Catorce años de megasequía e inseguridad hídrica
Los ríos del centro del país perdieron más de la mitad de su caudal durante años consecutivos; la agricultura acumuló pérdidas de 150 millones de dólares anuales y 2,4 millones de personas en zonas rurales enfrentaron cortes crónicos de agua potable, obligando al Estado a gastar 250 millones de dólares en camiones aljibe.
Pero el impacto va mucho más allá de lo económico: la crisis profundizó las desigualdades, generó emigración rural y conflictos por el agua, con los costos recayendo desproporcionadamente sobre las comunidades más vulnerables. Lo que comenzó como un problema hidrológico se convirtió en una crisis multidimensional.
Y lo más urgente: la sequía ya no es un episodio pasajero, sino una condición estructural del clima, cada vez más frecuente, más intensa y más prolongada. No es algo que se sufre y se olvida. Es una realidad que exige anticipación, decisión y acción.
El libro Sequías en Chile: Impacto, monitoreo y políticas de gestión, elaborado por más de cuarenta autores y publicado por Ediciones UC y Springer Nature, lo documenta con precisión. Durante décadas la sequía se ha gestionado como una catástrofe puntual. Ese enfoque de crisis es reactivo, ya que actúa cuando el daño ya es visible.
La gestión de riesgos invierte la lógica y se prepara antes de que ocurra, mediante planificación anticipada, alerta temprana vinculada a umbrales, gestión de la demanda, instrumentos económicos y la participación de los usuarios. La diferencia es grande porque uno improvisa y reparte ayudas tras el daño, mientras que el otro sigue un protocolo conocido e invierte en evitarlo. La transición entre ambos no es automática ni solo técnica, sino que exige voluntad política sostenida.
En el Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC presentamos ante la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputadas y Diputados un diagnóstico claro: Chile no tiene seguridad hídrica. Los números hacen esa brecha difícil de ignorar: mientras el agua potable llega al 99,95% de las zonas urbanas concesionadas, en las zonas rurales dispersas la cobertura cae al 57%, y el saneamiento rural apenas alcanza el 27%. Más de 2,2 millones de personas viven en sistemas rurales de agua sin solución formal. (...)
