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El Mercurio

Hacia un nuevo pacto institucional eléctrico


Foto de José Francisco García y Eugenio García-Huidobro
Profesores Facultad de Derecho
En medio del debate suscitado por errores en el cálculo de tarifas, recriminaciones cruzadas entre autoridades y actores del sector, una acusación constitucional y controversias abiertas por el apagón masivo de febrero, conviene reflexionar sobre el sector eléctrico. Enfrentamos problemas estructurales que trascienden la coyuntura. Este es el tema de la columna que escriben los académicos UC junto a Ronald Fischer, Catalina Medel y Pablo Serra, todos profesores de la Universidad de Chile.

El diagnóstico es ampliamente compartido entre especialistas: una institucionalidad fragmentada, con agencias que operan con escasa coordinación, sin una autoridad que asuma el liderazgo estratégico del sistema o que articule sus desafíos. Esta disfuncionalidad no es solo burocrática. También afecta la inversión, la seguridad del suministro y la confianza ciudadana en un sector clave para el desarrollo económico, la electrificación de la economía y la descarbonización que Chile busca liderar.

Frente a ello, ofrecemos una propuesta de reforma que contemple la redefinición del rol del Ministerio de Energía, la creación de una Comisión para el Mercado Energético (CME) que reemplace a la Comisión Nacional de Energía y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el fortalecimiento del Panel de Expertos, y la modernización del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).

El Ministerio de Energía debe recuperar su carácter estratégico básico. Además de gestionar la coyuntura, debe ser el órgano de planificación y coordinación de largo plazo del sector. Debe concentrar sus tareas en la definición de políticas energéticas a través de la elaboración de proyectos de ley, reglamentos y documentos de trabajo (white papers), fortaleciendo la coordinación interministerial. Sus restantes funciones técnicas deberían trasladarse a la nueva CME, eliminándose sus unidades sin relación directa con su mandato energético.

Luego, y siguiendo el modelo de agencias independientes, proponemos una nueva CME como regulador técnico y colegiado, con atribuciones normativas, fiscalizadoras y sancionatorias. Su consejo directivo, designado por el Presidente con acuerdo de los dos tercios del Senado, aseguraría deliberación técnica y estabilidad de criterios. Dictaría normas técnicas y económicas para el funcionamiento del sistema eléctrico, evaluaría su impacto en el mercado eléctrico, fiscalizaría a las empresas y al CEN, e informaría sobre los cambios legales y reglamentarios propuestos por el Ministerio de Energía.

Su diseño —inspirado en la CMF chilena y en reguladores eléctricos de países desarrollados— permitiría separar la regulación eléctrica de los incentivos del ciclo político, fortaleciendo la confianza del mercado sin debilitar la rendición de cuentas públicas. (...)

 


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