Constitución y seguridad

La seguridad ciudadana se ha convertido en un tema fundamental en la vida de las personas y en el funcionamiento de la sociedad, tal como lo revela una reciente encuesta de Plaza Pública CADEM (2 de abril ), donde el 71% de los encuestados considera que la delincuencia debe ser el área prioritaria del gobierno. En este contexto es crucial que la Constitución, como ley fundamental de la República, establezca los principios y lineamientos necesarios para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

En términos generales, una Constitución debe asegurar la protección de los derechos y libertades individuales en este ámbito. Esto implica el derecho a la vida, la integridad personal, la propiedad, la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de asociación, entre otros derechos fundamentales. Además, debe establecer los principios y objetivos que guiarán la política de seguridad del Estado, tales como la protección de la propiedad privada, la prevención del delito, la promoción de la justicia, la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas, por mencionar algunos criterios relevantes.

Así mismo, es indispensable que una Constitución establezca la organización, funciones y límites de las instituciones encargadas de la seguridad, como Carabineros, la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas. Esto implica definir los lineamientos generales de su estructura, competencias, atribuciones, responsabilidades y mecanismos de control. Además, la Carta Magna debe promover que las instituciones de seguridad operen con profesionalismo, imparcialidad y transparencia, procurando la coordinación y colaboración entre ellas, tanto a nivel nacional como internacional. (...)