Cohesión social en crisis

A comienzos del 2020, post estallido social, un grupo de académicos y líderes de organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y de organizaciones internacionales, fuimos convocados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a realizar un diagnóstico de la cohesión social de nuestro país. El estallido había revelado algo importante que había que comprender desde sus raíces. Luego de ocho meses de trabajo, elaboramos un diagnóstico que dio cuenta del deterioro sustantivo que tiene nuestra sociedad chilena en materia de cohesión social y que se hace cada vez más patente a la luz de los múltiples problemas que la aquejan en la esfera política, económica y social. La cohesión social se sustenta sobre la base de tres pilares fundamentales, a saber: la calidad de nuestros vínculos sociales, nuestro sentido de pertenencia y el foco en el bien común.

Nuestro análisis reveló crudamente bajos niveles confianza interpersonal, la percepción de que las personas no son tratadas con respeto, que son discriminadas en distintos ámbitos y que carecen de una red social de apoyo para enfrentar adversidades y conversar de temas importantes.

Aun cuando constatamos un alto nivel de identificación con la nación –una fortaleza–, nuestro sentido de pertenencia está fuertemente golpeado por la alta desconfianza hacia las instituciones, especialmente aquellas que han sido el pilar de nuestro desarrollo a lo largo de nuestra historia, como son el Parlamento, nuestro sistema de justicia, los partidos políticos y el Estado, todas instituciones esenciales para una democracia robusta.

Las personas perciben altos niveles de corrupción –la evidencia así lo está corroborando–, al mismo tiempo que existe un alto consenso respecto de que las diferencias de ingresos son muy grandes en Chile, que los bienes de la sociedad están distribuidos de manera injusta –especialmente en el ámbito de la salud y la educación–, y que los gobiernos tienen escasa conexión con la ciudadanía para considerar sus puntos de vista en la formulación de políticas públicas que les atañen. (…)

El problema de la cohesión social nos atañe a todos y por ello debemos actuar juntos. La política pública puede tener un impacto muy relevante en la medida que ella define en buena parte la relación del Estado con la ciudadanía y también entre los ciudadanos, y es su responsabilidad ofrecer programas que favorezcan (o al menos no menoscaben) la cohesión social, cuidando que, en su diseño, implementación y evaluación, se promueva la confianza institucional, la percepción de justicia, el trato respetuoso, la construcción de redes entre ciudadanos y la promoción de la participación.

Las universidades, que gozan de alta confianza de la ciudadanía, tampoco pueden restarse de este desafío. Ellas son las principales responsables de formar a las futuras generaciones de profesionales con un enfoque centrado en el bien común, donde se valore la diversidad de las ideas y se fomente una sana convivencia. (…)