La otra mitad de la seguridad hídrica
En Chile, hablar de seguridad hídrica ha sido, durante mucho tiempo, casi sinónimo de hablar de escasez. La pregunta dominante ha sido cuánta agua hay, o cuánto ha disminuido su disponibilidad, una preocupación justificada tras más de una década de déficit hídrico persistente. Sin embargo, reducir la seguridad hídrica a esta sola dimensión deja fuera una parte decisiva del problema. También importa quién accede al agua, en qué condiciones, con qué calidad, mediante qué instituciones y con qué capacidad para prevenir y responder a sequías, inundaciones y otros eventos extremos. La evidencia reciente sugiere que disponer de agua no basta si los sistemas, las reglas y la infraestructura no permiten gestionarla de manera equitativa, resiliente y sostenible. (...)
En las cuencas áridas del Norte Grande, unos pocos milímetros de lluvia concentrados en pocas horas pueden provocar daños severos. Lo determinante no es solo el volumen precipitado, sino también las características del territorio sobre el cual cae. La escasa cobertura vegetal, las pendientes pronunciadas y la rápida conexión entre las quebradas y las zonas urbanas favorecen un escurrimiento intenso. En estas condiciones, una parte importante del agua no alcanza a infiltrarse ni a recargar los acuíferos; se desplaza rápidamente, se concentra en las quebradas y llega a las ciudades como flujos de barro, sedimentos y rocas. No repone de manera significativa la humedad del suelo ni se transforma, necesariamente, en agua disponible para las personas. Es agua que transita con fuerza por el territorio y que, en su recorrido, causa destrucción.
Desde 2022, Chile cuenta con una definición legal de seguridad hídrica. La Ley Marco de Cambio Climático la concibe como la posibilidad de acceder al agua en cantidad y calidad adecuadas, considerando las particularidades naturales de cada cuenca y asegurando su disponibilidad en el tiempo para el consumo humano, la salud, la subsistencia, el desarrollo socioeconómico y la conservación de los ecosistemas. Esta definición incorpora, además, la necesidad de promover la resiliencia frente a amenazas asociadas tanto a sequías como a crecidas.
La precisión no es menor. La seguridad hídrica no se evalúa únicamente frente a la falta de agua ni puede medirse a partir de promedios nacionales. Depende de las condiciones específicas de cada cuenca y de la capacidad de los territorios para enfrentar eventos extremos de distinta naturaleza. Bajo este estándar, un evento que deja a miles de personas damnificadas destruye viviendas y no incrementa el agua efectivamente disponible no representa una ganancia de seguridad hídrica, sino una pérdida.
Entre las brechas críticas identificadas en nuestra investigación sobre institucionalidad hídrica, una adquiere especial relevancia a la luz de estos episodios: la evaluación de la vulnerabilidad territorial y la gestión del riesgo. Esto supone contar con capacidades para identificar, antes de que ocurran los eventos, los territorios expuestos a riesgos tanto de escasez hídrica como de crecidas, así como las condiciones que pueden agravar sus efectos sobre las personas, la infraestructura y los ecosistemas. (...)
