Propuestas de urgencia para fortalecer la profesión docente en Chile

Mejorar la calidad de la educación en Chile sigue siendo un problema estratégico del país y en la calidad de sus profesores se encuentra buena parte de la solución.

La Ley de Carrera Docente de 2016 que regula la formación inicial docente representa el amplio consenso construido en las últimas tres décadas para fortalecer la profesión, transformando a Chile en un referente en América Latina.

Esta política pública se basa en sólida evidencia internacional y nacional respecto del efecto positivo que tienen en la formación docente y desempeño posterior, tanto los criterios de ingreso a las pedagogías como también la existencia de un sistema robusto de aseguramiento de la calidad de sus programas. Chile ha avanzado en esos dos frentes: estableció un puntaje mínimo de ingreso (percentil 50) y creó un sistema de acreditación obligatoria, eliminando la oferta deficitaria. Por cierto, la eficacia de la formación inicial también se explica por otros factores (formación práctica), pero estos dos aspectos actúan como un umbral mínimo de alto retorno.

Sin embargo, la Cámara de Diputados discute un proyecto de ley del Ejecutivo (Boletín N° 17442-0) que elimina uno de los pilares de esta ley: los criterios mínimos de ingreso a las pedagogías. De aprobarse, se retrocedería en una decisión debatida y consensuada, ignorando la evidencia científica mundial sobre un factor que impacta en la calidad de la educación. Ciertamente, el Ejecutivo con ello está intentando abordar el efecto negativo proyectado en las matrículas de las pedagogías, especialmente en regiones, que tendrá la aplicación del percentil 60 que estipula la ley y que ha sido sostenidamente postergado (estando hoy en el percentil 23).

Pero es preocupante que dicho proyecto se fundamente en un supuesto equívoco (proyección de déficit docente revisitada por nueva evidencia), incorporando una solución cortoplacista (eliminar los requisitos de ingreso), que sacrifica los objetivos educativos de largo plazo mencionados y desestima soluciones de política pública disponibles para abordar tanto un supuesto déficit docente como la reducción de matrículas en universidades regionales. (...)