Ignacio Irarrázaval L.

Director del Centro de Políticas Públicas UC

Fuente: Columna de Opinión, El Mercurio, Lunes 2 de noviembre de 2009

El dilema de más o menos Estado se ha instalado con fuerza como uno de los temas de la agenda de discusión en esta campaña presidencial. Sin embargo, lamentablemente este debate respecto del papel y tamaño del Estado se ha estancado en un nivel de superficialidad y lugar común que poco contribuye a una mejoría de nuestro desarrollo económico y democrático.

En primer lugar, porque ni los propios chilenos parecen considerar al Estado, como sí lo fuera alguna vez, el referente salvador de su bienestar. Y pese a los relatos ideológicos que algunos han intentado hacer a partir de la última crisis financiera internacional, el mundo desarrollado comprendió hace rato que el modelo de un "ogro filantrópico" no es viable. Es cosa de ver, por ejemplo, los recientes anuncios del gobierno alemán, tendientes a dar un giro hacia menos paternalismo.

En esta línea, me parece decidor lo que muestra la Encuesta Nacional Bicentenario 2009, en la cual dos tercios de la opinión pública considera que son las personas -y no el Estado- las responsables del bienestar (atribución que es pareja, tanto para el estrato bajo como para el alto). La muestra Bicentenario señala también un predominio de las atribuciones individuales como causas de éxito económico: son la "iniciativa y trabajo duro", junto a la habilidad y el talento personal, los factores que se perciben como los mayores detonantes de la riqueza. Más interesante aún -por la paradoja- resulta que estas percepciones se recogen mientras se desarrolla una fuerte campaña para promocionar una red de seguridad social, con protección "de la cuna a la vejez".

Y la paradoja no es sólo una cuestión de percepción. Si se trata de proteger a los chilenos por la vía de hacer crecer al Estado, existen innumerables ejemplos que derrumban esta promesa y evidencian una peligrosa ineficiencia del Estado: episodios de corrupción, hospitales que literalmente "enferman" a los pacientes, colegios que no consiguen ningún estándar de mejoría en sus estudiantes; inauguraciones de proyectos que se quedan ahí, en el corte de cinta; fondos y programas para deportes que nunca llegaron a los deportistas, etcétera.

Poner en evidencia estos nudos y contradicciones no significa desmerecer el significativo papel que el Estado debe ejercer para garantizar los derechos y deberes de las personas, para promover el desarrollo y la búsqueda del bien común. Sólo que esta promesa debe levantarse sobre argumentos menos populistas y más técnicos, como ha sido la propuesta del Consorcio de Reforma del Estado, elaborada por ocho centros de pensamiento de todo el arco político y por tres universidades. Esta manera de enfrentar los problemas refleja que sí es posible construir acuerdos fundamentales sobre cómo modernizar a este actor esencial. Se trata de una propuesta técnica que recoge las mejores experiencias de gestión del extranjero y también incorpora los aprendizajes de la realidad de nuestro país. Aspectos como la definición de un mecanismo para abordar la resolución de problemas intersectoriales, la profesionalización del servicio civil, la separación de funciones en la entrega de servicios, el potenciar a los municipios como estamentos de primera línea y situar a los ciudadanos en el centro de su acción son algunas de las propuestas de este consorcio.

El Estado puede y debe ser un actor fundamental en el desarrollo del país. Pero su tamaño no es lo relevante. Lo que interesa precisar es el alcance de sus funciones y su capacidad para ejercerlas.

El Estado chileno debería ser como un corredor de larga distancia que tiene claras sus metas razonables, y para eso planifica la carrera y dosifica los esfuerzos: mide cada gramo que consume y cada tranco que corre. Sabe que esta carrera de fondo requiere músculo y que mucha grasa sobrante puede ser letal.

Claudio Seebach
Director Ejecutivo
Centro de Políticas Públicas UC

(Fuente: Qué Pasa. 31 de octubre de 2009)

¿Qué pasaría si los mejores talentos de este país decidieran ser profesores? Esa es la idea de una nueva campaña que se lanzará en Chile.

Carta de la Ministra de Vivienda y Urbanismo, Patricia Poblete. Publicada en el diario La Tercera (lunes 19 de octubre de 2009).


Señor director:

La semana pasada, junto a la Presidenta Bachelet y al alcalde de Las Condes, inauguramos 480 departamentos, las primeras viviendas sociales que se construyen en la comuna, luego de 10 años. En tanto, el conjunto Bicentenario de Lo Barnechea espera a 150 familias que están a meses de trasladarse a sus nuevas viviendas, tras vivir años en campamento.

Calidad y dignidad es lo que estamos logrando. También avanzamos hacia una mayor integración social. Nuestra tarea ha sido radicar a las personas donde siempre han vivido, cerca de sus familias, fuentes de trabajo y redes sociales. Y no desarraigarlas, expulsándolas a la periferia.

Hemos avanzado. Pero para ponernos pantalones largos necesitamos legislar para generar mayor integración en todas las comunas del país, garantizar el acceso de los más pobres a buenas localizaciones y premiar a los proyectos y a las comunas integradas.

Se trata de corregir una tendencia urbana negativa que no está regulada en Chile y que ha sido enfrentada por países como EEUU, Francia, España, Colombia y Brasil. No se trata de que los inmobiliarios resuelvan los problemas de marginalidad urbana, pero sí de que, en la medida en que conforman la ciudad, incorporen condiciones mínimas de integración social.

Nuestra mirada apunta a lograr que Chile sea, lo antes posible, un país con políticas urbanas modernas, centradas en las personas y con sentido del territorio. Un país que mire la integración social como una oportunidad y no como una amenaza.

Claudio Seebach
Director Ejecutivo
Centro de Políticas Públicas UC

(Fuente: Cartas El Director, El Mercurio. 26 de septiembre de 2009)

Señor Director:

Los potenciales graves efectos ambientales y en el turismo en los géiseres del Tatio, debido a las perforaciones de la empresa estatal Geotérmica del Norte, propiedad de Enap y Codelco, sólo demuestran, una vez más, la importancia de la separación de funciones que debe haber entre un Estado que regule, fiscalice y eventualmente subsidie o fomente la innovación, y que sea exclusivamente el sector privado el que emprenda.

Cuando el Estado también se dedica a emprender, como es en este caso, los ciudadanos nos quedamos indefensos, porque el incentivo del mismo Estado es muy grande para proteger o favorecer sus propias iniciativas, impulsando ideas que pueden no ser las mejores, o derechamente ser muy malas. Si hubiera esta debida separación de funciones, hace años podríamos haber obligado a mejorar las condiciones de contaminación atmosférica en la zonas de operación de Codelco en El Teniente, Calama o Potrerillos.

Claudio Seebach
Director Ejecutivo
Centro de Políticas Públicas UC

(Fuente: Opinión, El Mercurio. 18 de septiembre de 2009)

La venta de bases de datos del padrón de electores por parte del Servicio Electoral ha causado una interesante y ojalá productiva polémica. El hecho de que un organismo del Estado, sin aprobación previa de los que se inscriben, venda públicamente los datos personales, tales como nombre completo, RUN, dirección, profesión y situación de discapacidad, es sin duda una violación a la privacidad y pone a las personas incluso en riesgo por el uso malicioso que a esa información se le pueda otorgar, mucho más allá del ya molesto uso comercial.

Vender bases de datos a agentes no vinculados con el proceso de elecciones no tiene ninguna relación con la misión del Servicio Electoral, que es llevar un registro de electores confiable al servicio de elecciones limpias e informadas.

La reacción que esta polémica ha generado demuestra el avance que ha habido en Chile en términos de exigencias de mayor transparencia y de empoderamiento de los ciudadanos, que cuestionan las acciones públicas arbitrarias y tienen cada vez más herramientas para hacerlo. La creación del Consejo para la Transparencia, entre otros factores, ha sido sin duda un paso fundamental en esa dirección.

Es evidente que existe una tensión entre las necesidades de la gestión pública, sobre todo una gestión moderna estructurada en torno a las necesidades de los ciudadanos que requiere conocer a sus usuarios, con la necesaria protección de la privacidad de las personas ante el poder público. El hecho de poseer en Chile un sistema de identificación con un Rol Único Nacional ahorra costos de levantamiento de información y evita errores y duplicidades, lo que en muchos casos compensa la pérdida de libertad de los ciudadanos que renuncian a su privacidad frente al Estado, al otorgarle la información.

Si bien existe un proyecto de ley en trámite, el no contar hoy con una legislación que dé una debida protección a los datos personales nos impide ser considerados un país apto para plataformas internacionales de call centers u otros servicios que requieren poder asegurar la privacidad y seguridad de la información.

La falta de una política clara también perjudica aspectos de las políticas públicas, donde tener información detallada de las personas es tremendamente valioso. Lo anterior no implica que sea necesario poder individualizar a las personas, sino simplemente contar con datos innominados para evaluar el impacto de políticas públicas y para la investigación académica. Así, es posible medir la pertinencia de los subsidios, del sistema de protección social u otros instrumentos del Estado que implican importantes gastos y que requieren evaluaciones rigurosas sobre los efectos que han tenido en la población objetivo específica.

El Servicio Electoral vende el padrón por considerarlo información pública y para que esté al alcance del sistema político, y en particular de los candidatos, bajo el supuesto de que así los electores podrán recibir la información necesaria para tomar una decisión informada.

Mucho se ha discutido en torno al financiamiento de la política en Chile, por lo que quisiera terminar con dos propuestas que apuntan en esa dirección, y que, a mi juicio, resuelven el conflicto de información planteado, otorgándole al Servicio Electoral un papel fundamental en dar igualdad de oportunidades en las elecciones.

Los candidatos independientes conocen la dificultad que implica asegurar que las firmas de apoyo que consiguen sean efectivamente de electores válidos. Un uso eficiente de recursos públicos sería que en vez de vender las bases al público, el Servicio Electoral cruzara las firmas recogidas con su base de datos, cobrando sólo por el costo de este servicio.

Una propuesta aún más potente es replicar lo que ocurre en Suiza, donde cada elector recibe en la dirección de su casa las propuestas de los distintos candidatos o partidos, labor que podría realizar el Servicio Electoral de manera mucho más costo-efectiva.

Las propuestas anteriores contribuirían de manera decisiva y concreta a mejorar el financiamiento y transparencia de la política, evitando de paso que la información privada de los electores se venda y distribuya públicamente.

Francisco Claro
Decano Facultad de Educación UC

(fuente: Columna de Opinión, El Mercurio 23 de Agosto de 2009)

“Es decisivo cambiar la imagen pública del educador, mostrar la dignidad de su tarea y la enorme importancia que tiene para la sociedad.”

Sin distingos ideológicos, parece haber acuerdo que el nudo neurálgico del problema de la pobreza en Chile no se soluciona sin mejor educación. ¿Cómo lograrlo? Este enorme carro-motor llamado Educación que empuja a todos los otros vagones del convoy nacional, arrastra una historia e ingeniería tan complejas que hacer que se movilice más rápido requiere, antes que nada, de la gente más preparada. Que los mejores comanden ese primer carro. Y que entregarle una mejor educación a los niños chilenos sea una aspiración tanto o más válida que construir la mejor carretera o levantar la torre más alta de Santiago.

En esta línea, llama la atención el impacto que ha tenido la iniciativa EnseñaChile, que invita a jóvenes recién egresados de la universidad a enseñar durante dos años en escuelas vulnerables. En pocos meses de convocatoria postularon el 2008 más de setecientos jóvenes para apenas treinta cargos, lo que permitió una holgada y exigente selección. A sabiendas que las condiciones de trabajo en las escuelas vulnerables dejan mucho que desear, cabe preguntarse ¿cómo se explica esta inesperada demanda por enseñar?

El ejemplo muestra que en Chile existe una gran reserva de idealismo juvenil y deseo de servicio público, no capitalizada en la actualidad. La misma que en los 60’ renovó la universidad y volcó a tantos al cambio social en búsqueda de una mayor equidad. La misma que hoy, desencantada con lo que los mayores les muestran y ofrecen, no participa en elecciones ni parece interesarse por el asunto público.

También sugiere que el campo de la educación podría concitar una convergencia de ese idealismo juvenil extraviado, donde encuentren expresión aquellos que no quieren una vida profesional orientada sólo al lucro, sin un sentido claro de servicio. Para que esto ocurra los jóvenes deben apreciar la educación como un desafío del más alto nivel, en el cual podrán realizar en plenitud sus anhelos de crecimiento profesional e intelectual, de servicio y liderazgo social.

¿La perciben así? Cuando han encontrado oportunidades atractivas e innovadoras han respondido con generosidad. No sólo EnseñaChile ha conseguido buenas adhesiones sino también otras iniciativas educacionales - fundaciones y corporaciones - han logrado reclutar jóvenes profesionales de excelente perfil, principalmente para labores de gestión. También algunas carreras de pedagogía han logrado captar jóvenes capaces y bien motivados que desde un principio se han sentido atraídos por el desafío.

Pero unos pocos no bastan. El sistema educacional da trabajo a más de ciento ochenta mil personas, siendo la profesión de educador, lejos, la de más empleo en el país. En los últimos años el sector ha crecido a una tasa anual de cuatro mil quinientos nuevos puestos de trabajo, los que en su mayoría requieren el título de profesor. Esta realidad ha hecho crecer la oferta de programas para estudiar pedagogía, cuadruplicándose en los últimos ocho años, mientras en igual lapso el número de alumnos se duplicó, siendo hoy sobre ciento diez mil. Estas cifras revelan algo bueno, el incremento en la cobertura escolar. Hoy todos quieren estudiar y hay lugares donde hacerlo. Lo que resulta desolador es el pobre criterio de selección de los futuros profesores: en 2009 apenas un 4% de los aceptados a las carreras de educación de las universidades tradicionales estuvo en el segmento deseable para todos ellos, estar en el 10% superior de su promoción (sobre 650 puntos en la PSU).

Quisiéramos un país en el cual cuando la joven se acerca tímidamente a su padre y le confiesa que quiere estudiar ingeniería, éste se pone pálido y exclama ¡pero cómo, con todo el esfuerzo que hemos hecho para que llegues a la Universidad! ... ¿por qué no estudias pedagogía en matemáticas y si eso no te satisface, bueno, ahí veremos?

Es decisivo cambiar la imagen pública del educador, mostrar la dignidad de su tarea y la enorme importancia que tiene para la sociedad. Es necesario divulgar la estampa de maestros de verdad, que se sienten realizados haciendo clases y las hacen bien, apasionados por su tarea, como hay muchos. Es al mismo tiempo urgente el diseño e implementación de políticas públicas que mejoren las condiciones de trabajo del profesor: mejores sueldos, más tiempo para preparase y evaluar y más libertad para crear e innovar.

En lo inmediato, una acción que podría tener impacto ya el próximo año sería ofrecer más y mejores becas para los estudiantes de pedagogía pertenecientes a ese 10% superior deseable de la selección académica.

La inédita presión social por una mejor educación obliga a la autoridad a realizar cambios radicales en el sector. En cinco años, cuando egresen los novatos 2010, el panorama tendrá que ser otro. Necesitamos a los mejores en educación. Si no, malas noticias.

Etiquetas: Educación

Ignacio Irarrázaval L.

Director de Asuntos Públicos UC

Fuente: Columna de Opinión, El Mercurio, 22 de junio 2009

Hace algunos días atrás apareció en este medio un reportaje que daba cuenta de la existencia de 480 salas cunas que reciben aportes del gobierno vía Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), las que operan sin permiso sanitario.

Para dimensionar el problema, tengo algunos comentarios e información de contexto. En el caso de la JUNJI, tiene un decisivo problema de diseño institucional, ya que se le entregan, simultáneamente, las funciones de fiscalización y prestación. El viejo problema que las cosas no funcionan si se es juez y parte. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si la Superintendencia de Bancos, fuese a su vez un banco que ni siquiera cumple los requisitos mínimos para operar?; A otro nivel, es como el padre que exige a sus hijos más respeto pero se pasa las luces rojas con ellos en el asiento trasero. Obviamente, existe un conflicto ético insalvable cuando el fiscalizador de un servicio es el principal proveedor del mismo. Y eso es lo que está sucediendo con la JUNJI: debe cumplir con ciertas metas de cobertura impuestas por el gobierno central, pero para lograr ese objetivo, sabe que no puede ser demasiado estricta en la fiscalización del cumplimiento de los estándares. Por esto, el diseño de políticas públicas exige separar lo más posible las funciones que deben cumplir las instituciones.

En segundo lugar, si bien no puede desconocerse que muchas veces las regulaciones de permisos sanitarios establecen requisitos desproporcionados, es el mismo Estado que definió esos estándares de prestación, el que ahora los presenta como irrelevantes. Pero lo que resulta más grave, en un escenario como el actual, con una política definida como de expansión de la cobertura de la educación inicial, es que la discusión siga estando en el nivel de cumplimiento de los requisitos básicos para operar y poco o nada se conozca respecto a la calidad del servicio en términos de lo que realmente importa: los estándares de aprendizaje y desarrollo cognitivo del niño. Diversos estudios han señalado en Chile que los niños de escasos recursos que asisten a educación parvularia no muestran avances en su desarrollo cognitivo e incluso pueden experimentar retrasos. Por lo tanto, mas allá de la calidad de los servicios higiénicos, lo que verdaderamente interesa saber, es cuanto está aportando la educación inicial al desarrollo integral de los niños.

En estos días se discute en el Parlamento un proyecto de ley que define un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, esta iniciativa mejoraría al menos el primer aspecto señalado en esta columna, pero no define adecuadamente como se abordaría el tema de la calidad de la educación preescolar, concepto que va mas allá de la acreditación de los establecimientos prestadores y debería considerar elementos como estándares de aprendizajes, una institucionalidad para evaluarlos y un sistema de incentivos y sanciones para promover el cumplimiento de los mismos. Tal como lo señala James Heckman (Premio Nobel de Economía 2000), los déficits cognitivos y no cognitivos emergen tempranamente en los niños, antes del colegio, y la mayor parte de estos se explican por factores familiares, por lo que se requiere una política pública con fuerte énfasis en la familia. Complementariamente se necesitan intervenciones de alta calidad que puedan contribuir a superar esos déficits parcialmente. En este sentido, si no se puede asegurar calidad en la educación inicial, sería necesario evaluar otras alternativas socialmente más rentable para el país, entre las que puede considerarse el subsidio al cuidado de los niños en sus propias casas.

Etiquetas: Educación

Cristián García Palomer
Coordinador del Área Gestión Pública
Políticas Públicas UC

Ingeniero Civil de Industrias UC, profesor instructor auxiliar del Departamento de Ingeniería y Sistemas UC.


El 2008, la Oficina del Gabinete del gobierno británico publicó el documento “Excellence and Fairness: achieving world class public services” (disponible en www.cabinetoffice.gov.uk), una especie de guía sobre los principales aspectos que seguirá el gobierno durante los próximo años para hacer más eficientes los servicios públicos.

Fiel al estilo anglosajón, el escrito fue publicado en un sitio web que cuenta, entre otras secciones, con un repositorio de documentos que fundamentan las conclusiones del texto principal y que permite además dejar comentarios y propuestas a quien quiera hacerlo.

El trabajo en cuestión se centra en tres ejes, señalados como los fundamentales para potenciar el funcionamiento de los servicios públicos británicos. Estos son:

1. Fomentar el poder ciudadano, creando una relación potente entre quienes usan los servicios y los profesionales que los proveen.

2. “Nuevo profesionalismo”, centrado en lograr un nivel de clase mundial a diez años plazo.

3. Liderazgo provisto desde el gobierno, no centrado en los aspectos micro, sino que en los estratégicos del sistema.

Con respecto al segundo punto, llama la atención, en primer lugar, el concepto utilizado, que da cuenta de una renovación importante y necesaria en la forma de enfocar el trabajo de los profesionales del sector público británico. Como se menciona en el mismo documento, los últimos 30 años han generado una serie de nuevos desafíos para los trabajadores públicos de los países industrializados. Entre otras cosas, porque los usuarios de los servicios son más exigentes y tienen acceso a mayor información. En definitiva, dado que hay sistemas más avanzados de evaluación y sumado al rápido avance tecnológico, se ha transformado la forma de entregar servicios y hacer negocios, tanto en el sector público como privado. Esta realidad ha hecho más importante que nunca el papel de los funcionarios de un servicio.

Los aspectos señalados adquieren especial relevancia en el proceso de modernización del Estado chileno, donde el Sistema de Alta Dirección Pública continúa creciendo en importancia y nos topamos nuevamente con una discusión acerca de los insólitos niveles en que opera el cuoteo político. La reciente Ley de Transparencia y los avances tecnológicos también han configurado una realidad donde el ciudadano chileno hace ver, cada vez más, sus exigencias al Estado. Considerando este escenario y como un ejercicio de reflexión, especialmente en época preelectoral donde ya se discute sobre la necesidad de instalar a los mejores profesionales en la esfera pública, es interesante revisar los cinco ejes que para los británicos son fundamentales en la conformación de este “nuevo profesionalismo”. Quizás puedan iluminar a nuestras futuras autoridades y rescatar alguno de ellos para potenciar la labor de los funcionarios públicos chilenos:

- Incrementar las habilidades, herramientas y la consistencia, que apuntan a mejorar la calidad de prácticas asociadas a los servicios públicos, desde procesos de reclutamiento hasta mecanismos permanentes de retroalimentación y análisis de desempeño.

- Entregar mayor libertad de gestión a las organizaciones y funcionarios que han demostrado ser altamente competentes.

- Instalar incentivos claros, bien diseñados y efectivos para quienes obtienen buenos resultados.

- Promover prácticas que apuntan a generar liderazgo y gestión de primer nivel.

- Promover la definición de estándares de calidad y excelencia desde los propios funcionarios.

Como se puede observar, los conceptos repiten lo que viene escuchándose hace algunos años y hacen que vuelvan a nuestra mente palabras fundamentales en cualquier proceso que busca potenciar las capacidades profesionales de los equipos que conforman una organización: capacitación, reclutamiento, evaluación del desempeño, flexibilidad, libertad, incentivos, liderazgo y estándares de calidad, entre otros.

En resumen, los ejes parecen estar claros y las oportunidades de innovar e instalar nuevas prácticas son amplias. Por lo tanto, y sin negar el importante esfuerzo que implica avanzar en estas líneas, las excusas no son válidas y tampoco “quitarle el cuerpo” a este crucial desafío que enfrenta el Estado chileno, especialmente ante la oportunidad que debiese revestir un nuevo escenario de elecciones presidenciales.

Etiquetas: Gestión Pública

Cristián García, coordinador del área Gestión Pública
Políticas Públicas UC

El sitio 21st Century Government, asociado al “Ash Institute for Democratic Governance and Innovation”, de la Universidad de Harvard, mantiene un flujo constante de artículos interesantes asociados a temas de gestión pública. En particular, en agosto de este año publicó “Push Pull Strategy for Chance”, una columna de Babak Armajani, director del “Public Strategies Group”, organización que centra su trabajo en transformar procesos burocráticos en sistemas orientados al usuario o cliente final.

La columna revela, una vez más, quizás el aspecto principal que debe considerarse para gatillar mejoras en los procesos de una organización: comunicar la necesidad de un cambio y embarcar a los actores involucrados en los pasos necesarios para concretarlo. Mismo punto señalado durante su reciente visita a Chile por Peter Beattie, ex Premier de Queensland, quien transformó a esta región en el “Estado Inteligente” de Australia, a través de una gestión que potenció, entre otras cosas, la capacitación, educación, aprovechamiento de las ventajas competitivas y el desarrollo de nichos productivos de última generación.

Armajani propone una estrategia específica para administrar el cambio en una institución. Más aún, plantea usar la siguiente fórmula desarrollada por el “Center for Creative Leadership”:

D (demanda) x V (visión) x C1 (conocimiento de los próximos pasos) x C2 (convencimiento) > R (resistencia)

El autor señala que los líderes hábiles son capaces de potenciar cada uno de los aspectos del lado izquierdo de esta desigualdad, haciendo así inevitable el cambio.

Con respecto a los dos primeros aspectos, Armajani dice que, en relación a la demanda por un cambio, es muy importante captar una masa crítica de funcionarios dispuestos a tratar algo diferente para salir de un cierto estado de satus quo. Para ello, pareciera ser fundamental poner a las personas en contacto con aquellos aspectos que necesariamente necesitan un cambio, proyectando, al mismo tiempo, una visión clara de un mejor futuro. Al respecto, propone las siguientes tácticas:

- Acercar a los funcionarios con los clientes o usuarios finales de los proyectos en que están involucrados. Esto pareciera generar una motivación extra en pos de satisfacer a la gente a través del trabajo de cada uno.
- Usar dinero para crear demanda, dejando de centrar los presupuestos en lo que se gastó el año anterior e intentando que sean los propios funcionarios quienes propongan cómo usar los recursos en forma más eficiente.
- Preocuparse de hacer sentir el descontento por el status quo, evitando que los líderes sirvan como amortiguadores de presiones que pueda producir esta realidad (sí, tal cual).

Generada la demanda por el cambio, falta crear una visión clara de un mejor futuro, única forma en que este proceso complementario resulte ser constructivo. Ya sea a través de un proceso de planificación estratégica u otro, parece importante seguir otras tácticas propuestas por Armajani, tales como:

- Asegurarse que la visión de futuro esté 100% ligada a lo que la gente ha detectado como necesario de cambiar.
- Foco. Centrarse en el cambio, aún cuando algunas personas importantes se opongan a algunos aspectos de la estrategia. Hay que escucharlos, manejar su resistencia, pero nunca perder el foco hacia el objetivo final.
- La visión debe ser específica y concreta, ojalá lo más tangible posible.
- La visión debe ser aspiracional y levantar a la gente. Ojalá esté asociada a cosas que la gente cree casi imposibles de conseguir.

Las propuestas de Armajani son muy interesantes y apuntan a aspectos claves que podrían ayudar a limitar el constante temor a los cambios, que se hace, en ocasiones, más palpable en ciertas instituciones públicas donde se promueve el pragmatismo y los cambios graduales y en un mismo sentido (características que aumentan la magnitud de la variable “R” o resistencia).

Al respecto, y sin entrar en las variables C1 y C2 (fundamentales en el proceso específico de desarrollo de un cambio), la demanda por un cambio parece ser el punto principal para gatillar el movimiento de una planta de funcionarios. Esto asumiendo que existe un líder capaz de diseñar y comunicar en forma efectiva una visión atractiva de futuro.

Tomando en cuenta esto y el funcionamiento del aparato estatal chileno, conviene preguntarse, entre otras cosas, si los incentivos para el desempeño de los funcionarios están alineados con la necesidad de generar una demanda por un cambio orientado a entregar un mejor servicio. Por ejemplo, ¿se premia en forma oportuna el desempeño de un servicio de acuerdo a las impresiones de las personas que atiende? O en el caso educativo, ¿existen incentivos para que un profesor cambie su forma de trabajo para mejorar los resultados de los niños que atiende? Las respuestas a estas preguntas y otras parecen ser, al menos, dudosas. O, por lo menos, se podría dudar en algunos casos si la magnitud de un incentivo es suficientemente poderosa para generar los impulsos buscados.

La necesidad de seleccionar y reclutar buenos líderes es fundamental para generar estos cambios, pero también lo es el diseño de estructuras de incentivos alineadas con los objetivos últimos de un servicio.

Pablo Allard
La Tercera, domingo 10 de agosto de 2008.


Si hay algo que caracteriza las ciudades chilenas es la segregación espacial, que por más de medio siglo ha acrecentado las diferencias sociales y económicas entre los ciudadanos, generando instancias de inequidad urbana, tales como ghettos y bolsones de pobreza con tremendas consecuencias sociales.

Muchos hablan de verdaderas “ciudades dentro de la ciudad” o que en Chile existen barrios del primer mundo, mientras otros aún están en el tercero. Un ejemplo de lo absurdo de la situación es la cruel paradoja de que en la mayoría de los hogares de clase media y alta en Chile convivimos diariamente con empleadas domésticas, a las cuales confiamos nuestros hijos y más preciados bienes, pero que irónicamente no pueden vivir en nuestros barrios o comunas y deben desplazarse por más de tres horas, cruzando la ciudad para llegar a sus hogares.

Lo mismo pasa con empelados, obreros y tanta gente honesta, que diariamente debe atravesar las barreras de la segregación. ¿Por qué llegamos a esto? Las políticas de suelo y vivienda implementadas en los últimos 25 años han tenido una incidencia directa en las condiciones de vida de barrios y comunidades. En los 80, los programas de erradicación de campamentos desarrollados por el régimen militar significaron el traslado masivo de poblaciones de escasos recursos desde áreas centrales hacia la periferia. Si bien estos programas ofrecían soluciones por la vía de regulaciones que redujeron la oferta de suelo urbano, lo que detonó la especulación y limitó la oferta de suelos para vivienda social.

Estas dinámicas superaron la capacidad de los instrumentos de planificación vigentes y de las autoridades locales para asegurar la provisión de equipamiento y suplir las necesidades de servicios, esparcimiento, educación y socialización. En el caso de los nuevos barrios de viviendas sociales, estas carencias se acentuaron, en parte, debido a la sobrecarga que estos conjuntos generan en los servicios municipales, los cuales no perciben ingresos suficientes para cubrir las demandas, ya que la vivienda social está exenta del pago de contribuciones de bienes raíces.

Los costos de esta forma de hacer ciudad los estamos pagando todos hoy, y Transantiago es la mejor prueba de ello, poniendo en evidencia las enormes distancias que muchos santiaguinos deben recorrer para ir de sus hogares al trabajo o servicios.

Otras consecuencias más dramáticas son la exclusión, marginación y falta de oportunidades para los jóvenes, que terminan manifestándose en expresiones de asociación antisistémica como encapuchados, narcotráfico, crimen, pandillas o barras bravas.

Ante esto, hay dos salidas: encerrarnos bajo siete llaves, cámaras de vigilancia y cercos eléctricos, o nos abrimos a “reparar” la deuda urbana que se tiene con nuestras ciudades.

En este aspecto, tanto el mercado como las autoridades han reaccionado a esta situación. Y ya advertimos como se están produciendo dinámicas de colonización de equipamiento –malls y centros comerciales se convierten en verdaderos subcentros de servicios y esparcimiento- y que viviendas de estratos socioeconómicos medios (condominios cerrados) se instalan en áreas tradicionalmente estigmatizadas. Además, una nueva gama de subsidios y programas fomentan la recuperación de barrios, la mejor localización de la vivienda social y la integración.

Estas dinámicas ya son visibles en Peñalolén, Huechuraba, Quilicura, Puente Alto, Pudahuel y Renca, y evidencian que, al menos como sociedad hemos tomado conciencia del problema.

Todavía hay muchos matices respecto de cómo implementar políticas y programas que incentiven la integración social. El gobierno sugiere establecer cuotas de vivienda social para nuevos proyectos inmobiliarios, o premios en constructibilidad para proyectos mixtos. Estas medidas pueden ser consideradas por algunos como forzosa ingeniería social y despiertan dudas respecto de la viabilidad de su implementación, pero son herramientas que, por utópicas que parezcan, internalizan la necesidad de corregir las fallas de mercado.

El solo hecho de que ya estemos discutiendo esta materia es un gran avance. Todavía es tiempo de revertir esta deuda urbana, que debemos enfrentar con creatividad, voluntad y decisión.

Etiquetas: Urbanismo

Rodrigo de la Calle V.
Profesional Puentes UC
Políticas Públicas UC

En estos días hemos asistido a un intenso debate en torno a la posible derogación del impuesto específico de los combustibles. La discusión ha sido colocada en la agenda por grupos de interés y ha encontrado eco en nuestra clase política, ya sea porque ven en esto una posibilidad de aliviar la carga de gastos de la clase media o simplemente por la posibilidad de sumar votos con propuestas populistas.

Las presiones por disminuir o derogar este impuesto tienen su origen en el alto precio que ha alcanzado el petróleo en los mercados internacionales, llegando a un valor histórico de 140 dólares el barril de crudo. En Chile, esta situación se ve amplificada por dos cargas impositivas: la que se aplica al valor agregado y el impuesto específico de los combustibles. El primero opera para todos los bienes finales y, el segundo, se justifica dadas las externalidades de su consumo.

Primero, es conveniente afirmar lo evidente, -que por “ser obvio” no se dice y porque no se dice se olvida: el alto precio actual es un reflejo de la escasez mundial de este producto. La demanda ha aumentado a raíz del mayor consumo de China e India, pero no así la oferta, debido a las dificultades geopolíticas para la extracción y las restringidas cuotas de producción impuestas por la OPEP. En este escenario es natural que los precios del petróleo suban, pues se ha convertido en un bien más escaso que hace cinco o diez años.

La aplicación de un impuesto específico a los combustibles, desde una mirada económica, está perfectamente bien justificado, puesto que el uso de ellos genera una externalidad negativa sobre el resto de las personas. Es decir, su uso produce un daño a la sociedad, que no es tomado en cuenta por el usuario cuando decide cuánto consumir. Por tanto, en el supuesto de que no hubiese impuestos, el uso privado de los combustibles sería distinto del óptimo social, ya que no compensaría el mal causado. Por este motivo, se debe gravar el consumo de combustibles para corregir la externalidad. Ahora bien, dada la ventana de oportunidad que genera esta discusión, es conveniente revisar qué otras políticas públicas podrían implementarse para enfrentar esta coyuntura.

Otra manera de corregir las externalidades son los cambios en la tecnología, como cuando en Chile se impuso que todos los autos nuevos tuvieran incorporado un convertidor catalítico para reducir las emisiones contaminantes de los automóviles. Asimismo, ahora el gobierno puede crear incentivos económicos para el uso de tecnologías más eficientes, máquinas con motores de mejor rendimiento o reemplazar los sistemas de combustión interna por alternativas eléctricas. Además, esto ayudaría a descomprimir la demanda, lo que tendría una consecuencia en la baja de los precios.

Por otra parte, las voces que reclaman, lo hacen argumentando que esta alza de precios perjudica sobre manera a las clases medias y bajas. En efecto, el alza equivale a una disminución importante de los ingresos de estas familias, sin embargo, bajar el impuesto específico, o derogarlo, no es la mejor alternativa ya que se perdería la focalización de la política, subsidiando a grupos que no lo necesitan. La literatura en esta materia y la experiencia señalan que las modificaciones impositivas no son el mejor instrumento redistributivo, en su lugar, lo óptimo es aplicar subsidios directos a la población más vulnerable.

Adicionalmente, se puede aprobar la exploración de pozos petroleros en Chile. Se dice que nuestro país no cuenta con este valioso recurso natural, pero lo cierto es que se han realizado pocas investigaciones, dado que no existen los incentivos económicos ni las condiciones legales para hacerlo. En Brasil, donde se creían agotados los pozos petroleros, se aprobó una ley para estimular la exploración y explotación, por lo que ambas han aumentado considerablemente. Si se encontrara petróleo en Chile, aun cuando no fuese de la mejor calidad y aunque los costos de extracción pudiesen ser altos, los precios internacionales podrían justificar su explotación.

En síntesis, el problema de escasez de los combustibles, y su consecuente alza de precios, exige tomar medidas en el corto plazo. Sin embargo, la derogación del impuesto específico a los combustibles no sería la mejor decisión, pues obviaría las externalidades que produce su consumo y por lo tanto incentivaría un uso irracional de éste, aumentando la demanda y los precios. Lo óptimo sería tomar medidas de largo plazo: la autoproducción –en el entendido que fuese posible-, incentivar cambios por tecnologías más limpias y eficientes y, aplicar subsidios focalizados para quienes no pueden esperar hasta que las políticas anteriores den fruto.

Axel Christensen

Director académico Diplomado en Políticas Públicas UC. BA, Stanford University. Ingeniero Civil Industrial UC.

Fuente: Revista Qué Pasa, viernes 20 de junio 2008

La inflación está de vuelta. No hay duda de ello. No sólo está afectando el presupuesto de las familias chilenas sino que es un fenómeno que hace sentir su presencia en todo el mundo, desde Buenos Aires a Beijing. En particular, su impacto golpea con mayor fuerza en economías en vías de desarrollo, donde los alimentos y combustibles –los productos que más han subido- tienen una mayor importancia en el consumo.

Si bien los precios de alimentos y combustibles ya mostraban una trayectoria de alzas desde fines de 2006, lo que hasta hace poco era más bien un fantasma se convirtió en un monstruo muy real y con dientes.

Adiós Ricitos de Oro…

Hasta hace algunos años se presumía que la inflación era cosa del pasado, al menos desde la perspectiva de quitarles el sueño a economistas o inversionistas.

Muchos analistas financieros hablaban de que la economía global había entrado en la era de Ricitos de Oro, ni muy caliente (como para generar presiones inflacionarias) ni muy fría (como para caer en estancamiento de crecimiento económico). Economistas y banqueros centrales preferían usar un término más elegante –la Gran Moderación– para referirse al período que se extiende desde mediados de los 80, toda la década de los noventa y la primera mitad de los 2000.

La Gran Moderación no solo se refería a la reducción de la inflación sino también a la menor volatilidad que mostraban los ciclos económicos. El mismísimo Alan Greenspan –a quien algunos apuntan hoy día como uno de los responsables del rebrote inflacionario– identificaba como principales causas de esta era de estabilidad a una feliz combinación de tres factores.

Primero, a cambios estructurales como la globalización, que permitió que los países de menores costos laborales como Chile se convirtieran en las “fábricas” del mundo. También ayudaron los adelantos tecnológicos –que permitieron mejorar la productividad– y las comunicaciones. Asimismo, colaboró una ola de desregulación en muchas industrias, que incentivó una mayor innovación (aunque una excesiva "creatividad” en el sector financiero nos hizo creer que los riegos prácticamente habían desaparecido, error que nos vendría a penar más tarde).

La segunda causa sería el mejor desempeño de políticas macroeconómicas, particularmente la política monetaria llevada a cabo por los bancos centrales. Aunque la recomendación venía de muy cerca, Greenspan enunciaba que los banqueros centrales habían vencido al dragón de la inflación.

La tercera causa, aunque no lo crean, es la buena suerte. Sí, la buena suerte. Esto en el sentido de que los shocks que afectaron a la economía global fueron más pequeños y menos frecuentes. A pesar de la crisis asiática o los defaults de Rusia o Argentina, en términos generales el mundo siguió avanzando, sin generar inflación.

… y ¿bienvenido el Lobo?

Irónicamente, algunos de los elementos que ayudaron a que el genio de la inflación se mantuviera dentro de la botella, están ayudando, paradójicamente, a que éste salga hoy con inusitada fuerza.

De pronto China se transformó de “fábrica del mundo” a un animal devorador de cuanta materia y alimento se le ponga adelante. Integrados años atrás casi a la fuerza a la WTO, ahora los chinos quieren tener la misma calidad de vida de Occidente, ya sea en automóviles o hamburguesas o lo que fuere. Lo mismo ocurre con otros países cuyos habitantes, en su mayoría, quieren transitar desde la Edad Preindustrial a la Era Digital en una sola generación, causando una gran presión de demanda. Adicionalmente, las mismas fuerzas de la globalización –que no siempre han sido delicadas con mercados laborales y sistemas políticos– han dado origen a respuestas de proteccionismo pero en el sentido inverso a lo que estábamos acostumbrados a ver. Ahora buscan limitar la salida de productos –como los alimentos– para mantener precios domésticos bajos, o significan subsidios en combustibles que no hacen más que agravar la situación, al entregar una falsa señal respecto a un bien –el petróleo– que se ha vuelto más escaso ante una creciente demanda.

Finalmente, el impacto de la tecnología sobre el capital físico, que ha podido lograr aumentos de productividad, se ha ido diluyendo y, como bien sabemos en Chile, ahora chocamos con la gran muralla que significan las reformas para mejorar el capital humano, cuyos resultados no son compatibles con los tiempos de los procesos políticos.

That 70s Show

Existe una gran tentación de volver a mirar este nuevo escenario inflacionario como una repetición de lo ocurrido durante los 70. Si han vuelto las patas de elefante, los bigotes, las patillas y la música disco, ¿por qué no pueden volver los mismos fenómenos económicos?

Si bien hay muchos elementos coincidentes, particularmente en relación a la escalada en el precio del petróleo y a tasas de interés reales negativas, en muchos aspectos la situación es bien distinta. Por lo pronto, las presiones inflacionarias todavía no se han traspasado de manera relevante a incrementos excesivos de salarios. Asimismo, el fenómeno esta vez parece más bien circunscrito a países emergentes. La combinación de baja actividad y bancos centrales vigilantes permite proyectar que la inflación en las regiones desarrolladas –como EE.UU., la zona del Euro y Japón (la única parte del mundo donde la inflación ha sido bienvenida)– retroceda al rango de confort de los bancos centrales.

Duro de Matar

Lo más difícil de este rebrote inflacionario es justamente su origen global y no doméstico. Es en esta última variedad donde los bancos centrales habían demostrado sus éxitos. Ahora su principal arma, la política monetaria, parece cada vez menos efectiva, como una espada que ha perdido el filo. El impacto de tasas de interés más altas es nulo frente a escaladas en el precio del petróleo o de los alimentos, que suben en todo el mundo. Tampoco pueden evitar el aumento de los precios eléctricos, afectados por la crisis energética. Peor aún, existe el riesgo de que incrementos en la tasa de interés solo termine por afectar áreas de la economía que ya se ven afectadas por los mayores costos energéticos y de otros insumos.

El dilema anterior no solo se limita a nuestra realidad. En una columna reciente, el siempre polémico economista Joseph Stiglitz declaró el rotundo fracaso de las políticas monetarias con metas inflacionarias –como la que compartimos con países como Nueva Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica, Corea del Sur y Brasil– y llamó a una mayor flexibilidad para enfrentar las presiones inflacionarias. Quemen lo que han adorado y adoren lo que han quemado, parece predicar. El tiempo dirá si existen nuevas maneras de luchas contra la inflación y si los perros viejos pueden aprender trucos nuevos.

En todo caso, si pensó alguna vez que a los consejeros del Banco Central se les pagaba demasiado por tan solo pensar y reunirse ocasionalmente, piensen de nuevo por la responsabilidad que recae sobre ellos. Pueden, incluso, incidir en quién ganará la próxima elección presidencial chilena.

Ignacio Irarrázaval L.

Director de Asuntos Públicos UC

Fuente: Cartas al Director, El Mercurio, 30 de mayo

En relación a la columna de opinión publicada miércoles 28 respecto a “Educación Superior Pública”, es necesario aclarar que toda institución de educación superior está orientada a “lo público” independiente de si el organizador de la misma es un ente privado o estatal. En la mencionada columna, se pretende argumentar que las universidades públicas serían las únicas que pueden producir ciertos bienes públicos, y por ende, ameritarían un tratamiento especial.

Se argumenta que la universidad pública posibilita al Estado una formación profesional con diversidad de visiones, tolerante y pluralista. Ciertamente la educación superior privada es muchísimo más diversa que la pública, hay universidades reconocidamente laicas, católicas, adventistas, fundadas por intelectuales de izquierda, de centro o de derecha; algunos nombres que reflejan esta diversidad son Universidad ARCIS, Universidad Bolivariana, Universidad del Desarrollo, Universidad Mayor y otras.

Se argumenta además que la investigación que realizaría la universidad pública tiene mayor espacio de libertad ya que está protegida de los intereses particulares, lo que le permitiría adentrarse en los grandes temas nacionales. No hay espacio en esta carta para describir el sin número de investigaciones de universidades privadas que apuntan precisamente a los grandes temas del país. Una muy rápida revisión de la base de datos del FONDECYT regular me entregó investigaciones financiadas por ese fondo en temas tan diversos como “Estilos de crianza parentales”, “Evolución de los partidos políticos femeninos”, “ Investigación policial y reforma penal”, todas ellas desarrolladas por universidades privadas y ciertamente orientadas a temas de alto interés público.

La diversidad, la investigación en grandes temas nacionales y la excelencia académica, son atributos que deben ser compartidos por todo el sistema universitario, y no son para nada exclusivos de las universidades estatales. La política pública de educación superior debería esforzarse realmente por potenciar estos aspectos, para lo cual no tiene ninguna necesidad de discriminar arbitrariamente a través del carácter privado o estatal de cada institución.

Etiquetas: Educación

Esteban Manuel De la Huerta

Sociólogo

Alcaldía - I. Municipalidad de Maipú

Leí el interesante artículo de Francisco Gallego (vea columna anterior) sobre la importancia de la psicología en el modelamiento de la toma de decisiones en políticas públicas y me pareció prometedor y refrescante el interés, desde la economía, en las variables sociales como modeladoras del proceso de toma de decisiones.

En las políticas públicas la toma de decisiones es un proceso poco estudiado, particularmente en lo que respecta a América Latina. Las principales referencias son trabajos hechos desde la perspectiva del mundo desarrollado (Graham, Meier) en que el énfasis está puesto en cómo la corrupción distorsiona la capacidad de las políticas de dar cuenta de los problemas.

Actualmente, nuestro país y parte de América Latina se enfrentan a nuevos desafíos en políticas públicas, en los que la corrupción deja de ser una problemática central, dejando un amplio ámbito de libertad para la construcción de nuevas visiones para enfrentar la pobreza.

Frente a esta libertad considero que hace falta profundizar (o más bien comenzar) el estudio sobre cómo los factores sociales se imbrican en la toma de decisiones, no sólo de los beneficiarios, sino también de los diseñadores de las políticas.

La decisión es un proceso social, pues la sociedad y sus particularidades la enmarcan. En este sentido, aparecen como elementos relevantes a estudiar:

a) Cómo los diferentes actores (organizaciones incluidas) perciben la realidad y cuáles son los diagnósticos en los que fundan sus opciones de política. No es obvio ver los problemas desde una misma perspectiva, y el diagnóstico que se haga de ellos es parte de la receta para las soluciones propuestas.

b) Cómo las redes configuran un espacio de decisión que muchas veces excluye actores e información divergentes.

c) Relacionado con lo anterior, cómo algunas opciones de política y diagnósticos sobre los problemas sociales constituyen discursos aceptados acríticamente.

Estos dos últimos factores pueden afectar el proceso de toma de decisión al limitar la capacidad de adquirir nueva información sobre la realidad. En este sentido hay un factor cognitivo que es crucial, pues si estamos dispuestos a dejarnos guiar por la realidad de los problemas estaremos en mejores condiciones de percibir las dinámicas que les dan origen y de proponer soluciones que efectivamente puedan resolverlas.

Las modas en políticas públicas, vale decir, los discursos que sin mayor discusión o análisis son usados para argumentar, empobrecen la discusión y nos llevan a adoptar soluciones que no siempre son las más efectivas.

Actualmente conceptos como participativo y descentralizado son ofrecidos como soluciones a todos los problemas, sin reparar en el hecho de que, en algunos casos, las realidades sociales ameritan un acercamiento diferente de parte de las políticas. Como afirmaba el profesor Gallego, no siempre más información es mejor y, en algunas ocasiones, el abrir nuevos espacios de participación en la generación de las políticas implica dar más voz a quienes ya influyen, dejando de lado a quienes tienen menos recursos para participar.

En una investigación en la que participé sobre las determinantes del policy making en América Latina, resultaba interesante constatar cómo la calidad de las políticas (entendida como la capacidad de dar respuesta a los problemas a los que se dirigen) estaba profundamente relacionada con estos factores subjetivos y relacionales de la decisión.

La libertad implica responsabilidad. La posibilidad de diseñar con mayor independencia nuevas y más ambiciosas políticas debería ser utilizada con la atención puesta siempre en los problemas que nos afectan; no podemos, en este sentido, dejar que las convicciones intelectuales y las modas de turno nos hagan perder la atención de lo que es la prioridad: las políticas deben ser efectivas para enfrentar los problemas concretos que hoy sufren tantos.

Me parece claro que en la medida en que estos temas sean estudiados con mayor profundidad nuestra capacidad de diseñar políticas efectivas orientadas a la disminución de la pobreza y el desarrollo social serán mucho más efectivas y tendremos nuevas razones para sentirnos orgullosos del esfuerzo que el país hace por alcanzar un desarrollo socialmente armónico.

Francisco Gallego
Profesor del Instituto de Economía UC y del Diplomado en Políticas Públicas para la Superación de la Pobreza.

Fuente: El Diario Financiero, miércoles 2 de abril de 2008.

Los economistas modelamos el proceso de toma de decisiones de un modo diferente a cómo lo hacen los sicólogos. Nosotros suponemos que las personas comparan costos y beneficios (pecuniarios o no) y toman aquellas acciones que les reportan el máximo beneficio. Los sicólogos, en cambio, tienden a enfatizar más aspectos relacionados al proceso cognitivo y el modo como las personas interpretan la realidad.

¿Quiénes tienen la razón? Probablemente ninguno de los dos. Ambos aportan algo. Por un lado, existe amplia evidencia de que las personas responden a los incentivos en la mayoría de las situaciones. Por otro lado, las personas somos animales más complejos que simples máquinas que siempre optimizamos. A veces tenemos tentaciones, a veces nos olvidamos o nos desconcentramos, a veces exageramos beneficios o costos para decidir lo que “de guata” queremos hacer. La pregunta es si estos sesgos son relevantes o no para explicar la realidad. En mi opinión, la respuesta es “depende”. En muchas situaciones, existe evidencia que sugiere que estos sesgos son poco importantes y en otras se sugiere que son muy importantes y que ayudan a entender paradoja que una mirada convencional no puede hacer.

En esta columna quiero aplicar esta discusión al tema de las políticas públicas orientadas a superar la pobreza. Un artículo de Marianne Bertrand (Chicago), Sendihl Mullainathan (Harvard) y Eldar Zafir (Princeton) revisa la literatura de la subdisciplina de la economía llamada Behavioral Economics y estudia cómo mejorar la efectividad de las políticas enfocadas a los pobres (http://www.economics.harvard.edu/faculty/mullainathan/
files/Decision-Making.pdf). Esta disciplina trata de extender el análisis económico tradicional incorporando algunos sesgos sicológicos. Por ejemplo, una serie de estudios sugieren que las personas valoran mucho el status quo, lo que implica que presentan aversión a las pérdidas. Por tanto, la implicancia de política es que se deben enfatizar más las pérdidas de no tomar una acción, que los beneficios de tomarla. Asimismo mientras para la visión tradicional la entrega de información adicional es siempre valiosa, en algunos contextos la entrega de información excesiva o compleja puede crear costos sicológicos no triviales -en términos de estrés o ansiedad. La implicancia en este caso es entregar información simple y fácil de procesar.

En este contexto, Bertrand et al. intentan explicar la incapacidad de los programas de asistencia social en USA para llegar a sus beneficiarios. Por ejemplo, la tasa de participación en programas de entrega de beneficios en efectivo de seguridad social llegan a cerca de 50%. Estos autores argumentan que esta tasa de participación tan baja se derivan en parte de los altísimos costos de postulación que los usuarios enfrentan. Un ejemplo simple: en promedio el largo de un formulario de postulación para los programas de food stamps tiene 12 páginas. Pero también porque los formularios suponen que quien los llena conoce un lenguaje que en ocasiones requiere ser abogado especializado y en otras tener estudios de postgrado. Cuando las personas leen esto perciben que quizás los beneficios no son para ellos y por sus sesgos sicológicos exageran el costo de preguntar o de decir que no se sabe la respuesta. Así, para evitar estos costos las personas deciden simplemente no participar del programa. Esta actitud es claramente irracional desde el punto de vista tradicional (el costo de preguntar es cercano a 0), pero en la cabeza de las personas no es así y deciden no participar y justamente los más pobres quedan fuera de los programas que están orientados a ellos.

¿Qué podemos aprender de esta evidencia? Que cualquier esfuerzo de desarrollar programas orientados a los más pobres debe ser transmitido de modo simple. Esto es clave en el contexto actual en que es probable que surjan nuevos programas sociales a partir de las propuestas de la Comisión de Equidad. Como he argumentado previamente en este espacio, el detalle de los programas es el que los hace efectivos o no. En el pasado reciente hemos aprendido que no sacamos nada con tener una página web de última generación que nos presenta la ruta óptima a usar en el Transantiago si los usuarios del mismo no usan en su mayoría el computador…

Etiquetas: Economía, Pobreza

Axel Christensen
Director Académico
Diplomado en Políticas Públicas UC

Fuente: La Segunda Internet

Se ha instalado en la opinión pública, incluso antes que el propio gobierno lo haya reconocido, la noción del segundo tiempo, cual partido de fútbol. La tentación de seguir con la analogía es demasiado grande.

El equipo de gobierno se va a camarines con un abultado marcador en contra —el Transantiago—, pero vuelve a la cancha con la incorporación de refuerzos en el alineamiento y con un potente gol de camarín: la aprobación de la reforma previsional. Desgraciadamente, los sinsabores del Transantiago no han permitido vislumbrar que este primer gol muestre el estilo que el director técnico le ha querido imprimir a su equipo: el sello de la protección social.

A partir de esta jugada, el segundo tiempo parece auspicioso, particularmente por la entrada de un conductor con experiencia y sentido práctico. En cualquier caso, el equipo adversario espera que el juego sea mucho más brusco y sin tregua, aunque siempre dentro del fair play.

A pesar del efecto sicológico del gol de camarín y de las ganas de los nuevos jugadores, los riesgos del segundo tiempo no son menores. El afán de privilegiar la ofensiva puede llevar a descuidar la defensa, particularmente ante el equipo adversario que quisiera desalojar el local.

Analogías aparte, el segundo tiempo del actual gobierno es un período sumamente sensible en cuanto al desarrollo e implementación de políticas públicas. Por una parte, el reducido tiempo que resta de ejercicio desincentiva la propuesta de iniciativas más audaces, cuyos impactos se sientan más allá del período actual o que tengan costos políticos inmediatos. Es más, empieza a aumentar la tentación de proponer medidas con alta rentabilidad política de corto plazo —sobre todo habiendo abultadas arcas fiscales—, pero que pueden llevar a elevados costos de largo plazo. Desgraciadamente, los ejemplos de ello se han acrecentado en los últimos períodos preeleccionarios.

¿Qué hacer? ¿Resignarse ante lo que parece que es un elemento intrínseco en una competencia electoral cada vez más fiera? Es en estos momentos que los centros de estudios, o think tanks, tienen que redoblar sus esfuerzos en difundir con objetividad y firmeza el impacto que la dictación de leyes y regulaciones de última hora trae aparejado. Si bien puede ser más entretenida la labor del primer tiempo, donde estos centros se focalizaban más en propuestas, sin duda su verdadero impacto e importancia se verá en este segundo tiempo que comienza.

Pablo Allard S.
Director del Observatorio de Ciudades UC, Profesor del Diplomado en Políticas Públicas y miembro del Consejo de ProUrbana

Fuente: Diario La Tercera, 11 de noviembre de 2007.

Los motivos son varios, por un lado la primera generación de concesiones ya está cerrando su ciclo con algunos “baches” no menores, luego del controversial primer grupo de concesiones carcelarias y los litigios por cuantiosas obras complementarias no previstas en los proyectos originales, queda claro que los contratos y responsabilidades son mucho más complejos y dinámicos que sus predecesores.

En este escenario, el Ministro Bitrán ha impulsado una reforma significativa a la industria, que pasa por modificar la ley y crear una superintendencia de concesiones. Si bien estas reformas se discuten hace años y es reconocida la capacidad técnica de Bitrán en estos temas, tal como gentilmente le encaró el presidente de los concesionarios Hermann Chadwick el pasado jueves en el almuerzo anual del gremio, una cosa es la viabilidad técnica de estas reformas y otra el momento político en que se realizan.

Desde hace meses que los principales actores de la industria han venido reclamando por la baja en el volumen de proyectos y montos de inversión, de hecho el 2007 marcó el año más bajo en una década, con una inversión total de US$ 340 millones, poco más de un tercio de la inversión total del 2004 que llegó a los US$ 880 millones (corregido el tipo de cambio).

Algunos podrían pensar que simplemente se terminaron las obras cuya rentabilidad económica y social amerita que se realicen por la vía de conceder a privados el derecho a construir, operar y luego transferir estas infraestructuras al Estado, pero esto no se condice con el número de hospitales, cárceles, edificios públicos, embalses, colectores, rutas transversales, puentes, transbordadores, sistemas de transportes y tantos otros que el país aún necesita para preservar su competitividad (no sería mala idea hacer un catastro de estas necesidades). Otros dirán que ahora el estado tiene suficientes recursos para construir estas obras sin la participación de privados, pero parte clave del origen de concesiones no está sólo el construir, sino el de mantener estas obras y ofrecer un estándar de servicio que el estado difícilmente podrá lograr sin los incentivos o la capacidad de gestión para ello.

Las concesiones de obras públicas han probado ser un gran aporte a la construcción del país. Así como el centenario de la República se caracterizó por la construcción de grandes obras de “infraestructura cultural”, tendremos que reconocer que más allá de algún centro cultural de último minuto, lo que marcará al bicentenario de la nación es una nueva “cultura de las infraestructuras,” representado por la movilidad, dinamismo y oportunidades que la industria ha abierto a todos los chilenos, pese a detalles de diseño o conflictos locales propios de todo megaproyecto. Generar esta industria no fue fácil y hay que cuidarla, mejorarla y fortalecerla.

Hay que recordar que las concesiones son una herramienta y no una actividad planificadora, por lo que una eventual superintendencia tendría que ampliarse a toda la actividad y no sólo a la herramienta. Hay que romper el nivel de desconfianza existente en otros sectores y ministerios frente al sistema, particularmente ahora que se avecinan proyectos mixtos. Hay que generar reglas claras y flexibles para resolver conflictos, pasar de arbitrajes en derecho a considerar también criterios económicos, sincerar las cifras, definir estándares de servicio, mejorar contratos con opciones flexibles (renegociaciones) y no sólo modificar la ley sino generar mejores capacidades de gestión dentro del estado. Éstos son los temas de fondo que urge tratar si queremos enfrentar con éxito esta nueva generación de proyectos, más complejos, más difíciles y por lo tanto más importantes para el futuro del país. El próximo capítulo de esta historia de acercamiento y nuevo dialogo se escribirá este jueves en un seminario en la UC, donde nuevamente se verán las caras autoridades gremiales, ministeriales y técnicas, esta vez en tierra neutral, para reestablecer de una vez confianzas y acelerar el tranco.

Etiquetas: Concesiones, Mercados Regulados, Urbanismo

Pablo Allard S.

Arquitecto, director Observatorio de Ciudades UC y profesor del Diplomado en Políticas Públicas UC.

Fuente: Diario La Tercera, 6 de octubre de 2007.

Uno de los aspectos fascinantes de la modernización y globalización vivida por nuestro país es el resurgimiento de manifestaciones de una profunda identificación con la cultura popular de manos de las nuevas generaciones. Candidatos y ministros aún sufren bochornosos pies de cueca dieciocheros, mientras miles de jóvenes colman fondas universitarias (y vaya que sí saben bailar cueca), siguen la música de los Tres, los Parra y Gepe, rescatan lugares como el bar “la Piojera” y celebran la cultura “guachaca” con orgullo. A esto se suman iniciativas como Un Techo Para Chile, Servicio País, y tantas otras organizaciones cuyo motor es precisamente identificarse con el mundo popular acortando “la brecha humana” mientras los economistas y políticos se encargan de las otras brechas. A diferencia de la generación de los ochentas, en este caso estamos hablando de un fenómeno más amplio, pluralista, ecléctico y masivo.

En este contexto no debiera extrañar entonces la iniciativa que surge en conjunto entre el Centro de Alumnos de Arquitectura UC, el programa PuentesUC y la Ilustre Municipalidad de la Pintana para promover el proyecto “Parque Pelotillehue.”

El Parque Pelotillehue pretende celebrar lo mejor de la cultura popular chilena representada por el personaje de Condorito. No se trata de un parque temático o una “Disneyficación” de una franquicia, sino más bien de un esfuerzo serio y comprometido de La Pintana para fomentar un polo de atracción y esparcimiento en una de las comunas más populosas e injustamente estigmatizadas del país.

El grado de autenticidad de la iniciativa radica principalmente en que Condorito fue capaz de exaltar las virtudes del chileno “pobre pero honrado”, aquél que vive modestamente en una mediagua con piedras y neumáticos en el techo, junto a su perro Washington y su sobrino Coné, cuya picardía y esfuerzo lo llevan a buscar las pegas más absurdas sin nunca dejar de lado a sus amigos ni ceder en la búsqueda del amor de Yayita. En este sentido el concurso busca un acercamiento a lo urbano desde la perspectiva social (La Pintana es una de las comunas con menores índices de espacio público y áreas verdes per cápita) y, por otro, usar la imagen como herramienta de gestión, de manera de asegurar recursos para mantener el parque en el tiempo.

Para lograr este objetivo, los gestores han convocado a un concurso de ideas dirigido a estudiantes de arquitectura de distintas universidades del país, el cual tenga como resultado un proyecto de utilidad pública y promoción social. El municipio de La Pintana por su parte ha liderado esta iniciativa en el marco del programa “Chile Emprende”, estableciendo contacto con los actuales dueños de los derechos de imagen y comerciales, así como la familia de Pepo, el fallecido creador del popular personaje y los actuales caricaturistas. El lugar elegido es una franja de terrenos al nororiente de la comuna, flanqueada por la polémica autopista Acceso Sur, y los participantes tendrán la difícil tarea de sintetizar el espíritu de la iniciativa sin caer en la caricatura (valga la paradoja) y en un contexto de escasos recursos para la mantención y construcción del mismo. En otras palabras, un desafío de arquitectura mayor y significativo cuyas bases se pueden encontrar en www.cearq.cl/parquepelotillehue.

Ahora que muchos temen que las ciudades globales se están volviendo iguales, iniciativas como ésta dan cuenta de una generación capaz de celebrar su “historia profunda”, reconocer sus cualidades históricas para definir su rol global e insertarse en la economía internacional, sin dejar a nadie atrás y antes que sea demasiado tarde.

Etiquetas: Urbanismo

Francisco Gallego
Ph.D. en Economía, Massachusetts Institute of Technology, Economista UC.
Profesor asistente Departamento de Economía UC.

Fuente: Diario Financiero, martes 7 de agosto de 2007.

Hoy se discute sobre la institucionalidad educacional óptima para Chile. Parte de la discusión tiene que ver con el modo de fiscalizar a los colegios que reciben recursos públicos. Simplificando la discusión, existen dos posiciones. Por un lado se argumenta a favor de fiscalizar “procesos” educativos, y por otro lado están quienes apoyan la idea de fiscalizar “resultados” educativos.

El supuesto del segundo grupo es que si se determinan los resultados esperables, los colegios pueden desarrollar descentralizadamente los procesos que consideren mejores para alcanzar los logros esperados. En el otro lado están quienes argumentan que existen ciertos procesos educativos que garantizan resultados y por tanto es mejor fiscalizar la implementación de estos procesos para lograr los resultados esperados.

¿Qué grupo tendrá la razón? Como siempre les enseño a mis alumnos, el mundo mirado desde un punto de vista académico está, en general, lleno de matices y, por tanto, en la mayor parte de los casos la respuesta a la pregunta previa no será absoluta. Sin embargo, existen algunos estudios académicos que presentan resultados muy útiles a esta discusión. Uno de ellos fue escrito por Victor Lavy y publicado en el Journal of Political Economy –una de las cinco mejores revistas académicas de economía (ver http://cee.lse.ac.uk/conference_papers/25_09_2001/victor_lavy.pdf ).

En este estudio, se investiga qué efectos tiene en los resultados educativos (tales como la tasa de finalización de secundaria y los resultados en pruebas de conocimientos) entregar incentivos al desempeño de los profesores. Es decir, se premia a los profesores que lo hacen bien, midiendo los resultados que obtienen sus alumnos. El autor encuentra grandes efectos positivos en este programa. Un corolario de esta evidencia es que fiscalizar por resultados parece ser efectivo.

En paralelo el autor también evalúa si este programa de incentivos en base a resultados es más costo-efectivo –o sea genera mejores resultados por peso gastado—que otro que entrega recursos a los colegios para afectar procesos educativos tales como aumentar el tiempo de enseñanza, reducir el tamaño de las clases e incrementar el tiempo dedicado a estudiantes débiles. El autor muestra que el costo del programa de incentivos es cercano a la mitad del programa de recursos, pero que las mejoras obtenidas por el programa de recursos son menores que las obtenidas por el programa de incentivos. Es claro, por tanto, que el programa de incentivos es significativamente más efectivo por peso gastado.

Otro trabajo reciente que también compara programas de incentivos basados en resultados con programas de resultados implementados en India, llega a conclusiones muy similares (ver http://www.people.fas.harvard.edu/~muralidh/papers.html).

¿Qué implica esta evidencia para la discusión inicial? Sugiere que es mucho más efectivo poner el énfasis en los resultados que en los procesos. ¿Por qué? Entre las muchas respuestas que se pueden dar, una de ellas es que, como en la mayoría de las situaciones del mundo real, los agentes descentralizadamente tienen más información para saber cuáles son los mejores procesos a implementar con el fin de lograr resultados. En el caso de la educación, una amplia literatura sugiere que los recursos o procesos no están directamente correlacionados con los resultados porque (i) un proceso que es útil para un niño o un curso puede no serlo para otro y (ii) sin incentivos adecuados, los recursos pueden perderse sin producir resultados.

En fin, esta evidencia parece sugerir que es mejor centrar el énfasis de la fiscalización y de un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación en los resultados educativos y no en los procesos. En otras palabras, poner el énfasis en lo que los niños aprenden –el objetivo final de todo sistema educativo— y no en los insumos del proceso educativo, que son meros instrumentos.

Cristián García Palomer

Ingeniero Civil de Industrias UC, profesor instructor auxiliar del Departamento de Ingeniería y Sistemas UC y profesional PuentesUC de Puente Alto.

Etiquetas: Transporte

Etiquetas: Innovación

Etiquetas: Transporte

Carlos Bravo Núñez

Ingeniero Comercial y Administrador Público USACH y alumno del Diplomado en Políticas Públicas UC (v. 2007)

Si tuviéramos que rendir nuestro último examen como nación para graduarnos como país desarrollado, y nos consultaran respecto de la combinación de factores más eficiente para lograr la meta ¿Cuál sería nuestro razonamiento y a quién(es) deberíamos convocar para resolver la ecuación?

Veamos qué tenemos. Chile, un país emprendedor de 16 millones de habitantes, un país que durante el periodo 1989-2000 es capaz de duplicar su PIB; un país con una economía pequeña empeñado en ser un jugador global, que muestra excelentes índices macroeconómicos y que es respetado en el concierto internacional por su “modelo de desarrollo”.

Durante el año 2010 Chile cumplirá 200 años como nación soberana e independiente. Será el año del bicentenario, y la fiesta será en grande. Lo mejor de nuestra identidad nacional, brotará de norte a sur y de cordillera a mar; hablaremos de desarrollo y de la tradición de nuestras instituciones democráticas, nos propondremos nuevas metas y desafíos y ¡juntos brindaremos por la patria toda!

Pero como en toda gran fiesta, también tendremos una gran resaca. Luego de las celebraciones, deberemos ventilar la casa y barrer bajo nuestra vieja alfombra roja – aquélla que se instala en palacio para las grandes ocasiones y que también forma parte de nuestra institucionalidad – aquélla donde se esconden nuestros miedos, anhelos y esperanzas.

Hoy cuando aún faltan tres años para el bicentenario, Chile muestra un triste récord al mundo global: ¡Somos el país con una de las peores distribuciones de ingreso a escala universal! No siendo éste un dato menor, y estando arraigado bajo nuestra querida alfombra de palacio; las preguntas son claras ¿Hacia dónde queremos avanzar? ¿Cuál es la combinación de factores que nos llevarán a ser una nación desarrollada?.

De inmediato surgen distintas reflexiones:

- Avanzamos por una senda exitista donde brillan, como lo hace Venus al atardecer, los indicadores macroeconómicos; aquéllos que nos sitúan como un modelo de desarrollo y como un país líder, capaz de firmar importantes acuerdos comerciales.

- Nos movemos en un enfoque donde las políticas públicas sólo tienen un afán redistributivo del crecimiento económico en áreas como salud, educación, control de la delincuencia, viviendas sociales, pensiones y medio ambiente; y por lo tanto, es aquí donde se concentra la gestión de un Estado que todo lo regula y supervigila.

- Avanzamos por una senda donde lo que nos mueven – al ciudadano común, a la clase política y al mundo empresarial- son las encuestas de opinión, los sondeos, las calculadoras electorales y la geometría política. Donde nuestro principal objetivo es la conquista del poder, no importando caer en las descalificaciones y en la virulencia verbal, algo de lo que ya estamos saturados en el Chile de hoy.

Personalmente creo que para hablar del Chile que todos queremos y definir la combinación de factores que nos permitan a todos disfrutar de una sociedad que remueva los obstáculos económicos, sociales, políticos y culturales, que permitan al individuo llevar una vida larga y saludable y que en definitiva ponga a la nación en un estado de desarrollo, resulta fundamental incluir en la combinación de factores con la que aprobaremos nuestro último examen los siguientes aspectos:

- Una visión de país dialogada, donde la clase política, los empresarios, los trabajadores y estudiantes, aporten para definir una visión de un país que incorpora y acoge la diversidad de intereses, y que es capaz recoger lo mejor de cada una.

- Un cambio de paradigma acerca del rol que le cabe al Estado y al mercado y las instituciones que los representan. Si se quiere, una nueva institucionalidad común, que defina estrategias competitivas en la economía global y en el ámbito interno defina la manera más eficiente de distribuir riqueza.

- Un plan de acción, basado en políticas públicas eficientes que apoyen el uso de nuevas tecnologías, que permitan la innovación y la investigación y desarrollo en áreas productivas de interés nacional. Políticas publicas que no solo queden en manos de la gestión del estado, sino que también incorporan al mundo privado y al ciudadano, a través de procesos de mayor participación, dialogo democrático y mejor gestión.

- Educación como pilar estratégico del desarrollo nacional, orientado a desarrollar el potencial innovador y creativo del país, en áreas como ciencia, tecnología, artes, humanidades, ciencias sociales, educación, creación de nuevos negocios y desarrollo de nuevas industrias.

- Un liderazgo que aglutine, convoque, delegue y oriente el accionar de la nación, basado en la figura del Presidente de la República como principal comunicador de las políticas de Estado.

Sólo la puesta en marcha de esta nueva combinación de factores, nos permitirá aprobar nuestro último examen y llegar al Bicentenario como un país, ahora sí líder, exitoso y solidario… podremos tener una gran fiesta, nuestra alfombra lucirá mejor que nunca y lo que es mejor…. no sufriremos de la tan temida resaca.

¡Salud!

Etiquetas: Educación

Claudio Seebach Speiser
Director Ejecutivo Políticas Públicas UC

Quisiera poner atención sobre algunas incongruencias en los mecanismos de beca existentes en Chile y nuestra apuesta de desarrollo como país.

Mucho se ha hablado sobre la importancia de la innovación en ciencia y tecnología, el fomento al emprendimiento y la importancia de mejorar la gestión del sector público. En esta línea, quisiera sugerir reducir las restricciones que imponen algunas becas de postgrado tanto al tipo de estudio que financian, como a las exigencias que imponen al regresar a Chile.

En primer lugar, y dada la importancia de la ciencia y tecnología, no sólo en el ámbito académico, sino especialmente en el desarrollo de nuevas tecnologías y el emprendimiento, sería fundamental que la beca Presidente de la República permita trabajar en el sector privado a los científicos que regresan, y no sólo en universidades o el Estado como los obliga la actual legislación, como sucede en países como Singapur. La transición entre academia y sector privado debiera ser cada vez más fluida, y los beneficios sociales que reporta la incorporación de científicos a la industria en proyectos de investigación aplicada, desarrollo e innovación, justifica con creces este gasto público.

En segundo lugar, para fomentar el emprendimiento y frente a las urgentes necesidades de mejorar la gestión pública, necesitamos más y mejores ejecutivos, y en ese sentido los MBA's u otros programas orientados a la gestión juegan una pieza fundamental, pero han estado excluidos de las posibilidades de becas como Fulbright o Presidente de la República (MIDEPLAN). Dado los altos costos de estos programas, muchos de estos profesionales al regresar se inhiben de emprender algún negocio o trabajar en el sector público. En este último ámbito es importante tener presente que muchas buenas políticas públicas fallan precisamente por la falta de capacidad de implementarse debido a la escasez de buenos ejecutivos.

Invito a los responsables de la becas de postgrado en Chile a alinear los objetivos de fomento a la innovación, el emprendimiento y mejora de gestión del sector público, cambiando estas rigideces y afinando los mecanismos de selección para poder asegurar que sus becarios regresen a Chile a ser un aporte a nuestro desarrollo para una sociedad del conocimiento.

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Dino Besomi Zubieta
Magí­ster en Ciencias de la Ingenierí­a UC e Ingeniero Civil Industrial en Tecnologías de la Información

En la información almacenada en los computadores y bases de datos de una Municipalidad reside parte importante de su capacidad de generar valor. ¿Cuán fácil resulta acceder a ella? ¿Es realmente información útil? ¿Si se cambia de proveedor, cuán difí­cil será llevársela? ¿Podrá acceder a ella en unos años más?

En el presente documento se trata este tema y se presentan sugerencias para mantenerse en control de los datos propios en un contexto Municipal.

La cantidad de información que dí­a a dí­a se genera en una Municipalidad es muy grande; se entregan millones de servicios, entre permisos, patentes y otros. A modo de ejemplo, sólo en la Municipalidad de Santiago, fueron más de tres millones durante el año 2004. Además, cada uno de estos servicios es acompañado de una importante cantidad de documentos que deben ser almacenados, a los que hay que agregar todos los informes y reportes generados internamente, y otras fuentes de información utilizadas en la operación municipal.

El acceso a esta información es esencial para una Municipalidad, ya que no sólo debe velar por mantenerla disponible para la comunidad, sino que puede ser una importante fuente de generación de valor. Estudiándola se pueden identificar áreas para mejorar el funcionamiento interno (cuellos de botella, demoras u otros) y comprender mejor el entorno en el cual opera el Municipio.

En la actualidad, esta información está contenida en gran parte en los Sistemas de Información y en los computadores utilizados en las municipalidades, cuestión que probablemente sea la norma en el futuro. Frente a esta situación, se debe advertir que si no se incorporan criterios de acceso y control al manejo de la información, los costos serán cada vez mayores cuando se quieran hacer cambios en gestión de la información.

Algunos problemas relacionados con esta situación que ya se pueden observar en algunas Municipalidades son:

• Pérdida de información: Nadie sabe dónde está el archivo con el dato que se necesita, ni cómo llegar a él.· Imposibilidad de acceder a un archivo: En ocasiones, un archivo es generado por programas que con el tiempo caen en desuso, perdiéndose esa información.·


• Altas barreras para cambiar de proveedor: Cuando se utilizan formatos propietarios o plataformas cerradas que no son compatibles, los costos de cambiar de solución aumentan significativamente.


• Desaprovechamiento de la información disponible: Si no se puede acceder a la información, difí­cilmente se podrá aprovechar.

Así­, es importante mantener la "puerta abierta" a esta información (acceso, poder disponer de la información de manera fácil y expedita) y no perder la llave (control, capacidad de tomar decisiones soberanas sobre el manejo de la información).



Para aterrizar esto es recomendable:

- Respecto de los archivos:

• Utilizar formatos de archivos abiertos, cuyas definiciones sean públicas y que no establezcan relaciones de dependencia con algún proveedor especí­fico, tales como OpenDocument y PDF. Esto permite asegurar que se podrá seguir accediendo a estos documentos durante muchos años. Además, en el caso de los formatos abiertos existen alternativas gratuitas para manipular estos archivos, tales como OpenOffice (disponible para Windows, Mac y Linux, si no lo ha probado aún, hágalo) y KOffice.


• Procedimientos de backups regulares sobre la información de los usuarios. Esto no sólo permite estar preparado frente a imprevistos, sino que tener una copia central de los archivos. Así­ es posible saber dónde están siendo utilizados en un momento determinado por un funcionario. Esto puede verse facilitado por el uso de carpetas de trabajo compartidas en los servidores, el uso de programas de control de versiones como Subversion (que permiten guardar una historia del trabajo realizado) u otras tecnologí­as.

- Respecto de las Bases de Datos:

• Elegir plataformas interoperables, flexibles y establecidas, que no limiten el desarrollo de aplicaciones futuras ni restrinjan el acceso a los datos. Hay que evitar plataformas y tecnologí­as de carácter propietario o cerradas. Esto es particularmente importante para la incorporación futura de herramientas de Inteligencia de Negocios, tales como Dashboards, Query and Reporting y OLAP al entorno Municipal.


• Mantener un estricto control sobre las Bases de Datos que se tienen, ya sea administrándolas internamente -cuando sea factible-, como incorporando (y aplicando, ya que sino sólo es tinta sobre papel) estrictos resguardos contractuales sobre el control y uso de la información. Es importante considerar temas como acceso irrestricto a las BD, tanto para los sistemas actuales como para otros sistemas que eventualmente se podrán desarrollar, backups locales y regulares, multas por retrasos e incumplimientos y otras condiciones que podrán proteger a la Municipalidad sobre eventuales pérdidas de control sobre sus datos.

La información es poder, poder hacer, poder aprender, poder mejorar. No dejemos que se nos escape.

Links:

http://es.wikipedia.org/wiki/OpenDocument

http://www.mass.gov/Aitd/docs/policies_standards/openstandards.pdf

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