LA NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Poder local y sustentable

A pesar de la creciente tendencia mundial, Chile aún no cuenta con una normativa adecuada para regular y fomentar las organizaciones de la sociedad civil. Un grave déficit que podría solucionarse con el reciente envío de una ley al parlamento, que protege las iniciativas locales, crea nuevas formas de financiamiento y regula el trabajo voluntario, entre otras medidas. En definitiva, se promueve la existencia de esta vital forma de participación ciudadana y se estrecha la relación con las instituciones tradicionales del Estado.

Francisco Soto Barrientos | Jefe del Área de Fortalecimiento de las
Organizaciones de la Sociedad Civil, Ministerio Secretaría General de Gobierno

 

El actual gobierno viene trabajando desde hace cuatro años en un proyecto de ley sobre participación ciudadana, que fue enviado los primeros días de junio al parlamento. La iniciativa fue elaborada en distintos niveles con representantes de las organizaciones de la sociedad civil, y requirió un importante grado de coordinación entre los ministerios y servicios públicos que participaron en su elaboración.

Seis mil representantes de organizaciones procedentes de todas las comunas del país fueron consultados en un proceso que duró siete meses de trabajo. Pero más allá de las entidades participantes, es relevante destacar el impacto que se espera alcanzar con estas reformas en el mundo asociativo chileno, que involucra alrededor de 84 mil instituciones y es responsable de la generación de un 4,6% del producto interno bruto nacional, según sendos estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Universidad Johns Hopkins.

Actualmente, no contamos con un marco legal adecuado que garantice el despliegue de todas las potencialidades de las organizaciones de la sociedad civil, ni que les permita participar efectivamente en las políticas públicas.
La modernización de la actual normativa permitirá superar importantes obstáculos que permanecen en nuestra legislación. Por ejemplo, se podrá entregar herramientas concretas de control ciudadano a las organizaciones, y hará más transparente la entrega de recursos del Estado, mediante mecanismos globales y coherentes, que optimicen esos aportes.

Intereses y beneficios mutuos

Con el envío al Congreso de este proyecto de ley, se abre una importante oportunidad para mejorar el creciente desequilibrio entre el Estado, el mercado y el sector intermedio que nos ocupa, que cada día cobra más importancia en nuestra sociedad.

En primer lugar, el proyecto establece un sistema con un énfasis en el nivel territorial más próximo a la vida cotidiana de la población, es decir, en el local. En este sentido, se destacan medidas como el mejoramiento de los mecanismos legales de control y fiscalización ciudadana, y aquellos propios del Concejo Municipal; el fortalecimiento del Consejo Económico y Social (CESCO); una modificación legal que permita a las juntas de vecinos crear federaciones y confederaciones con otras comunas del país, y una nueva ley de bases de administración del Estado, para incorporar la participación ciudadana como uno de los ejes centrales de la gestión pública.

Desde otra perspectiva, se fortalecen las organizaciones sin fines de lucro, gracias a la distinción entre las «de interés público» y las de «beneficio mutuo». Esto permitirá focalizar el aporte del Estado a través de un fondo de recursos: una iniciativa innovadora, que surge de la demanda de las propias entidades y pretende ayudar a disminuir los obstáculos para su desarrollo.

Fondos sin concursos

Actualmente, el aporte público del gobierno se asigna bajo la modalidad de fondos concursables. Esto lo convierte en una de las principales fuentes de financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Para ellas, sin embargo, la falta de una política transversal de fondos ha sido una de las principales causas de su atomización y debilidad institucional, ya que se inhibe la asociatividad y la articulación de redes de acción al interior del sector. Esto, porque los concursos comprometen recursos escasos, de poco impacto en los destinatarios finales y de una duración anual que limita la continuidad de los procesos comprometidos en los proyectos licitados. Muchas instituciones deben participar de manera paralela en varios concursos. Además, las organizaciones se ven obligadas a orientar parte de lo obtenido al fortalecimiento de sus instituciones, y hacen depender su orientación temática a las materias valoradas por la autoridad.

Este nuevo fondo pretende responder a estos problemas. El gobierno ha iniciado una fase experimental, nombrando un consejo provisorio y disponiendo más de 1.357 millones de pesos para concursos de 2003 y comienzos de 2004, con lo que se beneficia a más de 280 mil dirigentes.

Para las voluntades, para la transparencia

Finalmente, el proyecto de ley contempla la regulación, registro, capacitación y fiscalización de la relación entre las organizaciones y los voluntarios que les prestan servicios. Esto permitirá incrementar el compromiso activo de las personas con valores de solidaridad, tolerancia y respeto por los derechos humanos, y establecerá condiciones mínimas para su adecuada implementación.
En este tema, el gobierno creó el Programa piloto de fomento al voluntariado, que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano del Desarrollo. Su finalidad última fue desarrollar una política nacional al respecto, y tuvo éxito: a partir del diseño, la ejecución, el monitoreo y la evaluación del programa, se movilizó a un total a seis mil 778 voluntarios, de los cuales el 65% se incorporó efectivamente a alguna institución. Además, se asignaron más de 430 millones de pesos a 251 organizaciones que participaron en las distintas convocatorias a los fondos concursables.

Las iniciativas descritas se suman a otras que ya están siendo discutidas en el Parlamento en diversos proyectos de leyes. En particular, quisiera destacar las contenidas en el de rentas municipales, donde se garantizan medidas para mejorar la información que los municipios entregan a la comunidad, a través de la unidad de control y la oficina de partes. Además, se debe poner a disposición de la ciudadanía diversos antecedentes: el plan comunal de desarrollo, el presupuesto municipal y el plan regulador con sus correspondientes seccionales; el reglamento interno, el de contrataciones y adquisiciones, la ordenanza de participación y todas las resoluciones municipales; los convenios, contratos y concesiones; las cuentas públicas de los alcaldes en los últimos tres años, y los registros mensuales de gastos efectuados hasta hace dos años, entre otros documentos.