Claudio Seebach
Director Ejecutivo
Centro de Políticas Públicas UC

(Fuente: Opinión, El Mercurio. 18 de septiembre de 2009)

La venta de bases de datos del padrón de electores por parte del Servicio Electoral ha causado una interesante y ojalá productiva polémica. El hecho de que un organismo del Estado, sin aprobación previa de los que se inscriben, venda públicamente los datos personales, tales como nombre completo, RUN, dirección, profesión y situación de discapacidad, es sin duda una violación a la privacidad y pone a las personas incluso en riesgo por el uso malicioso que a esa información se le pueda otorgar, mucho más allá del ya molesto uso comercial.

Vender bases de datos a agentes no vinculados con el proceso de elecciones no tiene ninguna relación con la misión del Servicio Electoral, que es llevar un registro de electores confiable al servicio de elecciones limpias e informadas.

La reacción que esta polémica ha generado demuestra el avance que ha habido en Chile en términos de exigencias de mayor transparencia y de empoderamiento de los ciudadanos, que cuestionan las acciones públicas arbitrarias y tienen cada vez más herramientas para hacerlo. La creación del Consejo para la Transparencia, entre otros factores, ha sido sin duda un paso fundamental en esa dirección.

Es evidente que existe una tensión entre las necesidades de la gestión pública, sobre todo una gestión moderna estructurada en torno a las necesidades de los ciudadanos que requiere conocer a sus usuarios, con la necesaria protección de la privacidad de las personas ante el poder público. El hecho de poseer en Chile un sistema de identificación con un Rol Único Nacional ahorra costos de levantamiento de información y evita errores y duplicidades, lo que en muchos casos compensa la pérdida de libertad de los ciudadanos que renuncian a su privacidad frente al Estado, al otorgarle la información.

Si bien existe un proyecto de ley en trámite, el no contar hoy con una legislación que dé una debida protección a los datos personales nos impide ser considerados un país apto para plataformas internacionales de call centers u otros servicios que requieren poder asegurar la privacidad y seguridad de la información.

La falta de una política clara también perjudica aspectos de las políticas públicas, donde tener información detallada de las personas es tremendamente valioso. Lo anterior no implica que sea necesario poder individualizar a las personas, sino simplemente contar con datos innominados para evaluar el impacto de políticas públicas y para la investigación académica. Así, es posible medir la pertinencia de los subsidios, del sistema de protección social u otros instrumentos del Estado que implican importantes gastos y que requieren evaluaciones rigurosas sobre los efectos que han tenido en la población objetivo específica.

El Servicio Electoral vende el padrón por considerarlo información pública y para que esté al alcance del sistema político, y en particular de los candidatos, bajo el supuesto de que así los electores podrán recibir la información necesaria para tomar una decisión informada.

Mucho se ha discutido en torno al financiamiento de la política en Chile, por lo que quisiera terminar con dos propuestas que apuntan en esa dirección, y que, a mi juicio, resuelven el conflicto de información planteado, otorgándole al Servicio Electoral un papel fundamental en dar igualdad de oportunidades en las elecciones.

Los candidatos independientes conocen la dificultad que implica asegurar que las firmas de apoyo que consiguen sean efectivamente de electores válidos. Un uso eficiente de recursos públicos sería que en vez de vender las bases al público, el Servicio Electoral cruzara las firmas recogidas con su base de datos, cobrando sólo por el costo de este servicio.

Una propuesta aún más potente es replicar lo que ocurre en Suiza, donde cada elector recibe en la dirección de su casa las propuestas de los distintos candidatos o partidos, labor que podría realizar el Servicio Electoral de manera mucho más costo-efectiva.

Las propuestas anteriores contribuirían de manera decisiva y concreta a mejorar el financiamiento y transparencia de la política, evitando de paso que la información privada de los electores se venda y distribuya públicamente.