Suspensión de aranceles en la educación superior
Los rectores José Antonio Guzmán de la Universidad de los Andes, Álvaro Rojas de la Universidad de Talca, Darcy Fuenzalida de la Universidad Técnica Federico Santa María e Ignacio Sánchez de la UC escribieron una carta que publica El Mercurio. En ella se refieren al proyecto de ley que busca la suspensión del pago del arancel en la educación superior, cuya discusión se iniciará en el Senado. Dicen que es urgente atender la situación de las familias y los estudiantes que se hayan visto afectados por esta grave crisis económica. “Hasta el momento las instituciones, nos hemos hecho cargo otorgando diversas facilidades, créditos, becas, postergaciones de pago, y apoyos financieros, sin embargo, a medida que la crisis se agrava, estos esfuerzos se van tornando insuficientes. Por tanto, es necesaria una acción por parte del Ejecutivo que refuerce estas medidas y entregue ayudas concretas a los estudiantes y a sus familias. Así, el Estado debiera ofrecer, -como lo ha hecho a diversos grupos de nuestra sociedad-, de manera urgente, medidas de alivio para quienes necesitan ayuda en esta grave situación excepcional”, señalan. A continuación, conozca en detalle sus declaraciones.
photo_camera Rectores de cuatro universidades se refieren a la ley que busca la suspensión del pago del arancel por los servicios de educación superior.- Foto Dirección de Comunicaciones UC.
“Luego de su aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado comenzará la discusión del proyecto de ley que busca la suspensión del pago del arancel por los servicios de educación superior. Si bien los rectores de las universidades somos los primeros interesados en entregar apoyo a los estudiantes para que puedan dar continuidad a sus estudios y no se vean afectados en su educación, no podemos dejar de hacer notar lo compleja e inconstitucional que resulta la iniciativa, implicando graves consecuencias para la totalidad de nuestro sistema de educación superior.
"Estamos conscientes de que es urgente atender la situación de las familias y los estudiantes que se hayan visto afectados por esta grave crisis económica. Hasta el momento las instituciones nos hemos hecho cargo otorgando diversas facilidades, créditos, becas, postergaciones de pago, y apoyos financieros, sin embargo, a medida que la crisis se agrava, estos esfuerzos se van tornando insuficientes" -rectores Guzmán, Rojas, Fuenzalida y Sánchez.
Por esto, ayer entregamos un informe en derecho a los Senadores, elaborado por el profesor Patricio Zapata, que da cuenta de ciertos vicios constitucionales de la iniciativa, la que no sólo limita el derecho de las instituciones, sino que sus consecuencias pueden llegar al punto de impedir que puedan seguir entregando sus servicios educacionales. Consecuencia que no sólo afecta a las casas de estudios superiores, sino que afecta también la calidad de la formación y en especial el propio derecho a la educación de los estudiantes. Junto a lo anterior, esta iniciativa puede tener un impacto muy negativo en la generación de nuevo conocimiento, la investigación, el desarrollo y la actual transferencia de estos resultados a la sociedad, aspectos que con mucho esfuerzo se han alcanzado desde el sistema universitario y que han quedado en evidencia en esta crisis sanitaria debida a la pandemia por covid-19.
"Esta iniciativa puede tener un impacto muy negativo en la generación de nuevo conocimiento, la investigación, el desarrollo y la actual transferencia de estos resultados a la sociedad, aspectos que con mucho esfuerzo se han alcanzado desde el sistema universitario y que han quedado en evidencia en esta crisis sanitaria debida a la pandemia por covid-19" rectores Guzmán, Rojas, Fuenzalida y Sánchez.
Por otra parte, estamos conscientes de que es urgente atender la situación de las familias y los estudiantes que se hayan visto afectados por esta grave crisis económica. Hasta el momento las instituciones nos hemos hecho cargo otorgando diversas facilidades, créditos, becas, postergaciones de pago, y apoyos financieros, sin embargo, a medida que la crisis se agrava, estos esfuerzos se van tornando insuficientes. Por tanto, es necesaria una acción por parte del Ejecutivo que refuerce estas medidas y entregue ayudas concretas a los estudiantes y sus familias. Así, el Estado debiera ofrecer, -como lo ha hecho a diversos grupos de nuestra sociedad-, de manera urgente, medidas de alivio para quienes necesitan ayuda en esta grave situación excepcional. En caso contrario, será imposible que las personas cumplan sus compromisos financieros en el ámbito educacional.
Entre otras posibilidades, estimamos que se debe considerar el aumento extraordinario de la cobertura de becas en educación superior, ampliar la cobertura de gratuidad, (y abrir un periodo extraordinario de postulación), la creación de créditos blandos, con cero interés y flexibilidad de pago tendientes a cubrir deudas educativas, y la flexibilización del uso del Fondo Solidario de Crédito Universitario para que las universidades puedan utilizar esos recursos, -que les pertenecen-, de acuerdo con lo aprobado en la reciente ley que regula esta materia.
Creemos que, de lo contrario, iniciativas como la que se comenzará a discutir en el Senado seguirán su rumbo, con las consecuencias de que estos proyectos no hacen más que “desvestir a un santo para vestir a otro”, con el grave riesgo de que el santo desvestido podría terminar muerto de frío”.
