A veinte años de los tribunales de familia
Dos décadas han transcurrido desde la creación de los tribunales de familia. En ese contexto, la Universidad Católica realizó el seminario 'Ley de Tribunales de Familia: Veinte años de avances, desafíos y perspectivas'. En la instancia, Carolina Salinas Suárez, directora del Centro UC de la Familia, expresó que, según datos disponibles en el Poder Judicial, 'durante el período parcial de 2025, nuestros tribunales han recibido 419.516 nuevas causas, procesando y resolviendo 337.331 casos'.
Los números revelan parte de la complejidad del sistema: a pesar de la resolución del 80,4% de los casos, existen 2.348 causas pendientes por cada tribunal.
Sobre el total de causas, Salinas añadió que 'casi el 36% de los casos corresponden a medidas de protección y violencia intrafamiliar, confirmando nuestro rol esencial como garantes de la seguridad y bienestar de niños, niñas, adolescentes y víctimas de violencia'.
Salinas comenta a 'El Mercurio' que 'las cifras hablan de la enorme cantidad de trabajo que soporta la judicatura de familia'. En ese sentido, sostiene que 'hoy es urgente dotar de los suficientes recursos a la justicia de familia, sobrepasada por la cantidad de tareas que se les han impuesto sin aumentar presupuesto para contar con el personal necesario'. No obstante, asegura que 'a pesar de los problemas, la estructura actual de los tribunales de familia ofrece una base adecuada para impulsar cambios proactivos'. (...)
Salinas lamenta algunas debilidades del sistema, como que 'la audiencia preparatoria suele reducirse a un trámite formal, perdiendo su función sustantiva'. En ese marco, afirma, 'una de las propuestas analizadas en el seminario fue sustituir la audiencia preparatoria por múltiples conferencias preparatorias. Otra de las debilidades, menciona, es que 'la conciliación es una herramienta valiosa pero subutilizada'. Y en general, 'las dificultades prácticas son evidentes: los principales intervinientes suelen ser personas de escasos recursos, lo que acentúa la desigualdad en el acceso a la justicia' y que 'los peritajes solicitados al Servicio Médico Legal pueden tardar más de un año'.
