56 rebajas; 56 víctimas
La rebaja de condenas a personas culpables de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes exige una reflexión profunda, no solo desde el derecho penal, sino también desde las consecuencias que estas decisiones tienen en quienes han sufrido la violencia.
El sistema de justicia debe garantizar el debido proceso y los derechos de todas las personas. Sin embargo, también tiene la obligación de resguardar el interés superior del niño, garantizar el acceso efectivo a la justicia y prevenir toda clase de victimización, conforme a los estándares de protección establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Desde un enfoque sensible al trauma, resulta indispensable comprender que la violencia sexual puede generar consecuencias profundas y persistentes en el desarrollo emocional, psicológico y relacional de las víctimas. Los procesos judiciales no son experiencias neutras: sus decisiones pueden incidir en la percepción de seguridad, protección, confianza y reconocimiento del daño sufrido.
La justicia no puede limitarse a la proporcionalidad de la pena sin considerar también la gravedad de la vulneración, el impacto y los procesos de recuperación de las víctimas.
En este sentido, cabe al menos preguntarse, ¿cómo se incorpora efectivamente una perspectiva de derechos de la niñez y el conocimiento científico que hoy existe sobre el trauma en las decisiones que reducen las condenas? ¿Qué lugar ocupa la reparación y la protección de las víctimas?
Una justicia verdaderamente garante de derechos no solo debe respetar las garantías de quienes han sido condenados, sino también asegurar que las víctimas no vuelvan a experimentar desprotección e invisibilización frente al sistema que debiera resguardarlas.
