`Permisología’ y la coordinación que falta
Hace algunos días, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó las impugnaciones presentadas por diputados oficialistas contra el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Con este fallo, la iniciativa queda por fin lista para su promulgación. Es una noticia destacable: probablemente contribuirá a agilizar la tramitación de proyectos de inversión —muchos de ellos estratégicos para el desarrollo económico y la lucha contra el cambio climático— que llevan años empantanados en los laberintos de la permisología chilena.
El proyecto promete mejorar, sobre todo, los procedimientos para evaluar las solicitudes de permisos que condicionan el desarrollo de estos proyectos. Pero hay que decirlo con franqueza: aun con esta reforma, queda pendiente un problema estructural que amenaza con restar buena parte de su potencial transformador. Me refiero a la falta de coordinación entre los distintos reguladores sectoriales, un desafío que exige que la maquinaria del Estado deje de operar como un archipiélago de islas inconexas y actúe como una estructura articulada y coherente.
Hoy, incluso proyectos de mediana escala deben pasar por el escrutinio de múltiples reguladores, cada uno de los cuales opera con sus propios criterios y exigencias. No existen instancias procedimentales que los articulen entre sí de forma efectiva. Y esa ausencia de coordinación mínima genera duplicidades, exigencias contradictorias y, sobre todo, incertidumbre regulatoria. El resultado es predecible: tramitaciones más largas de lo necesario, costos innecesarios para inversionistas y comunidades, y un retraso acumulado que puede seguir haciendo inviable una inversión.
Este no es un problema por falta de mandatos normativos. La Constitución y las leyes están plagadas de principios que ordenan a la administración pública actuar coordinadamente. El problema es que, sin procedimientos claros, responsabilidades definidas e incentivos reales para cooperar, esos principios no pasan de ser promesas vacías. La coordinación administrativa sigue siendo, en la mayoría de los casos, un ideal en el papel, pero ausente en la práctica.
La experiencia comparada demuestra que este problema no es exclusivo de Chile, pero también que existen fórmulas concretas para enfrentarlo. En el mundo anglosajón, Estados Unidos asigna a una ‘agencia líder’ la responsabilidad de coordinar la evaluación ambiental de un proyecto con todos los demás organismos involucrados, evitando que su titular deba multiplicar gestiones por separado. Canadá cuenta con la Major Projects Management Office, una ventanilla única que coordina a los reguladores y mantiene un calendario común para proyectos estratégicos. (...)
