertiginosa, la digitalización óptima de datos y el tratamiento confiable de documentos relevantes sobre la ciudadanía son elementos cruciales para la transparencia. Expertos explican que esta es una labor que cuenta con pocos casos de éxito en nuestro país. 


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Este reportaje es uno de los artículos del dossier de la última Revista Universitaria sobre el Big Data. Este representa la última revolución, que supera a las demás por su nivel de impacto sociocultural, democratizando el conocimiento y conduciendo a la humanidad a estadios evolutivos impensados.

 

 

 

 

“¿Sabías que al año se gastan US$108 millones en documentos impresos en el servicio público? Con este proyecto de Transformación Digital que firmó @sebastianpinera se busca ahorrar tiempo y dinero en los trámites #ModernizarEsAvanzar”.

Con este tuit la cuenta de la Presidencia de Chile anunció la presentación del proyecto de Transformación Digital y creó el consejo asesor para la modernización del Estado. Una iniciativa que el mandatario había prometido en su campaña y que, al fin, estaba ocupando un espacio en la abultada agenda del gobierno. 

La necesidad de otorgar a esta temática la profundidad y análisis que requiere se debe a que, según coinciden académicos y expertos dedicados al Big Data, en nuestro país estamos lejos de haber optimizado los recursos en línea, lo que va de la mano de una precaria protección de la privacidad que requieren los usuarios. Y es que la vorágine de datos que nos inundan no está siendo utilizada por el Estado chileno en beneficio de sus ciudadanos.

“Hay datos disponibles, pero no son de calidad pues no hay una agencia pública que verifique esto y, si bien el Estado dice que cada organismo es responsable, se ha privilegiado la cantidad”, introduce Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente. Esto es, para el abogado, lo que impide el desarrollo de políticas públicas coherentes de Big Data en nuestro país. En ese contexto, valora este proyecto de modernización del Estado, que busca hacerse cargo de este tema en una de sus aristas, pues plantea el desarrollo de la agenda digital con el fin de promover estándares de transparencia, perfeccionar los gobiernos corporativos de las empresas públicas y lograr una entidad confiable y actualizada para las estadísticas públicas.

Un diálogo con la sociedad 

La digitalización óptima de datos y el tratamiento confiable de documentos relevantes sobre la ciudadanía, explica Precht, es una labor que cuenta con pocos casos de éxito en nuestro país. 

En cuanto al levantamiento de datos, destaca que esta vez el censo sí fue de calidad, al igual que la encuesta Casen, encargada este año por el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales (CEEL UC) y la información que dispone Chile Atiende. 

Otro ejemplo que valora el jurista es el de la entidad Chile Compra, ya que ha generado una experiencia importante en cuanto al diálogo con la sociedad civil, a través de un consejo donde todos pueden opinar sobre las políticas públicas del área.

A nivel de digitalización y adaptación de las bases de datos a lenguajes o formatos de programación adecuados y accesibles, señala que el Servel ha hecho una labor crucial al trasladar su información de formato PDF a Excel. Otro caso que destaca es el del Servicio de Impuestos Internos (SII), donde se ha comenzado un trabajo para mejorar las bases de datos. “El Estado está empezando a tomar en serio el tema y la comisión de modernización que promueve el Open Goverment Partnership (OGP) es una buena noticia, pero no es una política estatal porque no es centralizada”, asegura.

El OGP o Alianza para el Gobierno Abierto es una instancia de cooperación multilateral impulsada por la ONU en 2011, acuerdo al que Chile suscribió con el fin de promover un mayor poder de la ciudadanía y luchar contra la corrupción a través de la utilización de las nuevas tecnologías. Si bien es una iniciativa relevante, Precht explica que en el anterior Gobierno de Sebastián Piñera el impulso en parte se limitó a la creación de un portal de datos, que con el tiempo quedó en desuso. “La actualización debe ser constante”, manifiesta y agrega que hoy en día se han concretado esfuerzos serios al respecto, además de los mencionados: “El Consejo para la Transparencia, el Poder Judicial y Contraloría han empezado a trabajar con Big Data teniendo en cuenta cambios de plataformas y bases de datos en formatos reutilizables”. Así, asegura, se ha buscado, al mismo tiempo, poder avanzar en visualización y adaptación a formatos actualizados de programación.

 Exploraciones, ética y visualización

En un mundo complejo, lleno de información compleja, el Big Data aparece como un constructo que se transforma en un paraguas cuando se habla de torrentes de datos o bytes, pero este concepto –que está de moda en contextos de marketing digital y computer science-, no cumple una promesa nueva. 

Esta definición se refiere a la toma de decisiones basada en evidencias, lo que no sería precisamente “descubrir la rueda”, explica el profesor del Departamento de Estadísticas de la UC, Alejandro Jara.

El mismo Jara, quien también es investigador del nuevo Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional de la UC, coincide con el diagnóstico de Precht sobre la mala calidad de los datos en Chile. “Se cree que existe la necesidad de recolectar muchos datos cuando en realidad la clave es que den la oportunidad de reconocer patrones que salen del comportamiento usual”, por ejemplo, información que está fuera de los promedios. De esta manera, profundiza, “el desafío es proveer mecanismos para descubrir datos complejos, que no necesariamente son complejos porque son grandes o muchos”.

El Instituto donde participa Jara es una de las iniciativas que busca crear mecanismos para generar patrones sobre la base de evidencia en Chile. En alianza con la PDI, pretenden trabajar en la elaboración de perfiles delictuales. Esta labor requiere la creación de un modelo matemático orientado a optimizar la información en función de obtener datos específicos que sean relevantes para determinar las características comunes de ciertos criminales y poder crear "tipos".

En nuestro país, aseguró, estamos en una etapa muy previa de creación de modelos para tomar decisiones. Sin embargo, es un buen pie para pensar, además, en la ética. “Todo se basa en que lo que observo como registro es una fracción de un grupo al cual le quiero aplicar una conclusión”, explica.

“Los procedimientos no son éticos o antiéticos, sino su utilización”, insiste. Sin embargo, en nuestro país no existen penalizaciones para cuando se hacen análisis estadísticos incorrectos. Hoy el Big Data ofrece un camino para trabajar desde la interdisciplina y en el instituto buscarán proveer sistemas confiables.

Actualmente, hay otras alianzas en camino, adelanta Jara. Por ejemplo, apoyarán a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Se encuentran en una etapa de entender sus labores y procedimientos para tomar decisiones en línea. “La SEC debe certificar productos eléctricos que entran. El punto es que la cantidad de artículos que llegan coincidan con las certificaciones. Cómo se detectan las incongruencias es una de las preguntas para detectar la venta ilegal de mercancías que deberían ser certificadas”.

Agregó que la automatización de los sistemas puede ser útil. “Para que la toma de decisiones de las políticas públicas se base en datos, la forma de análisis de estos debería ser de escrutinio público. Hay gente que lo hace bien y no existe un único procedimiento. Si mucha gente tiene acceso a esta información, se puede validar y favorecer la discusión”, reflexiona. Por otro lado, explica que el tema de la protección de datos privados en el país está en pañales. 

A modo de ejemplo Jara explica el caso del INE, que maneja información en línea de la población. Como parte de sus procedimientos de seguridad, el organismo elimina el RUT de los ciudadanos para proteger su identidad. Se argumenta que esta medida se correspondería con el secreto estadístico. Sin embargo, Jara aclara que no existe una definición establecida ni explicitada en el país de este concepto, por lo que este mecanismo de resguardo es totalmente insuficiente.

La académica del Instituto de Sociología, Daniella Leal, por su parte, cuenta que en la Dirección de Estudios Sociales (Desuc), también están asesorando a instituciones con amplia información de usuarios, como el SII. Así, desde la academia se busca apoyar a entidades que trabajan con Big Data en un contexto exploratorio. Leal plantea que este contexto es una oportunidad para cimentar un camino que conducirá a crear formas nuevas de recolectar información. Matemáticas, Sociología, Diseño, Ingeniería y Comunicaciones son solo algunas de las disciplinas llamadas a esta labor, expresa.

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INFORMACIÓN PERIODÍSTICA

Violeta Bustos Vaccia, Revista Universitaria, runiversitaria@uc.cl

 

 
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