Territorio y debate constitucional

Si hay algo que debe ser relevado en este debate constitucional es, cómo la idea de territorio se hace eje en las siete comisiones en la cual se organizó el trabajo del proceso constitucional… y eso, es tan positivo como necesario. Es positivo, ya que desde hace unos años la cuestión territorial se viene repitiendo en la deliberación pública, sobre todo, cuando de diseño y ejecución de política pública se trata. Que las políticas de vivienda…, de seguridad ciudadana, las de educación, de salud, que el ejercicio de la justicia…, que la representación política, que la conflictividad socioambiental, y un largo etcétera, hicieron o no (hacen o no) referencia al territorio.

Qué decir del proceso de descentralización, verdadero ‘algoritmo político’ que lo relevó y releva cada vez más. Su incorporación, claramente ha sido a paso cansino, siendo un buen ejemplo de ello el propio proceso de descentralización que después de décadas aún no se completa, explicando en gran medida, las desigualdades, asimetrías o injusticias territoriales de todo tipo. A partir de esto y, como se ha indicado en otras ocasiones, es oportuno referirse a la idea de ‘transición político-territorial interior de Chile’.

En otra oportunidad se planteó que, un buen punto de partida para avanzar en el afianzamiento de la ‘problemática territorial-convención constitucional’, es entenderla como una interrelación permanente entre la persona humana (sociedad) y su(s) entorno(s). Se indicó que, así como Aristóteles consignó que la Polis (ciudad-estado, la política por medio de una politeia), se lleva en el inconsciente de la persona humana, a propósito de su necesidad de organización política, necesariamente, la cuestión territorial debe entenderse como un asunto inmanente de la misma persona humana. Es decir, si es que existe un zoon politicus o economicus, debe existir uno territorial, en su individualidad y expresión colectiva comunitaria o social. Así, por defecto, la democracia debería ser entendida como territorial, sostenida en pactos sociales territorializados, elemento que busca concretar (por mandato popular), el trabajo de la Convención Constitucional, que, para el caso de Chile, pareciera ser la idea de unidad en la diferencia la que gana terreno v/s otras visiones. (...)