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Cárceles especiales para narcos


Foto de Catalina Droppelmann
Profesora Instituto Sociología y Escuela de Gobierno
La también directora del Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC, analiza esta medida en contraste con los principales problemas que hoy enfrentan las prisiones del país.

Luego de los anuncios del Presidente Boric en la Región de Valparaíso, en torno a la posibilidad de construir un penal especial para “grandes narcotraficantes”, y en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país, el colapso en la capacidad del sistema penitenciario ha vuelto a ser una problemática a debatir en la discusión pública. Ante esto, el Ministerio de Justicia está llevando a cabo un plan para la habilitación de nuevas plazas en distintos recintos penales, además del diseño y planificación de nuevas cárceles.

Uno de los proyectos que contempla este plan, es el Complejo Penitenciario Calama, el cual se encuentra en etapa de diseño y con una inversión monetaria de más de $117.000 millones de pesos. Aunque la habilitación de este penal está proyectada entre 2029 y 2030, la cartera de Justicia ya está estudiando las posibilidades de convertirlo en una cárcel especial (o que considere espacios exclusivos) para condenados por narcotráfico y delitos ligados al crimen organizado.(...)

Desde el Ministerio aseveran que el sistema soporta un máximo de 41.762 plazas, y que actualmente la cifra de privados de libertad asciende a cerca de los 49 mil. En esa línea, explican que la cantidad de personas encarceladas ha aumentado rápidamente debido a la aplicación de una legislación más punitiva, y por el aumento considerable del tiempo que pasan los imputados en prisión preventiva.

Catalina Droppelmann, Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC, afirma que la situación de las cárceles en Chile es compleja, señalando que el país ocupa el sexto lugar en encarcelamiento en Sudamérica y el 43 a nivel mundial. Además, indica que, actualmente, la proporción de personas imputadas en contraposición a las condenadas es del 37%, lo que ha aumentado la prisión preventiva y el tiempo que las personas pasan allí, especialmente para las mujeres. (...)


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