Cambio de paradigma en la seguridad hídrica

La sequía que ha atravesado nuestro país, y que en varias regiones aún persiste, no es un riesgo que se manifieste solo en episodios aislados. Se expresa en el deterioro progresivo de los ecosistemas que sostienen la vida humana, en el debilitamiento silencioso de las bases que permiten la producción de alimentos y el consumo cotidiano. Su avance silencioso va erosionando poco a poco los sistemas que nos entregan el agua que bebemos, los alimentos que llegan a la mesa y los recursos que sostienen la economía. Cuando esos ecosistemas se debilitan, lo que está en juego no es únicamente la naturaleza, sino también la seguridad de nuestro presente y de nuestro futuro. Este peligro latente nos obliga a cuestionar cómo estamos enfrentando la escasez de agua y a replantear la futura seguridad hídrica.

La llamada megasequía ha generado un fuerte impacto económico y social. Garantizar el acceso al agua potable en sectores rurales implicó un gasto de 261 millones de dólares, mientras que las pérdidas agrícolas ascendieron a 196,45 millones de dólares, equivalentes al 3,7% del producto interno del sector.

Ese escenario se tradujo, además, en una reducción de 13,5% de la superficie cultivable entre 2010 y 2020, junto con pérdidas acumuladas por 1.690 millones de dólares en tres sectores clave: agricultura, agua potable urbana y rural. A esto se suman los elevados costos de gestión urbana del suministro y tratamiento de agua, que alcanzaron 1.440 millones de dólares, además de 250 millones destinados al uso de camiones aljibe. En conjunto, se estima que la escasez hídrica ha significado una merma cercana al 0,6% del PIB nacional, una cifra que muestra con claridad la magnitud del problema.

Frente a estos efectos, el diagnóstico de actores resulta claro: prevalece un enfoque reactivo, predominado de medidas de emergencia sobre una planificación preventiva y gestión del riesgo. Actores privados y públicos que operan en distintos niveles sin una coordinación efectiva, lo que dificulta respuestas coherentes y sostenidas. Esa reacción se combina con una fragmentación institucional, ya que 17 autoridades e instituciones de la administración del Estado, asociadas a distintos ministerios, gestionan diversos aspectos en torno a la sequía. (…)