Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en el comité político
El acto, decisor y sin precedentes –nunca antes en la historia había sido parte de dicho Comité, usualmente conformado por la Secretaría General de la Presidencia, la Secretaría General de Gobierno, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública– pasó a ser de los primeros que le dan una bajada concreta y material al discurso feminista ya característico del mandatario. Y es que ahora, como explican las y los especialistas, se abre una oportunidad; las políticas que buscan la igualdad de derechos para mujeres y disidencias sexuales tendrán prioridad. Y más que eso, serán vistas como parte de un todo integral, teniendo la posibilidad de permear en los distintos ministerios y dimensiones políticas, de manera articulada y no como si se tratara de políticas sectoriales que le corresponden a una determinada cartera o segmento de la población.
(…) El Comité Político, en otras palabras, da cuenta del énfasis direccional, y eso nunca es del todo neutro. Estar ahí tiene en este caso una doble función, explica Guerrero; por un lado institucionalizar y legitimar la participación de la mujer en la política, para que tengamos –finalmente– una representación simbólica y sustantiva en la toma de decisiones. Y por otro, transversalizar la perspectiva de género a todas las áreas gubernamentales.
A eso, la académica de la Universidad Católica y miembro de la Red de Politólogas, Julieta Suárez-Cao, le agrega que todos los ámbitos del Estado tienen un sesgo que favorece a los hombres; “Son instituciones que fueron originadas, interpretadas y dominadas por ellos. Es importante que ahora podamos verlas con lentes de género para desarmar esos sesgos que vienen por diseño”, reflexiona. “En ese sentido – continúa– es necesario tener enfoque de género en salud, educación, hacienda, vivienda y trabajo, y estar en el Comité permite eso en una sociedad en la que ese enfoque ha sido tardío. Para lograr que sea realmente transversal a todas las políticas públicas se requiere de voluntad política, de entramado institucional, pero también de una sociedad civil que esté presente y sea capaz de monitorear la acción del Estado”. (...)
