Aprender a convivir para fortalecer la democracia
Las cifras son elocuentes: las denuncias por convivencia escolar se duplicaron en la última década, alcanzando el 70% del total ante la Superintendencia. Un tercio de los docentes presenta desgaste emocional y el 20% abandona la profesión en sus primeros cinco años. Solo el 36% de la ciudadanía considera los colegios espacios seguros. Esta realidad exige respuestas estructurales que el proyecto intenta articular.
El fortalecimiento de los equipos de convivencia educativa, aunque criticado por financiamiento insuficiente, resulta esencial. Contar con coordinadores especializados del área psicosocial no constituye imposición burocrática, sino reconocimiento de que la convivencia requiere competencias profesionales específicas. Es imperativo que el Estado garantice recursos para su implementación efectiva, especialmente en establecimientos vulnerables y zonas donde escasean profesionales calificados.
La obligatoriedad del Consejo Escolar para todos los establecimientos democratiza la gobernanza. La evidencia demuestra que la participación estudiantil genuina –no meramente consultiva– constituye factor protector contra la violencia. Cuando las voces estudiantiles no encuentran espacios institucionales, emergen formas disruptivas que deterioran la convivencia.
El proyecto acierta al proponer un enfoque integral articulando promoción, prevención y atención intersectorial. No obstante, debe superar la mirada procedimental para abordar la dimensión pedagógico-curricular. La disociación formativa del currículum actual, donde conceptos como solidaridad e interculturalidad tienen escasa presencia en las bases curriculares, perpetúa un modelo que prioriza resultados académicos sobre formación ciudadana. (...)
