Un nuevo orden político-territorial en el borrador constitucional

Estas definiciones, entre otras, contenidas en la Comisión de Forma de Estado, independientemente de los ajustes que logre la armonización de la comisión encargada de tal tarea, permiten constatar, tal como las definiciones consignadas en opiniones anteriores, que la transición a un nuevo orden territorial no solo se acelerará (de aprobarse el texto final), sino que instalará además un nuevo paradigma de cómo entender la persona humana situada en la territorialidad en la que realiza el desarrollo de su cotidiano, proyectos personales, colectivos, como también políticos bajo una institucionalidad constitucional que, sin lugar a dudas, fortalecerá las tareas ya avanzadas, a saber, las políticas de desarrollo urbano y rural, así como las de ordenamiento territorial y los instrumentos de planificación territorial regionales y comunales.

En otra oportunidad nos referimos a esta situación, esto es, la transición a un nuevo orden territorial interno. Indicamos que el mismo se venía dando a ‘paso cansino’ desde la recuperación de la democracia y que había tenido un salto importante, aunque no suficiente, con la leyes que apuntaron a la regionalización más intensa, a propósito del traspaso de competencias y atribuciones a los gobiernos regionales, como también aquella que profundiza la descentralización, por lo menos la política, tras lograrse la elección popular de gobernador(a) regional, sin perjuicio de la permanencia centralista que permite la forma ‘Delegación Presidencial’, todo ello logrado durante el segundo Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, junto a la coalición Nueva Mayoría.

También afirmamos que la nueva Constitución debía hacer del territorio un elemento sustantivo desde la perspectiva de los principios de equidad y justicia territorial, en el entendido que era básico y necesario incorporar estos elementos para subsanar una de las más profundas brechas socioeconómicas, sociopolíticas y socioculturales a escala nacional, implicando una indignidad humana formalizada/visibilizada durante el estallido social pero de larga data en la historia política y social del país, reconociendo que, desde la recuperación de la democracia hubo avances por medio de políticas públicas en áreas sensibles como la salud, educación y servicios sociales en  general. En cuanto a las políticas territoriales el avance fue poco y la evidencia está en la brecha permitida en el centralismo vs. descentralización. (...)