Fraude en licencias médicas: impacto de las sanciones y la urgencia de reformas éticas y legales

Ya han pasado 40 días desde que diarios, matinales, noticieros de radio y tv y redes sociales repetían un mismo titular: la Contraloría General había detectado que 25.078 funcionarios públicos salieron del país entre 2023 y 2024 mientras estaban con licencia médica. El dato, obtenido a partir del cruce entre registros migratorios con bases de la Superintendencia de Seguridad Social, instaló de golpe una duda sobre la probidad del aparato estatal y transformó la noticia en prioridad absoluta de la agenda política. 

En un seminario organizado por el Centro de Políticas Públicas UC, se expusieron cifras precisas y voces autorizadas al creciente problema del exceso —y posible fraude— en la emisión de licencias médicas. La investigación presentada por el economista Pablo Celhay, académico de la Escuela de Gobierno y el Instituto de Economía UC, mostró que las auditorías masivas de 2021 contra 176 médicos lograron reducir en torno al 40% la cantidad de licencias que emitían, pero también evidenciaron que los pacientes sustituyen rápidamente a los doctores sancionados, limitando el efecto correctivo de la medida. 

“Hemos experimentado un aumento significativo en la emisión de licencias médicas durante y después del COVID-19, y no volvimos a niveles prepandemia”, advirtió Celhay. “El 1% de los médicos explica alrededor del 20% del total de licencias” y, tras las auditorías, “la caída por el lado de la oferta fue de 50%, pero por el lado de la demanda solo de 20%”. 

“El 1% de los médicos explica alrededor del 20% del total de licencias” y, tras las auditorías, “la caída por el lado de la oferta fue de 50%, pero por el lado de la demanda solo de 20%”- Pablo Celhay, académico UC

Un instrumento terapéutico en entredicho

La directora de la Escuela de Salud Pública UC, Claudia Bambs, subrayó que la licencia “es un instrumento terapéutico que nuestra sociedad debería cuidar y proteger”. Sin embargo, alertó sobre la otra cara del problema: “Hoy muchos especialistas ven cómo licencias necesarias están siendo rechazadas y no estamos pudiendo otorgar el reposo debido”.

Por su parte, Anamaría Arriagada, presidenta del Colegio Médico, reconoció que la orden profesional “ha fallado” al no resguardar un documento que implica “un costo enorme” para el sistema. “Tenemos una responsabilidad nuclear en este problema”, admitió, anunciando la revisión del código de ética y un refuerzo de la formación sobre buen uso de licencias.

“Hoy muchos especialistas ven cómo licencias necesarias están siendo rechazadas y no estamos pudiendo otorgar el reposo debido”- directora de la Escuela de Salud Pública UC, Claudia Bambs

El exministro de Salud Jaime Mañalich dimensionó el daño fiscal: “Estamos hablando de un gasto indebido que podría alcanzar a un millón de millones de pesos al año”. Según sus cálculos, la persecución actual ya rebajó 300.000 millones entre 2022 y 2023, pero advirtió que el fenómeno de sustitución exige “una reforma que ponga a la Superintendencia de Seguridad Social a cargo de todas las licencias” y fije un presupuesto techo en la ley.

“Cultura del aprovechamiento”

Para el excontralor general, Ramiro Mendoza, el fraude en licencias es “solo un síntoma de la cultura del aprovechamiento que se ha instalado en Chile” y de “un Estado colapsado” que no coordina a sus organismos ni cobra a los servicios públicos el costo de las licencias mal otorgadas. “Si no hacemos cosas distintas, no obtendremos resultados distintos”, sentenció.

“Si no hacemos cosas distintas, no obtendremos resultados distintos"- Ramiro Mendoza, excontralor general 

Los panelistas coincidieron en que perseguir a los “hiper-emisores” es necesario pero insuficiente. Se requieren otras medidas, como monitoreo en línea y bajo costo para detectar patrones anómalos —la intervención experimental de mensajes de alerta propuesta por Celhay ahorró hasta 70.000 millones de pesos anuales; reformas legales que unifiquen el control en un solo organismo y fijen topes de gasto; formación ética robusta en facultades de Medicina y otros programas de salud; y corresponsabilidad de empleadores y pacientes, de modo que los primeros cobren los subsidios mal pagados y los segundos compartan el beneficio económico de un uso correcto.

Los panelistas coincidieron en que perseguir a los “hiper-emisores” es necesario pero insuficiente. Se requieren otras medidas, como monitoreo en línea y bajo costo para detectar patrones anómalos; reformas legales que unifiquen el control en un solo organismo y fijen topes de gasto; formación ética robusta en facultades de Medicina; corresponsabilidad de empleadores y pacientes.

El mensaje que dejó el encuentro es claro: las sanciones funcionan, pero si no se abordan las raíces culturales, éticas y regulatorias del problema, el fraude mutará y persistirá. “No hay bala de plata”, resumió Celhay; la solución pasa por atacar simultáneamente la oferta y la demanda y, sobre todo, reconstruir la confianza en un instrumento terapéutico vital para trabajadores y sistema de salud.