Rector Sánchez profundizó en el tema de la gratuidad en Educación Superior

Bajo el título “Gratuidad en Educación Superior. ¿Avance o retroceso en la inclusión?”, el rector Ignacio Sánchez publicó una columna en el diario El Mercurio. En ella expresó: “La educación es un derecho social y la principal herramienta para el desarrollo de las personas y el crecimiento integral de la sociedad. El acceso equitativo y con igualdad de oportunidades de estudiantes con talento y esfuerzo, que no cuentan con los recursos económicos para ingresar y desarrollar sus estudios en la Educación Superior (ES), debiera ser un objetivo del país. Por supuesto, como toda política pública, debe ser bien analizada e implementada de manera gradual y en los tiempos adecuados. Lamentablemente, en los anuncios de la gratuidad  ha habido improvisación, confusión e incertidumbre”.

El rector explicó: “De acuerdo a lo informado esta semana, el beneficio iría solo a las universidades del Cruch y a la educación técnico-profesional (ETP) sin fines de lucro, lo que segrega y discrimina a un significativo número de estudiantes, quienes representan a más del 50% de los elegibles para acceder a este apoyo. De manera especial, esta propuesta no se hace cargo de los estudiantes más vulnerables de la ETP, quienes requiriendo de manera urgente esta ayuda, en su gran mayoría quedan fuera del beneficio, la totalidad de ellos en varias regiones del país”.

Según escribió la autoridad académica, el inicio de la gratuidad en el año 2016, será a través de la ley de presupuesto y no por medio de un proyecto de ley de calidad y financiamiento de la ES, lo que haría más integral su implementación. “De hecho, al igual que el año pasado, en las reformas de la educación escolar, aún no se han explicitado elementos en la línea de velar por la calidad de los proyectos educativos en ES.  Se ha informado que los aranceles de referencia serían la base del cálculo futuro, sin embargo ellos son insuficientes, no valoran la calidad de la docencia y hoy reciben un importante subsidio de las instituciones para acoger a los estudiantes más vulnerables. Incluso, de manera sorprendente se han presentado propuestas que pretenden igualar todos los aranceles, lo que atentaría de manera directa con la calidad de los programas, un grave error e imposible de apoyar”, enfatizó.

“Desde hace varios meses hemos manifestado nuestra preocupación por el avance del tiempo y la falta de definiciones en una materia de tanta relevancia para los estudiantes, sus familias y el país. Nos preocupa no conocer el marco de referencia de esta política pública. Es crucial conocer las normas de su implementación, el respeto por la autonomía e ideario institucional, por la libertad académica y el desarrollo curricular de las instituciones, la variedad de las diferentes formas de gobierno universitario que se va a estimular y la manera de participación de la comunidad universitaria. Es fundamental por otra parte, asegurar la mantención de los beneficios y becas de los estudiantes que no entren en esta política de gratuidad. Hay que exigir el cumplimiento por parte del estado de sus obligaciones económicas, ya que este año ha existido más de cuatro meses de retraso en el pago de los beneficios estudiantiles, lo que afecta gravemente el presupuesto, en especial de las instituciones públicas regionales. Se debe estimular el crecimiento del sistema universitario de calidad y evitar las restricciones que mantengan la calidad actual por unos años, pero que sin embargo en el futuro cercano pueden significar el deterioro de lo que se ha logrado con el esfuerzo de las diferentes comunidades académicas. Debido a las restricciones económicas y a la dificultad actual para avanzar en gratuidad más allá del 70 % de los estudiantes vulnerables, es el momento de volver a analizar la implementación de un sistema de créditos para los estudiantes sin gratuidad, con cero interés y un pago atingente al ingreso”, puntualizó.

El rector Sánchez dijo que la promesa inicial del Ministerio de Educación fue asegurar el cumplimiento de los presupuestos actuales de las universidades y trabajar en conjunto la implementación de la gratuidad. “Es lo que hemos ofrecido y esperado, aún sin resultados. Un trabajo conjunto necesario para avanzar en la calidad del sistema, asegurando estándares internacionales, una regulación de acuerdo a las necesidades actuales y un sistema de financiamiento de la docencia centrado en los estudiantes. Además, se requiere un sistema de financiamiento real de la labor de investigación y creación de nuevo conocimiento, aspecto vital e irrenunciable de las universidades de calidad”, agregó.

Sobre los proyectos educativos, precisó que es necesario entender la diversidad de los proyectos que se han desarrollado en la historia de Chile y destacar la importancia de estimular la calidad del sistema de Educación Superior. “De manera especial, es vital respetar la libertad académica, que será un factor clave para el crecimiento del sistema universitario. Los recursos son el medio y no el fin para alcanzar los grandes objetivos. La gratuidad es más que una nueva forma de financiar la educación de nuestros estudiantes. Debe ser entendida como una manera de asegurar el acceso a la formación integral de los jóvenes, en un ambiente de aseguramiento de la calidad, con mayor equidad en el acceso y respeto a la libertad de ideario y enseñanza de las instituciones. Comprender estos elementos involucrados en la gratuidad, va a asegurar una política pública bien implementada, con apoyo ciudadano y un impacto significativo en el desarrollo integral de los estudiantes. El país lo requiere y lo espera”, concluyó.

INFORMACIÓN PERIODÍSTICA
Virginia Soto-Aguilar C., periodista, msotoagu@uc.cl