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Pro Secretaria General UC: “Las sanciones que aplicamos deben ser en relación a los hechos que logran ser acreditados” Imprimir
Lunes, 15 de Abril de 2019 00:00


Marisol Urrutia trabaja hace 14 años en la Secretaría General y ha sido testigo del aumento de denuncias recibidas en los últimos años. Sostiene que esto responde a un cambio cultural, a “una toma de conciencia”. Insiste que aún muchas de las denuncias se realizan por canales no oficiales y que los casos deben ser resueltos según los hechos que hayan podido ser acreditados.

 20190411 Urrutia

Actualmente el equipo de Secretaría General está conformado por nueve abogadas, cuatro secretarias y dos administrativos. Es encabezado por Marisol Peña.

Durante los últimos diez meses, la Secretaría General UC ha impuesto más de 100 sanciones y otras medidas a estudiantes y académicos de la universidad. Dichas sanciones van desde medidas de resguardo, hasta expulsiones.

De acuerdo con esos datos, de un universo de 94 denuncias recibidas contra estudiantes, se acordaron 92 medidas y sanciones. Por otro lado, de las 25 denuncias investigadas respecto de académicos, hubo 14 medidas y sanciones. Cabe destacar que una misma denuncia puede dar origen a varias medidas y sanciones.

Según Marisol Urrutia, Pro Secretaria General de la UC, no es que hoy existan más abusos que hace unos años sino que, debido a un cambio cultural, hay mayor conciencia de lo que implica sufrir cualquier tipo de abuso. Con 14 años en esta unidad ha sido testigo del aumento de las denuncias. Así por ejemplo, durante 2018 se recibieron 78 acusaciones, doblando la cifra del año 2017 (39). Aclara, eso sí, que en Secretaría General solo pueden hacerse cargo de las situaciones una vez que han sido ratificadas las denuncias a través de una declaración. 

“Cuando una persona denuncia espera que todo lo dicho pueda ser comprobado y que la sanción sea proporcional a su dolor. Sin embargo, el trabajo que estamos obligados a realizar es el de resolver en relación a los hechos que hayan podido ser acreditados”, dice. En este sentido, explica que todavía muchas denuncias se realizan a través de canales que no son los oficiales y eso empeora la situación y puede, en muchos casos, producir una re victimización. 

Círculo vicioso

Luego de la ocupación de Campus Oriente, el 27 de marzo pasado, una de las principales críticas al proceso de denuncia fue que la citación para dar cuenta del caso, muchas veces coincidía con horarios de pruebas de los estudiantes u otras obligaciones laborales de los denunciantes. “Si se cita a cualquier miembro de la comunidad universitaria, y éste no puede concurrir, siempre estamos abiertos a que señale cuándo puede venir, porque entendemos perfectamente que pueden tener otras obligaciones. En el correo de citación se les solicita que se comuniquen si tienen algún problema en acudir y se da la posibilidad de indicar otra fecha”, explica Urrutia. 

Agrega que en procesos más demorosos es común que denunciantes no concurran ni tampoco confirmen su asistencia a la declaración y esto genera una situación que termina con las mismas piedras de tope: el no acudir a los canales oficiales. 

Urrutia sostiene que hay desinformación en cuanto a dónde se deben denunciar situaciones abusivas, de las medidas que se pueden adoptar y sobre las ayudas u orientaciones que se entregan desde Secretaría General. hacer la denuncia formal no sólo permite investigar hechos, sino que también la eventual víctima podría recibir herramientas para enfrentar la situación. “A todas las personas que asisten a la Secretaría General se les ofrece, a través de un consentimiento firmado, atención en salud y asistencia legal gratuita a través de la Clínica Jurídica de la universidad, existiendo además la posibilidad de ser acompañadas durante todo el proceso por las psicólogas de la Unidad de Prevención y Apoyo a Víctimas de Violencia Sexual.

Medidas, sanciones y manejo de expectativas

“No todos los hechos denunciados pueden tener como consecuencia una expulsión, pero en todos aquellos casos que la gravedad de los hechos se encuentra acreditada y corresponda se impone”, dice la Pro Secretaria General. Adicionalmente, cuando a la oficina llega una denuncia contra un profesor que, por las circunstancias pueda poner en riesgo la seguridad de los miembros de la comunidad, esta unidad tiene la facultad de separar al académico inmediatamente de sus funciones mientras dure el proceso.

También, se toman medidas cautelares respecto de estudiantes, llamadas “medidas de resguardo”. Estas consisten en la separación, en actividades académicas, entre denunciante y denunciado. La logística no siempre es fácil, sobre todo, cuando hay cursos que tienen un solo módulo, por lo que se trabaja en conjunto con las unidades académicas, la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Asuntos Estudiantiles.

Durante la ocupación de Campus Oriente también hubo voces críticas sobre lo extenso de los tiempos de la investigación. “Creemos que un proceso puede ser llevado en cerca de seis meses. Este tiempo contempla los plazos que da el reglamento para que las personas puedan defenderse. Y hay que considerar que la norma también incorpora la posibilidad de prorrogar los plazos de investigación y de contestación por razones justificadas”, responde al respecto Urrutia.

 

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Rafael Zanetta B., Dirección de Comunicaciones, rzanetta@uc.cl

 
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