El Centro de Bioética UC advierte sobre los riesgos del proyecto de Ley de “muerte digna”

El debate legislativo sobre el proyecto de ley denominado “Muerte digna” ha marcado un hito en la historia política, médica y jurídica de Chile. Y frente a este contexto, el Centro de Bioética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a solicitud de la ministra de Salud, Dra. Ximena Aguilera, elaboró un informe con observaciones sustantivas que fue presentado por el decano de la Facultad de Medicina, Dr. Felipe Heusser, en la Comisión de Salud del Senado. 

A lo anterior, se suma la declaración pública de decanos de facultades de Medicina de siete universidades del país, publicada en La Tercera el domingo 7 de septiembre de 2025, que reafirma la oposición a una iniciativa que, como afirma el Centro de Bioética, busca autorizar la eutanasia y el suicidio asistido.

Sin embargo, el 9 de septiembre, la comisión de Salud del Senado aprobó, por tres votos a favor y dos en contra, el proyecto que establece el derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable, con lo que será despachada a la Sala de la Cámara Alta para ser analizada.

El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile expresó su profunda preocupación respecto de la decisión de la Comisión de Salud del Senado de aprobar la idea de legislar sobre la eutanasia. A través de una declaración pública, los obispos recordaron que esta decisión “contraviene de manera clara la enseñanza de la razón natural y reafirmada por la fe cristiana”. Citando a san Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium vitae, reiteraron que “la eutanasia sigue siendo un acto inadmisible, incluso en casos extremos, ya que constituye «una grave violación de la Ley de Dios, en cuanto eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana»” (n. 65).

Principales puntos 

A continuación, se presentan los puntos más relevantes del documento “Algunos comentarios al proyecto de Ley “Muerte digna y cuidados paliativos”, en tramitación actual en la comisión de salud del Senado”, elaborado por Iván Pérez H., Paulina Ramos V., Marcelo Barrientos Z., Mauricio Candia P. y Patricia Olivares O., todos miembros del Centro de Bioética UC. 

• La vida como bien indisponible

El punto de partida del análisis es el reconocimiento de la vida humana y la persona misma como un bien indisponible, fundado en la dignidad intrínseca de toda persona. Esta convicción, recogida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, no depende de la condición de salud ni de la autonomía individual. 

El proyecto establece contradicciones normativas profundas. Si la eutanasia y el suicidio asistido medicamente asistidos dejan de ser punibles, se configura una excepción al principio penal de protección de la vida que debilita las bases del sistema jurídico. En la práctica, se legitima un homicidio por compasión, contraviniendo el deber del Estado de garantizar la inviolabilidad de toda vida humana. 

La moción relativiza la vida al permitir que se disponga de ella bajo categorías imprecisas, como la de “problemas de salud graves e irremediables”. Esta ambigüedad normativa permitiría incluir pacientes con enfermedades crónicas tratables —diabetes avanzada, insuficiencia cardíaca o renal, entre otras— que, aunque graves, no constituyen un estado terminal.

Legalizar la eutanasia podría transmitir que la vida pierde valor ante la enfermedad y el sufrimiento, contradiciendo el principio médico de preservar la vida. Esto generaría presión sobre los más vulnerables, quienes podrían sentirse una carga económica o creer que el dolor resta dignidad a su existencia. En vez de ofrecer la muerte, el Estado debería fortalecer alternativas como cuidados paliativos y apoyo psicológico y social, que alivian el sufrimiento sin quitar la vida y reafirman la dignidad en todas las etapas por la que atraviesa el paciente.

• Fines de la medicina y compasión mal entendida

La medicina tiene como fines primordiales curar, cuidar, aliviar el sufrimiento y acompañar al paciente durante todo el transcurso de su vida, sin provocar deliberadamente la muerte. La propuesta de reconocer la “asistencia médica para morir” como un derecho, implica una distorsión conceptual: matar no es un acto médico, no constituye prestación sanitaria y no puede ser considerado terapéutico. Transformar la eutanasia en deber del médico significa imponerles a los profesionales de la salud un acto contrario a su vocación y a los códigos de ética profesional, que prohíben explícitamente realizar acciones cuyo fin directo sea poner término a la vida de un paciente. 

La carga de la justificación debe recaer en quien considera lícito provocar la muerte, no en aquel que cumple con su deber de procurar que nadie muera con dolor ni en soledad. 

• Amenaza a la relación médico-paciente

Uno de los puntos más graves del proyecto es la obligación de que el médico, junto con comunicar  el diagnóstico de enfermedad grave o incurable, no solo terminal, informe también sobre el” derecho a la eutanasia o suicidio asistido.” Esta obligación legal convierte al médico en mensajero de la muerte en el mismo momento en que el paciente requiere acompañamiento y esperanza. Imponer esta obligación genera un quiebre en la relación de confianza que debe primar entre médico y paciente.

• Riesgos sociales y normativos

La despenalización de la eutanasia supone una amenaza para la justicia social. En una sociedad con marcadas desigualdades, las personas mayores, enfermos crónicos o personas con discapacidad, pueden sentir la presión de optar por la muerte para no ser considerados una carga. Bajo la apariencia de respeto a la autonomía, se instala el riesgo de una injusticia estructural.

El proyecto de ley “Muerte digna” no asegura dignidad al final de la vida, sino que debilita la dignidad de la vida misma. Su aprobación relativiza el valor de la vida humana, impone a las médicos prácticas contrarias a su vocación y expone a los más vulnerables a presiones explícitas o implícitas hacia la muerte.

La medicina, en cambio, debe seguir fiel al mandato histórico que ha recibido desde los orígenes de la civilización occidental: cuidar, aliviar y acompañar, sin provocar la muerte. En consecuencia, este informe y la declaración de los decanos constituyen parte de la historia legislativa del país, dejando constancia de que la eutanasia y el suicidio asistido no representan un progreso, sino un retroceso en la defensa de la dignidad humana y de los más vulnerables. 
 
Revisa el documento completo del Centro de Bioética UC

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