Después de Venezuela: el colapso semántico de la democracia

La captura militar de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, seguida del anuncio de que Washington asumirá el control político de Venezuela y reorganizará su industria petrolera, no es solo un acontecimiento geopolítico alarmante y una grave violación del derecho internacional. Es también algo más silencioso y, a largo plazo, más corrosivo: el colapso de un vocabulario moral y político compartido.

Durante décadas, el orden internacional se sostuvo no solo sobre tratados e instituciones, sino también sobre un frágil consenso acerca del significado de ciertas palabras. Democracia significaba un poder sometido a la ley. Justicia implicaba procedimientos, no solo resultados. Seguridad aludía a protección sin dominación. Soberanía suponía que las fronteras

importaban, incluso cuando los regímenes eran corruptos o brutales. Estos conceptos nunca se realizaron plenamente, pero ayudaron a estructurar el desacuerdo. Permitieron a los Estados discutir, condenar, justificar y contenerse mutuamente mediante un lenguaje común.
 
Ese lenguaje está ahora descomponiéndose.
 
Trump y sus representantes presentaron la captura militar de Nicolás Maduro y el anuncio de que Estados Unidos “administrará” Venezuela recurriendo a palabras familiares: aplicación de la ley, justicia, democracia, seguridad. Pero las propias acciones vaciaron el sentido tradicional de esas palabras desde dentro. Lo que queda no es hipocresía en el sentido clásico —decir una cosa y hacer otra—, sino algo más peligroso: agotamiento semántico. Las palabras siguen pronunciándose, pero ya no obligan a quien las utiliza a nada.
 
Pensemos en la expresión “aplicación de la ley”. Aplicar la ley presupone jurisdicción, debido proceso, rendición de cuentas y límites. Una operación militar contra un país soberano, ordenada sin autorización del Congreso y seguida de la exhibición pública de un jefe de Estado capturado, no es aplicación de la ley en ningún sentido reconocible. Llamarla así no aclara la acción; disuelve el significado mismo del término. La ley no puede hacerse cumplir de forma ilegal.
 
O pensemos en la “democracia”. La Administración de Trump insiste en que sus actos sirven a la democracia en Venezuela, mientras ignora abiertamente las restricciones democráticas en su propio país: desafiando mandatos del Congreso, desoyendo resoluciones judiciales, reprimiendo la disidencia y atacando la legitimidad de las elecciones. Cuando la democracia es invocada por un Gobierno que trata el derecho como algo opcional, deja de describir una forma de gobierno y se convierte en un mero adorno del poder. (...)