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Participó Centro de Justicia y Sociedad

Crimen organizado, inmigración y delito y violencia sexual: reunió a expertos de Chile y España


Por segundo año se realizó el Encuentro Chile – España sobre "Delincuencia y Justicia Penal". En la instancia, ocurrida en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, participaron especialistas del Centro de Justicia y Sociedad UC.

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photo_camera Entre las proyecciones para la próxima edición del encuentro —que se realizará en 2026— se propuso abordar el tema de la prisión preventiva: la necesidad de analizar su uso creciente en Chile, donde la proporción de personas en prisión preventiva ha pasado del 25% al 40% de la población privada de libertad. Mientras que, en contraste, España redujo dicha proporción desde un 40% a menos del 15%. Foto: Freepik

Un encuentro internacional para congregar a docentes, actores institucionales y sociedad civil: así fue el Encuentro de Chile y España sobre "Delincuencia y Justicia Penal", en el que se aborador temas claves como inmigración y delito, crimen organizado y violencia sexual.

La jornada -que inauguró la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, Susana Navas-, contó con la participación del Centro de Justicia y Sociedad UC.

“Cada país presentó sus investigaciones y se debatió en torno a las similitudes y diferencias en los hallazgos y se hizo una mesa de cierre donde discutimos en torno a cuáles eran los temas más relevantes y los mayores desafíos en las nuevas formas de complejidad criminal en Chile y España. Pudimos levantar buenas prácticas y también desafíos desde el punto de vista de la investigación, y se relevó la importancia de generar buenos datos, así como implementar prácticas efectivas en los sistemas penal y penitenciaria de ambos países”, destacó Catalina Droppelmann, directora ejecutiva del Centro de Estudios de Justicia y Sociedad UC.

"Pudimos levantar buenas prácticas y también desafíos desde el punto de vista de la investigación, y se relevó la importancia de generar buenos datos, así como implementar prácticas efectivas en los sistemas penal y penitenciaria de ambos países”- Catalina Droppelmann, directora ejecutiva del Centro de Estudios de Justicia y Sociedad UC

Aumenta la Ciberdilencuencia y delitos sexuales

Durante la primera mesa de trabajo, el encuentro internacional profundizó en la temática de la inmigración, delincuencia y justicia penal, con un panel compuesto por Elisa García, catedrática de Criminología de la Universidad de Málaga; Romina Ramos, académica de la Universidad de Tarapacá, y Carmen Navarro, profesora titular de Derecho Procesal, Universidad Autónoma de Barcelona.

“Hay tendencias comunes a nivel global, en que los elementos más relevantes en el ámbito de la criminalidad, tanto en Chile como en España, son las expresiones de violencia, los delitos sexuales -que han ido como al alza- y la ciberdelincuencia. Estos tres factores, se conjugan en expresiones de criminalidad, como, por ejemplo, asociada a la trata de personas, que es el caso que investigo. Compartimos también elementos respecto al comportamiento del sistema penal, en que nos falta avanzar en términos del reconocimiento de los delitos asociados al género. También discutimos el mito del vínculo entre migración y delincuencia”, dice Romina Ramos, académica de la Universidad de Tarapacá y directora alterna Núcleo Milenio Complejidad Criminal.

“Hay tendencias comunes a nivel global, en que los elementos más relevantes en el ámbito de la criminalidad, tanto en Chile como en España, son las expresiones de violencia, los delitos sexuales -que han ido como al alza- y la ciberdelincuencia"- Romina Ramos, académica de la Universidad de Tarapacá y directora alterna Núcleo Milenio Complejidad Criminal

Además, en un segundo panel sobre crimen organizado, expusieron Andrea Giménez-Salinas, profesora de la Universidad Pontificia de Comillas y presidenta de la Fundación FIADYS; Pablo Carvacho, director de investigación y desarrollo, Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC (CJS) e investigador principal Núcleo Milenio Complejidad Criminal y Sergio Faúndez, doctorando de Criminología Universidad Pompeyo Fabra.

La actividad fue organizada por el Centro de Justicia y Sociedad UC, el SGR en Justicia Penal y Penología (Universidad de Girona – Universidad Autónoma de Barcelona) y el Núcleo Milenio Complejidad Criminal, proyecto financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). Además, contó con el apoyo de la Embajada de Chile en España. Créditos: CJS UC. 

A continuación, se debatió sobre prevención y respuesta del Estado a la delincuencia sexual, en el que participaron Thuy Nguyen, profesora de la Universidad Internacional de Cataluña; Francisca González, coordinadora del área de Infancia del Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC; Paloma del Villar, directora del Observatorio de la Niñez de Fundación Colunga (Chile) y Elvira Vergara, doctoranda de la Universidad Pompeu Fabra.

“Junto a Paloma del Villar, presentamos los datos del informe contra la violencia y también sobre la consulta a niños, niñas y adolescentes (NNA), en el contexto de la ley de entrevistas videograbadas”, afirmó Francisca González, coordinadora del área de Infancia del CJS.

La jornada finalizó con una mesa de conversación sobre Crimen y Castigo en Chile y España en el siglo XXI, en la que participaron Catalina Droppelmann; Osvaldo Vásquez, coordinador de proyectos, Corporación Opción Chile; Daniel Varona, catedrático de Derecho Penal y Criminología, Universidad de Girona; Carles Soler, Dirección General de Servicios Penitenciarios, Generalitat de Cataluña; Francesc Guillén, presidente de la Asociación Catalana para la Prevención de la Inseguridad a través del Diseño Ambiental (ACPIDA) y Josep Cid, catedrático de Derecho Penal y Criminología, Universidad Autónoma de Barcelona. 

Entre las proyecciones para la próxima edición del encuentro —que se realizará en 2026— se propuso abordar el tema de la prisión preventiva: la necesidad de analizar su uso creciente en Chile, donde la proporción de personas en prisión preventiva ha pasado del 25% al 40% de la población privada de libertad. Mientras que, en contraste, España redujo dicha proporción desde un 40% a menos del 15%. 
 


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