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Participar seguros Patricio Valdivieso | Instituto de Ciencia Política La seguridad es un concepto cuyo significado ha variado. Durante un largo período, en las relaciones internacionales fue entendida como «seguridad nacional», es decir, aquellas condiciones que debían favorecer los intereses de los países. Esta visión predominó desde la década de 1940 en los Estados Unidos y otros lugares del mundo. Sin embargo, desde fines de los 80 la seguridad suele ser pensada en relación con la democracia y el progreso de las personas. La seguridad interna de los países es ahora concebida como una responsabilidad conjunta de autoridades públicas, otros actores no gubernamentales y los ciudadanos. Asimismo, dada la creciente interdependencia en el planeta, la cooperación internacional contra el delito y el crimen organizado ha llegado a ser una dimensión importante. Además, el significado de los conceptos de seguridad e inseguridad genera controversias. Con el primero, numerosas personas piensan en algo equivalente al orden público; con el segundo, en un sinónimo de delitos y criminalidad. Desde la perspectiva de las víctimas, hay una fuerte demanda por una justicia penal más coercitiva, pero se toleran conductas que cabrían dentro de la categoría de delitos y, cuando existe la posibilidad de endurecimiento de las sanciones, hay reacciones generalizadas en contra (por ejemplo, en el campo de los reglamentos del tránsito o en el del uso de recursos fiscales y temas tributarios). Por ello, la reflexión debe avanzar en la búsqueda de conceptos adecuados a estos tiempos, y criterios sustentables y parámetros que expresen en el mayor grado posible los significados de las realidades en juego. Sin lo anterior, se puede dar lugar a decisiones negativas para el futuro. Para ser arquitectos propios Las ideas de seguridad que suelen estar en discusión son expresiones parciales de una suerte de red informativa que procede de distintas fuentes, cuyo grado de confiabilidad es discutible. Las estadísticas criminales registran sólo aquellos casos que llegan a ser denunciados en la policía; las judiciales, los que son ingresados por la vía de una fiscalía; las encuestas de opinión, las percepciones de muestras de población, y los estudios de criminología no arriban a resultados concluyentes. Incluso, los medios de comunicación social suelen introducir imágenes sobre mejoría o empeoramiento de la seguridad ciudadana sobre la base de una sola fuente de información o a partir de casos individuales. Todo ello suele influir en los procesos de toma de decisión. Adicionalmente, las investigaciones sobre fenómenos como el miedo en la población, en distintos países, muestran que la angustia, la percepción subjetiva de la seguridad, no obedece necesariamente al aumento objetivo de las cifras de delitos. Esto sugiere, por lo tanto, considerar otras variables.1 Un concepto de la seguridad que tiene altas posibilidades de llegar a ser adecuado para hoy, y sustentable a largo plazo, es el de la «seguridad humana». En esta línea convergen investigaciones de los 90, el trabajo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y las prioridades políticas resultantes de las propuestas de esa entidad supranacional.2 La seguridad humana comprende todas aquellas condiciones que brindan protección y que promueven al ser humano libre y con capacidades para ser el arquitecto de su propio desarrollo individual y colectivo. El concepto y sus atributos son sustentables porque, primero, en ellos convergen principios en torno a los cuales existe un generalizado consenso; segundo, porque expresan principios esenciales, sobre los cuales están construidos los andamiajes constitucionales e institucionales de la mayor parte de los estados, y, tercero, porque encuentran una clara expresión en los fundamentos del orden político internacional, por ejemplo, en la Carta de las Naciones Unidas. Participar en democracia De ese significado y de sus atributos se deriva que todas aquellas condiciones que promuevan la vida, la libertad y el desarrollo del ser humano enriquecerán la seguridad de las personas y las sociedades. Es el caso del régimen democrático y la participación. El régimen democrático descansa en los principios de la seguridad humana pues se fundamenta en concepciones antropológicas y filosóficas centradas en la persona y su dignidad esencial como punto de partida, sentido y meta de todo orden social y político. Además, con independencia de la perspectiva filosófica o antropológica que se asuma, se reconocerá que el hombre necesita de los demás para sobrevivir y desarrollarse, y este hecho por sí sólo fundamenta que la participación sea una necesidad de alto rango. Si ella es alta, aumentan las posibilidades de desarrollo del ser humano en sus dimensiones individual y colectiva, y más alto será, también, el grado de seguridad. No es casualidad que los órdenes más participativos sean aquellos donde las personas pueden integrarse mejor y tomar decisiones de forma autónoma y responsable.3 Por lo mismo, los actores internacionales más influyentes apoyan decididamente las iniciativas cuyo propósito es promover la democracia, la participación, el desarrollo social y el mayor ejercicio de derechos en el mundo. Éste es un marco de referencia importante para el tema en buena parte de América Latina, donde las condiciones de vida, para la mayoría, son precarias. Las condiciones de seguridad humana dejan mucho que desear, pues persiste la pobreza extendida, la exclusión social y, por lo tanto, la falta de participación de importantes sectores. En numerosos lugares las instituciones públicas no funcionan, la corrupción afecta la confianza, y la violencia y el crimen organizado avanzan. Por otra parte, las prácticas inspiradas en modelos de mercado y la democracia representativa no han dado lugar a la superación de los problemas indicados, lo que provoca una inseguridad con respecto al futuro. Medios, instituciones, símbolos La participación, claro está, debe ir de la mano con numerosas políticas que la enriquezcan. Es un peligro, por ejemplo, participar desinformadamente; una difusión mediática distorsionada puede provocar angustia o miedo, y esto, en consecuencia, puede llevar a adoptar políticas que signifiquen un retroceso. En este sentido, estudiar la experiencia de otras sociedades podría ser de gran ayuda para el caso de Chile.4 Es indispensable, además, que la participación vaya a la par con una buena marcha de las instituciones del Estado, su confianza y legitimidad. En buena parte de América Latina, estos aspectos son débiles; dado que funcionan en forma irregular y se cometen abusos, la población no se identifica con las instituciones, no las percibe como algo legítimo y no se siente inclinada a responsabilizarse por las mismas. Esta situación contrasta con la de países como Alemania.5 Hay otros aspectos que deberían ser examinados, como los términos o símbolos predominantes, que de un modo casi inadvertido influyen en las percepciones y los comportamientos de los seres humanos. A veces, los nombres de las oficinas públicas expresan un alto grado de jerarquía, estatus y distancia, lo cual puede obstaculizar la realización de necesidades sociales actuales.6 Una nueva policía para Chile Algunas experiencias exitosas en el mundo han dado lugar a un conjunto de medidas para enriquecer la interacción entre las instituciones encargadas de la persecución criminal del delito y la sociedad. En el caso de Chile, a partir del éxito que parecieran tener los impulsos de reforma y modernización del sistema de justicia penal,7 la estrategia de políticas de seguridad considera las siguientes actividades en el área de las policías:8 1. Modernización del marco legal. Nadie puede ser arbitrariamente detenido, arrestado o encarcelado. Las leyes deben fijar tanto las causas como los procedimientos. Además, nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, domicilio o correspondencia. 2. Estructura de la policía. Para generar cercanía, se propone la creación de consejos locales ante los cuales la policía debe rendir cuentas de su actuación. 3. Educación de los funcionarios. El incremento de las competencias de los funcionarios policiales requiere de un buen sistema de formación técnica y humana, y esto debería estar relacionado con las posibilidades de perfeccionamiento y ascenso. 4. Cambios en los sistemas de control interno y externo. En la lucha por erradicar las malas conductas, se debería contar con códigos disciplinarios que expresen una doctrina democrática respecto de las funciones respectivas. En algunos lugares hay comités civiles que examinan la conducta policial. Otra expresión de control externo es la que realizan las organizaciones de la sociedad civil y la prensa, para cuyo funcionamiento resulta esencial contar con acceso amplio a la información sobre la policía. 5. Sistemas de seguimiento, y evaluación de la gestión y de los resultados. Los indicadores de gestión ayudan a planificar políticas, detectar problemas, fijar metas, mejorar la comunicación con el medio externo y rendir cuentas. 6. Introducción de programas de relación con la comunidad. Los ejes de las políticas son dos: la descentralización de su ejecución, a fin de responder a características distintas del delito en diversas áreas territoriales, y acciones preventivas que abarquen lo social, educacional y urbanístico. Así, los modelos de policía comunitaria, difundidos en numerosos lugares del mundo, permiten mejorar las relaciones entre la policía y la gente.
Citas 1 Para mayores antecedentes, véase Heribert Ostendorf: «Kriminalität und Strafrecht. Informationen zur politischen Bildung», número 248, Bonn, Bundeszentrale für politischen Bildung, 1999. 7 Valdivieso, Patricio y Juan Enrique Vargas: Organizaciones de la sociedad civil y modernización de sistemas judiciales en América Latina, caso de Chile, Buenos Aires, INECIP, 2003.
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