¿Qué piensan los ciudadanos frente a la crisis climática?

La Dirección de Estudios Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile lanzó los resultados de una encuesta nacional –con muestra probabilística y aplicada vía telefónica a 1.000 adultos– sobre eco-ansiedad y cambio climático. Los hallazgos ofrecen claves valiosas para entender cómo se configuran las preferencias medioambientales en la población chilena. Tres heurísticas destacan con especial nitidez. La primera: lo urgente le gana a lo importante. Aunque una mayoría (59%) indica que se encuentra «muy preocupado» por la contaminación y el cambio climático, otros desafíos sociales como la delincuencia (80%), el mal funcionamiento del sistema político (75%) o la falta de acceso a servicios de salud (72%) concitan aún mayor preocupación en la población. Este patrón coincide plenamente con la noción económica de que las personas descuentan el valor del futuro, en tanto las presiones del presente reducen el peso de aquello temporalmente lejano. 

Segundo, los ciudadanos prefieren acciones ambientales, ya sea de parte del mundo privado o público, cuyos beneficios tengan alcance colectivo. Por ejemplo, un 59% de los encuestados valoran positivamente que una empresa minera financie a comunidades cercanas con iniciativas ambientales como áreas verdes y acceso a agua, pero un 69% valora positivamente que una empresa minera reduzca en 50% sus emisiones invirtiendo en energía renovable y limpia. En otras palabras, se construye mayor legitimidad ambiental con medidas que trascienden el ámbito local y benefician a la sociedad en su totalidad.

Tercero, la ciudadanía respalda mayormente aquella acción ambiental cuyos costos no recaigan directamente en sus bolsillos: un 77% de los encuestados respondió aprobar (o aprobar en parte) invertir fuertemente en energías renovables, «aunque eso implique costos iniciales altos para el país»; un 61% aprueba cerrar todas las centrales de carbón, «aunque implique la pérdida de la fuente laboral para un grupo de personas»; y sólo un 47% aprueba prohibir la venta de autos a gasolina desde 2035, «aunque eso implique que aumenten los costos de los autos nuevos». Es decir, cuanto más lejano y disperso sea el potencial costo, mayor disposición a apoyar la medida.

Los resultados de esta encuesta muestran con claridad meridiana que enfrentar la crisis climática constituye un clásico problema de acción colectiva. Por un lado, los ciudadanos valoran que los beneficios de la acción climática se distribuyan en forma uniforme en la sociedad, pero esto reduce los incentivos económicos individuales para alcanzarlos. Por otro, la ciudadanía valora menos aquellas medidas que implican costos personales directos, de modo que la disposición al sacrificio personal también es baja. En consecuencia, los incentivos económicos y sociales para enfrentar las dificultades climáticas son bajos. (…)