Veredicto del caso SQM y las falencias que tuvo la causa
El veredicto que absolvió a Marco Enríquez-Ominami, Pablo Longueira y Patricio Contesse (y a otros cinco acusados) en el caso SQM (financiamiento ilegal de la política, delitos tributarios, soborno y cohecho) sigue generando un intenso debate; no solo por el fallo en sí mismo si no por las debilidades expuestas por el Tercer Tribunal en lo Penal de Santiago: la demora excesiva en el proceso, la vulneración de garantías a los acusados y la presentación de pruebas innecesarias.
La directora del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Católica, Priscila Machado, y el académico del mismo plantel, Ignacio Ried (especialista en estrategia y litigación civil y criminal), señalan que es apresurado ampliar juicios respecto al caso SQM mientras la sentencia no esté redactada. De igual modo, ponen atención en los problemas que tuvo el Ministerio Público en la tramitación de la causa y en el extenso juicio que se extendió por casi tres años y lo que creen respecto a si existe o no dos tipos de justicia en Chile, como lo han dicho algunos exfiscales.
“No existen dos justicias”
—El fallo de SQM expuso una serie de problemas del Ministerio Público. ¿Cuál es la falencia que se visualiza en este caso en particular?
—Priscila Machado (PM): La impresión que surge, no solo de este caso, sino que en otros que han sido denominados como “megajuicios”, es que la reforma procesal penal no fue diseñada para este tipo de causas, que por la cantidad de material probatorio, complejidad de los asuntos, y otros detalles, exigen la prolongación de sus audiencias a muchos meses e incluso varios años. En efecto, uno de los principios que se establecieron con la reforma, además de la inmediación y la oralidad, es el de continuidad, a fin de garantizar rapidez y evitar las prolongaciones de los juzgamientos. Quizás sea necesario partir por reflexionar sobre el uso óptimo de las reglas procesales, o incorporar algunas nuevas que permitan a los jueces un manejo eficiente de las audiencias, evitando prolongaciones innecesarias. Esto parte en la audiencia preparatoria del juicio oral, en que se deben filtrar las pruebas, y en las facultades de los jueces de gestionar con eficiencia las audiencias de juicio, para luego verificar aspectos estructurales, asumiendo que, en este tipo de procesos, la dilación del juicio puede ser de responsabilidad compartida con el Ministerio Público y la defensa.
—Existen otras opiniones, como las de los mismos fiscales del caso, que aseguran que los delitos sí se probaron y que la tardanza no se debió sólo a problemas del Ministerio Público. ¿Le parece sana la litigación por la prensa para el sistema?
—PM: En primer lugar, es complejo cualquier acercamiento crítico a la decisión absolutoria si el fallo no ha sido dictado, contando sólo con el veredicto. Obviamente, el Ministerio Público intentará defender su posición, y puede parecer legítimo que lo haga, considerando que se trata de una causa de innegable relevancia pública, donde los medios tienen el deber de realizar la mejor cobertura, obteniendo —en lo posible— la versión de los propios involucrados. El problema se verifica cuando se intenta trasladar el litigio, la discusión de fondo, la justificación de las posiciones que se sostuvieron o se sostendrán ante los jueces por la prensa, porque carece de sentido judicial práctico. Los argumentos son dirigidos a convencer a los jueces, y puede ser útil explicarlos a la opinión pública, pero aún es muy temprano para realizar un acercamiento crítico al fallo, porque aun no se dicta, y también está la posibilidad de recurrirlo. (...)
