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El Mercurio

“La protección a la infancia nunca termina”


Foto de Carmen Domínguez
Profesora Facultad Derecho
A meses de comenzar su mandato como integrante del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la académica UC y miembro del Centro UC de la Familia, Carmen Domínguez analiza las amenazas globales contra la infancia, la crisis de las residencias chilenas y los límites de las reformas legales: “La ley no cambia la conducta humana automáticamente”.

 El 23 de junio de 2026, en Nueva York, obtuvo 112 votos y uno de los nueve cupos que disputaban 16 candidatos para integrar, entre 2027 y 2031, el Comité de los Derechos del Niño. La campaña había comenzado apenas dos meses antes; normalmente, dice, estas candidaturas se promueven durante cerca de un año.

—Era una elección muy difícil, porque la Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado internacional más ratificado en la historia. No hay cupos asegurados para ninguna región. Entonces, en realidad, es una elección muy competitiva —dice sonriente, una tarde de julio en el living de su casa.

La Convención cuenta con 196 Estados parte; Estados Unidos es el único país miembro de la ONU que no la ha ratificado. El Comité está compuesto por 18 expertos independientes, elegidos por períodos de cuatro años, que actúan a título personal y no como representantes de los gobiernos que los postularon.

Es un cargo que jamás imaginó poder ocupar. Aunque mirados desde hoy, sus más de 35 años de trabajo en Derecho Civil, Familia e Infancia parecen conducir hasta ese lugar. Domínguez asumirá en marzo, en un momento atravesado por guerras, pobreza, migraciones de niños no acompañados y amenazas digitales:

—Hay muchos flagelos que se cruzan, pero además suelen abordarse en clave de adulto y los niños quedan ocultos. La protección a la infancia nunca termina. Nunca va a llegar un minuto en que digamos que agotamos las posibilidades. (...)

—Chile arrastra una historia de ausentismo paterno que nunca ha abordado con suficiente seriedad. Las reformas al pago de las pensiones de alimentos mostraron tanto las posibilidades como los límites de la ley. La Ley 21.389, publicada el 18 de noviembre de 2021, creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimento y desde 2023 la Ley 21.484 estableció un mecanismo de responsabilidad parental y pago efectivo de las deudas. Aunque la pandemia volvió visible la magnitud del incumplimiento, miles de personas continúan inscritas en el registro:

—No basta la reforma de la legislación. Tenemos que generar una cultura de la corresponsabilidad entre los padres, tenemos que formar una cultura de la paternidad.

—Pero la familia siempre es parte del discurso de todos los gobiernos en Chile. ¿Por qué no se han solucionado estos problemas?

—La mayor parte del tiempo, eso queda en lo discursivo y en campañas. Cuando asumen, las prioridades se reordenan. Y seguimos pensando que de familia todos pueden opinar, porque todos tienen familias. Nos ha faltado rigurosidad técnica en la elaboración de los proyectos de ley y en el desarrollo de las políticas públicas. Aún falta mucha expertise.

A esa falta de especialistas, Domínguez suma un déficit de evidencia. Chile cuenta con cifras demográficas sobre natalidad, matrimonios y composición de los hogares, dice, pero no con encuestas de panel que permitan seguir a las familias durante sus distintas etapas:

—No hemos generado los estudios que nos permitan tener una radiografía exacta de lo que pasa en Chile. Y eso es indispensable para generar políticas que de verdad transformen la realidad de las infancias. (...)

 


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