El costo de denunciar acoso laboral

En una investigación reciente vinculamos más de 11 mil denuncias por acoso laboral presentadas ante la DT entre 2010 y 2020 con los registros del seguro de cesantía, comparando a cada denunciante con un trabajador casi idéntico que nunca denunció.

Lo primero que revelan los datos es quiénes denuncian. No son trabajadores marginales: tienen más experiencia y antigüedad que el promedio, el doble de probabilidad de ocupar cargos directivos, y denuncian en plena trayectoria ascendente. Tiene lógica: quien lleva poco se va; quien acumuló años tiene más que perder. Y son, sobre todo, mujeres.

Lo segundo es lo que viene después. Dentro de un año, el 70% ha dejado la empresa denunciada, muchos con carta de despido. Cuatro años después, el empleo sigue 12 puntos porcentuales abajo entre los hombres y 14 entre las mujeres. Los ingresos caen 40% y 49% respectivamente, sin señal de recuperación.

¿Por qué pérdidas tan grandes y persistentes? La explicación mecánica —perder el empleo es costoso— no basta: las víctimas de despidos masivos, que también pierden el empleo, se recuperan sostenidamente; los denunciantes, nunca. Ese daño adicional es una respuesta a la denuncia misma: represalia de la empresa y una lectura adversa del mercado; la referencia negada, la advertencia informal, la etiqueta de “conflictivo”. (…)

La conclusión —y la oportunidad del rediseño en curso— no es solo filtrar mejor, sino asumir que ese canal no puede ser el único. Las encuestas seguras, que dan negación plausible, elevan fuertemente el reporte. Chile ya cuenta con esa infraestructura: el cuestionario de riesgos psicosociales CEAL-SM/SUSESO, cuya información podría focalizar fiscalización proactiva.

Detectar el acoso no puede seguir dependiendo de que la víctima pague, sola, el costo de hacerlo visible.