REGISTRO

Universidad estatal, universidad pública,
universidad privada: de la etimología a la realidad

En esta ponencia, presentada en la II Conferencia Internacional sobre la Modernización
del Estado del año pasado, el Vicerrector Académico de la UC revisa las tradicionales clasificaciones que se han aplicado a las universidades –privadas, públicas y estatales– y propone otras nuevas, más acordes con la realidad de la investigación chilena: docentes y de investigación.

Nicolás Velasco F. | Vicerrector Académico

 

He querido abordar el tema de esta ponencia sin la ambición de resolver problema alguno, ni menos establecer jurisprudencia. Mi intención es divagar entre algunos conceptos para encontrar espacios de luz en la espesa maraña de denominaciones en uso dentro del sistema universitario. Los términos asociados a la palabra universidad que he elegido son relevantes tanto en las comunicaciones sociales como en la historia del sistema y en las vías de financiamiento para cada institución. Por otra parte, el ser catalogada como estatal, pública o privada produce un aura característica, que en ocasiones no tiene mucho que ver con la realidad.

En primer lugar, me referiré a la palabra etimología, ya que ella forma parte del título de la ponencia. Dice la Real Academia Española: “Etimología: origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación y de su forma”. Por lo tanto, no tratamos sólo acerca del significado de las palabras (para lo cual el término semántica hubiera sido más preciso), sino de la mezcla entre tradición y significado, como se han originado muchos de los conceptos y denominaciones que usamos hoy. Pero el problema de esto es que el sujeto o la institución son nombrados por una acepción cuyo significado no se delimita con claridad (pero sugiere muchas cosas) o induce a pensar erradamente.

Estatales de todas layas

Me aboco ahora a la palabra estatal: la verdad es que ésta es la que me sugiere menos cosas y la que me parece de menor importancia. El que una institución universitaria sea estatal indica sólo propiedad por parte del Estado. Lo anterior significa pertenecer a nadie o a muchos, dependiendo de cómo se relacione la universidad con el gobierno de turno.

Ser estatal no significa, por otra parte, un cierto grado de solidaridad, tener aranceles baratos, ni ser desordenado e ineficiente. A pesar de las restricciones en la gestión impuestas por el solo hecho de ser estatal, existen varias universidades de este tipo con gran vitalidad y desarrollo, así como otras que deberían mejorar su gestión. Por otra parte, hay universidades estatales de todas layas: de investigación, mixtas o sólo docentes. Algunas de ellas reciben donaciones y apoyo desde su entorno social, y otras no. Algunas son muy buenas; otras, no tanto. Están en todo Chile y, también, pecan de centralismo.
La verdad es que, fuera de lo referido a la propiedad, no veo otra característica exclusiva de una universidad estatal.

Públicas: beneficiosas

La acepción pública es muy particular. Reciben esta denominación ciertas universidades que, sean estatales o privadas, efectúan una serie de labores, además de las docentes, que son de interés nacional. Por ello, el país les daría un apoyo específico desde el Estado. En Chile, las instituciones que se denominan a sí mismas de esta manera, se agrupan en el Consejo de Rectores y, al igual que en caso de las estatales, son bastante heterogéneas. Algunas de ellas son de investigación, mientras que otras son casi exclusivamente docentes.
Según la Real Academia, el término público tiene una acepción que podría coincidir con la nuestra: “perteneciente a todo el pueblo”. Es decir, su producción beneficia a toda la población. Sin embargo, y tal como dije antes, esta contribución para todo el pueblo no es exclusiva de un tipo determinado de universidad. Por ejemplo, entre las privadas hay algunas que desarrollan más investigación que otras del Consejo de Rectores. Si se observa el resultado del concurso Fondecyt regular de 2002, siete universidades privadas tienen un nivel de asignación de fondos de investigación superior a varias instituciones del Consejo de Rectores.

¿Cómo llamamos entonces a esas últimas instituciones? ¿Públicas? ¿O creamos un nuevo ítem: privadas con vocación pública?

Privadas y... la confusión

Por último, al igual que el término estatal, privado indica sólo tipo de propiedad y no otra clase de atributos. De hecho, habría varios tipos de universidades privadas: tradicionales (dependientes del Consejo de Rectores), nuevas autónomas, nuevas no autónomas y –la clase que hemos descubierto hoy– privadas con vocación pública.

Asociado a todo lo anterior está la historia, que ha marcado la taxonomía y la organización universitaria. De las ocho instituciones de 1981, el Consejo de Rectores se amplió a 25 y, tal como los apellidos, los títulos nobiliarios o el vino, los hijos conservaron la denominación genérica de origen a pesar de haber cambiado el nombre de pila, abandonado la casa y, en más de una oportunidad, emigrado a provincias. Al final, todo el sistema ha subido a 63 universidades: la confusión de términos nos invade.

Nuevas denominaciones

Mal haría yo mencionando la confusión si no postulara algún camino para solucionarla. Pero para avanzar, se hacen necesarias algunas condiciones, que ahora detallo:

1. Abolir las denominaciones estatal, pública y privada.
2. Eliminar la tuición directa de la Contraloría General de la República sobre las universidades del Estado y éstas podrían ser dotadas de plena autonomía administrativa.
3. Aprobar un plan de acreditación o certificación universitaria que dé garantías a todos los actores del sistema.
4. Permitir el acceso a los recursos para becas y crédito fiscal a todo el sistema de educación superior acreditado.
5. El aporte garantizado por el Estado para la ciencia y la tecnología debería ser al menos el 1% del PIB. Si no se incrementan los recursos sectoriales, no se le puede pedir más investigación o generación de patentes al sistema universitario.
6. La industria tiene que ser estimulada a investigar o a impulsar investigación, para que genere al menos el 50% de las patentes que produzca Chile.
7. Propongo la derogación de la ley de donaciones, y que sea reemplazada por una que beneficie a las universidades y que persiga a los que mal usan los recursos (para no tener una ley que sospeche de todos).
8. Debería modificarse la ley del consumidor en sus aspectos educacionales.
9. Realizados los puntos 5, 6, 7 y 8, se podría iniciar un cambio progresivo de los aportes fiscales directos y, con los recursos ahorrados, fortificar el sistema de becas y crear un fondo de crédito universitario para la clase media.
Cumplidas todas las condiciones previas, el sistema podrá competir sin privilegios específicos, salvo los derivados de las diferencias de desarrollo presente (no se puede evitar que una universidad tenga más de 160 años de vida y que otra esté naciendo). Ese sistema debería diferenciarse en dos tipos de universidades: docentes o de investigación (acreditadas y no acreditadas). Obviamente, entre los dos extremos habría variadas situaciones.

Un nuevo orden: ‘docentes’ y ‘de investigación’

Para ser denominada como de investigación, la institución tendría que poseer programas de doctorado acreditados en por lo menos la mitad de las disciplinas que cultiva, y, como mínimo, dos. Lo anterior implicaría una masa crítica de investigadores en más de una disciplina, así como la capacidad de educar a los doctores que alimentarán el sistema universitario y el aparato productivo nacional. Estas instituciones serán, por otra parte, las universidades matrices o hembras del sistema, las únicas capaces de desarrollarlo y reproducirlo.

Pertenecer a este grupo permitiría postular, en forma exclusiva, a ciertos fondos de investigación que brindarían una estabilidad institucional a largo plazo (tipo MECE de postgrado, por ejemplo). Además, daría el derecho a un overhead mayor (40%) en los proyectos concursables corrientes. La certificación de esta categoría se entregaría por un tiempo limitado.

Todo lo anterior no significaría que las universidades docentes estarían condenadas a serlo ad eternum. Por el contrario: ellas podrían concursar y obtener fondos para investigar y otros recursos para el desarrollo (por ejemplo, para crear doctorados en áreas de fortaleza institucional). Esas universidades recibirían la designación como de investigación sólo cuando cumpliesen los requisitos estipulados.

¿Cómo se financiarían las universidades docentes? Con los aranceles de matrícula, por fondos concursables y por donaciones. Sólo enseñar no generaría fondos extra desde el Estado (salvo por decisiones estratégicas para impulsar determinada profesión). De hecho, las nuevas universidades privadas han demostrado que una institución docente se puede equilibrar financieramente sólo con los aranceles.

¿Y cómo se financiarían las universidades de investigación? Por los mismos medios que las docentes, pero, además, por fondos especiales de largo plazo y por un overhead mayor en los concursos corrientes, entre otros.
Se trata, entonces, de poner las zanahorias en el carro de la investigación y el postgrado de alto nivel. Ésta es la única manera de mantener una nutrición de calidad para un sistema universitario que crece inorgánicamente, a una velocidad mayor que la generación de académicos: los profesores universitarios no se crían en maceteros; nacen del rigor de una universidad de investigación.

Por otro lado, impulsar la investigación es también un estímulo para mantener una docencia de calidad, ya que quien investiga nutre su enseñanza con contenido propio, al tiempo que descubre el conocimiento.

Las personas con formación de doctorado poseen la capacidad para identificar problemas, discernir y aplicar metodologías sobre ellos, e interpretar los resultados. La participación de personas con esas características, ya sea en la industria, el gobierno o los cuerpos sociales intermedios, puede inyectarles dinamismo, rigurosidad y capacidad de innovación.

Una realidad sin investigación

Se podría considerar que desarrollar programas de doctorado acreditables es fabricar las locomotoras que impulsarán gran parte del desarrollo en una sociedad del conocimiento. Sin embargo, Chile forma sólo 7,5 doctores por millón de habitantes al año, mientras que Brasil gradúa 30 y los países desarrollados, una cifra de entre 100 y 200.

La cantidad de publicaciones indexadas por el ISI (Institute of Scientific Information) que se originan en nuestro país son apenas una fracción de lo que se produce en cualquier universidad de buen nivel de Estados Unidos. Con la inversión actual chilena en ciencia y tecnología, es difícil pedirle más investigación al sistema universitario, que produce, a pesar todo, la gran mayoría de ésta.

Por su parte, la industria casi no investiga y la producción nacional de patentes es anecdótica.

Entonces, sinceramente, ya es momento de que el foco de nuestra atención se aleje de la etimología y se dirija hacia la realidad. No importa que nos llamemos estatales, públicos o privados. Si la investigación –básica y aplicada– y la subsecuente producción de doctorados de calidad no entran a la agenda pública con la misma fuerza que el plan AUGE o los derechos humanos, llegaremos tarde a la fiesta del desarrollo y ya no importará mucho qué semántica o taxonomía usemos para diferenciarnos.