Cuatro académicas UC forman parte de la Asociación de Profesoras y Expertas en Derecho Público recientemente dada a conocer

Este 15 de noviembre, a través de diversos medios, se informó sobre la existencia de la Asociación  de Profesoras y Expertas en Derecho Público. En declaración suscrita por 57 académicas de distintas instituciones del país, se constata que cuatro de quienes la firman  -Constanza Hube, Alejandra Ovalle, Sandra Ponce de León y Cecilia Rosales- son académicas de la Facultad de Derecho UC. Mediante tal declaración, dicha agrupación adhirió el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución que nos desafía como país a pensar en una nueva Carta Fundamental.

En tal oportunidad, la Asociación se presentó como una agrupación de carácter académico y científico, que busca promover e impulsar el desarrollo y perfeccionamiento del Derecho Público en el ámbito nacional, e internacional; fomentar y fortalecer la investigación, la docencia, el estudio y divulgación del Derecho Público (Constitucional, Administrativo, Internacional Público y de Derechos Humanos),  y acercar su conocimiento a la ciudadanía con un lenguaje claro y riguroso.

Para la directora de la Dirección de Equidad de Género UC, Silvana Zanlungo, esta es una excelente iniciativa, “porque canalizará el aporte y la mirada de mujeres expertas en Derecho Público en la construcción de la nueva Carta Fundamental”. “Es clave para el país que el proceso constituyente sea amplio y participativo, y con equidad de género”, subraya.

En la UC, la necesidad de impulsar el Derecho Público y aportar desde la mirada de las mujeres profesionales se originó hace casi una década. Fue entonces cuando un grupo de profesoras de Derecho Público de su Facultad de Derecho -Marisol Peña, María Pía Silva, Miriam Henríquez, Cecilia Rosales y Sandra Ponce de León-  se empeñaron en realizar actividades que permitieran mostrar el fecundo trabajo que desarrollan las académicas que cultivan el Derecho Constitucional, el Derecho Administrativo y el Derecho Internacional Público a lo largo del país, de manera de convertirlas en un referente para el estudio de temáticas relevantes en las áreas de su especialización. 

Ello las llevó a organizar anualmente, desde 2011, los llamados “Seminarios de Profesoras de Derecho Público”, siempre patrocinados por la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Los temas abordados han sido variados y trascendentes:

• “Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional, ¿consolidación o reforma?” (2011),
• “Relaciones del Tribunal Constitucional con los demás órganos del Estado” (2012),
• “Acciones Protectoras de Derechos Fundamentales” (2013),
• “La Constitución Económica” (2014),
• “Cambios constitucionales: reflexiones y propuestas” (2015),
• “Mecanismos de control del Poder”(2016),
• “La Función Judicial: una mirada constitucional” (2017),
• “El Derecho Público frente a personas en condiciones de vulnerabilidad” (2018),
• “Mujer y el Derecho Público” (2019).

“Advertimos que no éramos incluidas en los foros o seminarios que se organizaban en el área, a excepción de aquellos vinculados a los tópicos de género, que además eran contados. También hacían falta publicaciones que dieran cuenta del trabajo de las mujeres académicas”, comenta la profesora Sandra Ponce de León. Y agrega: “Me pareció muy pertinente coincidir con académicas con las que mantengo contacto habitual, que estamos disponibles para aportar a la discusión desde nuestras especialidades y sensibilidades, y que ello podía lograrse formalizando la creación de la Asociación de Profesoras de Derecho Público”, afirma.

La profesora María Pía Silva recuerda el trabajo inicial del grupo de  académicas UC. “Creamos espacios que no existían y que buscaban visibilizar la labor entonces silenciosa de las constitucionalistas chilenas a través de seminarios anuales y de publicaciones que recogían los trabajos presentados en ellos y dados a conocer por diversas editoriales y revistas universitarias. 

El formato de los seminarios se repite: mesas redondas conducidas por un constitucionalista varón, y la participación en ellas de expertas invitadas de distintas áreas del Derecho Público y la concurrencia a esos encuentros de una audiencia numerosa y activa. Fue el sello que da cuenta de nuestro trabajo y del interés que despiertan las materias que abordamos”, dice. "Ha sido una experiencia muy enriquecedora, en un ambiente de trabajo  muy grato, donde existe gran solidaridad y mucho apoyo entre las profesoras”, manifiesta.

Por su parte, la profesora Cecilia Rosales resalta el esfuerzo y la lealtad que, desde sus inicios, ha puesto el grupo de académicas UC para impulsar seminarios  y actividades en diversas universidades y regiones (Coquimbo, Concepción, Temuco). “En este contexto es que decidimos que había que intentar darle mayor institucionalidad a este esfuerzo colectivo  y con la concurrencia inicial de 57 profesoras chilenas esperamos concretar alguna forma de organización que nos permita proyectarnos”, sostiene.                          

El desafío más inmediato es poder contribuir con el proceso constituyente actual. En lo personal, señala Cecilia Rosales, “podría aportar con una reflexión desde los valores cristianos profundamente arraigados en la cultura chilena y occidental,  por ejemplo, una nueva constitución debiera recoger nuevamente la dignidad inalienable del ser humano, el derecho a la vida del nacido y del no nacido, pero concebido, la servicialidad del Estado, su misión de bien común y también debiera avanzar en el reconocimiento de los pueblos originarios”. 

En materia de solidaridad, por ejemplo, dice, “se hace necesario contemplar normas que aseguren efectivamente una distribución más equitativa de los recursos públicos entre regiones y comunas, introducir algunos mecanismos de democracia directa (como la iniciativa popular de ley), perfeccionar el sistema de nombramiento de jueces que asegure una mayor independencia, probidad y preparación de los magistrados, entre otras cuestiones fundamentales”.

Para la profesora Constanza Hube, el desafío de los próximos meses es acercar el conocimiento del Derecho Público, especialmente el Derecho Constitucional, a la ciudadanía,  a fin de favorecer que todas las personas reciban información en lenguaje claro y riguroso. “Este es uno de los objetivos de la asociación y la razón por la cual soy parte. Es una oportunidad única y las constitucionalistas no podemos restarnos de esto”, comenta.

La académica Alejandra Ovalle sostiene que nuestro país ha iniciado un camino para que la Constitución sea reconocida como un pacto de unidad, que instituye un orden político y social en el que tiene cabida toda la comunidad nacional. “Para esto es indispensable integrar a la discusión constitucional las distintas visiones y experiencias, así como asegurar la formación y participación ciudadana en las instancias que se contemplen. En este sentido, la Asociación es una iniciativa que contribuye en el logro de estos objetivos, al promover y comprometer el aporte de académicas y profesionales del Derecho Público en este proceso constituyente”, afirma.