Se logró acuerdo entre la UC y el Estado de Chile tras la demanda interpuesta por la universidad

En el mes de enero de este año, la Pontificia Universidad Católica de Chile presentó una demanda contra el Estado de Chile por incumplimiento de la ley vigente. La demanda tuvo origen en la omisión en la Ley de Presupuesto del sector público para el año 2017 de los recursos de los Aportes Fiscales Indirectos (AFI) tanto a nivel de la glosa específica como de otras partidas presupuestarias.

Luego de ser recibida por el Consejo de Defensa del Estado y seguir su curso regular en los tribunales de justicia, a solicitud del gobierno se convino un receso de dos meses en la demanda, destinado a iniciar conversaciones que permitieran llegar a una propuesta que abordara la problemática en forma sistémica.

“Las conversaciones entre los ministerios de Educación, Hacienda y la UC se realizaron en un ambiente de confianza y buena voluntad”, destacó el rector. Este hecho permitió alcanzar “un acuerdo que recoge la solicitud de la universidad y le da una solución a la situación demandada”, agregó.

En lo esencial, el acuerdo alcanzado considera una entrega parcial y acotada de recursos, que se enmarca dentro de las restricciones presupuestarias que enfrenta la nación. Estas se otorgarán por concepto de AFI, beneficiando de este modo a diversos actores del sistema.

De manera complementaria, se abrirán fondos concursables en áreas de investigación e innovación, iniciativa que ofrecerá a las universidades la posibilidad de postular a nuevos recursos que serán coordinados por la División de Educación Superior del Ministerio de Educación.

"Desde mi punto de vista, salvo que uno quiera mirarlo con ojos muy sesgados, aquí hay un reconocimiento del Estado de que hay un error que se enmienda", declaró el rector Ignacio Sánchez a El Mercurio. "¿Por qué nosotros llegamos al acuerdo? Porque siempre hemos tenido voluntad de diálogo, y si hicimos la demanda es porque vimos que no había otro camino. Pero no habernos abierto a conversar y a llegar un acuerdo, habría sido una instransigencia que no hubiera tenido mucho sentido. Este acuerdo es mucho mejor que cualquier juicio en el sentido de que si el gobierno reconoce, enmienda el error y dentro de las restricciones le entrega recursos a todo el sistema, es lo que nosotros pedíamos".

Junto a lo anterior, el gobierno ha informado que enviará a futuro un proyecto de ley que terminará con los Aportes Fiscales Indirectos, a fin de sustituirlos por otros de carácter basal, de mayor impacto en la calidad de las instituciones.

“La propuesta convenida le da un marco de trato uniforme y global en el término del AFI a todo el sistema de Educación Superior”,  señaló el rector Sánchez.  

Con respecto de la UC, manifestó por su parte que “valoramos que los Ministros de Educación y de Hacienda hayan considerado las restricciones en la distribución de los aportes públicos que ha enfrentado nuestra Universidad para la generación del conocimiento de alto nivel. Igualmente, valoramos la disposición a introducir mecanismos que eviten cualquier forma de inequidad para nuestra Universidad en el Convenio por Desempeño, a partir de la propuesta de presupuesto del año 2018”.

A fin de implementar los acuerdos formales alcanzados, las instituciones trabajarán de manera conjunta próximamente.