Coordinación intersectorial y articulación de actores

A fines del pasado mes de marzo, se realizó un seminario que dio cuenta del cumplimiento de los primeros diez años de la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (COMICIVYT), la que según el Observatorio Regional de Planificación del Desarrollo de América Latina y el Caribe, tiene por propósito coordinar “al sector público en los ámbitos de infraestructura y ordenamiento territorial, potenciando inversiones en proyectos de corto, mediano y largo plazo, que reduzcan las brechas en materia de equidad urbana y territorial”. Entre los avances a destacar no solo se encuentran los referidos a la creación de los planes regionales de infraestructura urbana y territorial, como señala el mencionado observatorio, sino además su contribución al monitoreo, ajuste y actualización de las políticas que la ley puso bajo su responsabilidad.

La fortaleza de la COMICIVYT radica en que, institucionalmente, se encuentra entendida como una herramienta permanente de articulación transversal en materia de ordenamiento territorial (urbano y rural), sostenida en la ley N° 19.175 Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional (LOCGAR) (...)

Esta comisión, según indica esta misma ley, está integrada por los ministerios de “Vivienda y Urbanismo, cuyo titular lo presidirá; del Interior y Seguridad Pública; Secretaría General de la Presidencia; de Economía, Fomento y Turismo; de Desarrollo Social; de Obras Públicas; de Agricultura; de Minería; de Transportes y Telecomunicaciones; de Bienes Nacionales; de Energía y del Medio Ambiente”.

Este avance de coordinación del sector público, devenido en política permanente para acometer estos objetivos, se entiende como el piso intersectorial fundamental para materializar esta tarea, el que se complementa institucionalmente con otro dispositivo institucional y político, como es el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT), que en los hechos vino a sustituir a los consejos nacionales de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Rural, fusionándolos, con el propósito de “asesorar al Presidente de la República para la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, la Política Nacional de Desarrollo Rural y la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Cuenta con cuarenta y nueve integrantes representantes del sector público, organizaciones de sociedad civil, academia y gremios”. El Consejo en cuanto órgano colectivo, incorpora un importante número de representantes provenientes de los ministerios, organizaciones civiles, universidades, gremios, entre otros, que tiene por virtud, un amplio abanico de participación, ad honorem, desafiando inmediatamente la gobernanza del mismo órgano, cuestión que lo legitima, además. (...)

Estos esfuerzos institucionales de coordinación, no solo apelan a una nueva gobernanza territorial sino, además, terminan siendo una posibilidad de concreción geo-política del estado chileno (fortalecimiento interior implica una proyección articulada desde su política internacional), en el entendido de ir proyectando una planificación estratégica y prospectiva (con instrumentos de ordenamiento y planificación territorial y otros), deseables de encontrar en cualquiera de los programas de gobierno de las actuales candidaturas vigentes, sea en la primaria electoral oficialista, como también las desplegadas desde las derechas, que esperan de la primera vuelta, una suerte de primaria del sector. (...)