Ley Fintech y lavado de activos
Entre los detenidos se incluye un ejecutivo del Banco Santander, José Pérez Asencio (33). El imputado, quien será formalizado el domingo, utilizó sus conocimientos para mover grandes cantidades de dinero hacia el extranjero entre los años 2022 y 2025. Pero ejecutivo no usó los sistemas del Banco Santander para hacerlo, ni su posición en la entidad de capitales españoles, sino que abría cuentas corrientes en distintos bancos, como cualquier otra persona natural, para ejecutar los movimientos.
Para prevenir e impedir la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), en Chile la ley exige a la industria financiar informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) las operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de sus actividades o funciones. Se trata de los denominados Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que envían los bancos y otras instituciones a la UAF.
Entre otras cosas, la Ley N°19.913 define como operación sospechosa ‘todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente’. (…)
Ante este caso, el presidente de la Asociación de Bancos (Abif), José Manuel Mena, afirma que ‘la lucha contra el lavado de activos exige coordinación permanente entre el sector privado y las instituciones públicas. Bajo esa convicción, la banca chilena lleva años construyendo mecanismos concretos de cooperación con el Ministerio Público y la UAF’.
Mena también cree que hay aspectos que se podrían mejorar para prevenir el lavado de activos. En ese sentido, estima que ‘hay brechas que aún requieren atención’. Y el gremio tiene propuestas concretas. Por ejemplo, explica que ‘a diferencia de lo que ocurre en México, Australia, Reino Unido o Singapur, Chile no cuenta con mecanismos que permitan compartir información de ROS entre instituciones privadas y la UAF. Cerrar esa brecha requeriría ajustes legales, una discusión que desde la industria se considera oportuno evaluar’. (…)
A juicio de la industria, los bancos y las instituciones financieras funcionan hoy en este ámbito, en buena medida, a ciegas. La regulación entrega lineamientos y criterios para reportar, pero el flujo va en una sola dirección: los bancos envían los reportes y la UAF hace lo que estime pertinente. Las instituciones no reciben feedback para saber en qué cuentas, personas, empresas, o lugares deben poner mayor atención. Y tampoco pueden compartir información entre las distintas entidades para levantar alertas si alguna institución está observando algo sospechoso. (…)
