Expertos analizan cómo la desinformación, la violencia y la polarización desafían a la democracia

En un contexto regional marcado por elecciones decisivas, creciente desconfianza institucional y nuevas formas de presión sobre el debate público, la quinta versión del Simposio Permanente Educar para la Democracia, titulado “Elecciones 2025-2026 en Chile, Perú y Colombia: retos para fortalecer la democracia”, puso en el centro una pregunta compartida por los tres países: cómo resguardar la legitimidad democrática cuando las reglas formales conviven con polarización, violencia y circulación masiva de desinformación.

Expertos y académicos de las tres universidades que componen esta iniciativa -la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia- se reunieron en Bogotá para reflexionar en torno a diversas problemáticas que se realizaron en distintas mesas. 

Durante la inauguración, el rector de la Universidad Javeriana, Luis Fernando Múnera Congote, SJ, resaltó el valor de incorporar perspectivas comparadas en una región atravesada por tensiones políticas, señalando que “las miradas comparadas y con un poco de distancia nos podían permitir abordar y discutir los temas con mayor tranquilidad”. También enfatizó que este simposio se inscribe en una línea de reflexión desarrollada en versiones anteriores, centrada previamente en temas como “reconciliación y memoria” y “ciudadanía y representación”.

El rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Julio del Valle, destacó la importancia de fortalecer la cooperación entre universidades en tiempos marcados por la incertidumbre. “En un momento donde hay muchas tensiones para desunir, nosotros estamos acá porque confiamos en que la unión nos hace fuertes”. 

La prorrectora de la UC, Mariane Krause, afirmó que “educar para la democracia no es nada fácil” y que este propósito exige reconocer la complejidad de los contextos actuales. Subrayó que la democracia “no se juega precisamente en el voto”, sino en “la dignidad equivalente de las personas”, lo que implica un compromiso institucional profundo. A su juicio, este esfuerzo requiere asumir la densidad de los contextos contemporáneos y comprender que la democracia “no se juega precisamente en el voto”, sino en “la dignidad equivalente de las personas”, lo que demanda un compromiso institucional de fondo.

Además, planteó que ese desafío también interpela a las propias universidades en su vida interna: “tenemos que, al interior de la universidad también, vivir aquello que queremos transmitir hacia el exterior”, afirmó, aludiendo a la necesidad de formar ciudadanos capaces de reconocer y enfrentar las debilidades de la democracia.

“Tenemos que, al interior de la universidad también, vivir aquello que queremos transmitir hacia el exterior” - Mariane Krause, prorrectora UC

La erosión democrática ya no llega de golpe

La conferencia inaugural estuvo a cargo de Laura Gamboa, académica de la Universidad de Notre Dame, quien abordó los procesos contemporáneos de erosión democrática en América Latina.

Según explicó, hoy el deterioro institucional ocurre de manera gradual, lo que obliga a observar con atención las estrategias de oposición, la fortaleza de la sociedad civil y el papel de las instituciones.

“Las estrategias institucionales con objetivos moderados son en general una apuesta mucho más segura para proteger la democracia”, señaló, advirtiendo que las respuestas confrontacionales pueden aumentar incentivos represivos.

La primera mesa del encuentro (“Contexto electoral, sistema político, reglas formales e informales”)  examinó comparativamente la situación política en Chile, Perú y Colombia.

El politólogo de la PUC Chile, David Altman, analizó la trayectoria reciente de la política chilena tras el estallido social de 2019. Señaló que “Chile quedó inundado y atrapado por un montón de sensaciones de miedo, de bronca, de inestabilidad”, lo que llevó al sistema “casi al punto de quiebre”.  

Sostuvo que el gobierno de Gabriel Boric “cometió un gravísimo error” al interpretar su mandato como una transformación estructural del sistema, recordando que fue electo “con votos prestados del centro”. En su análisis, el proceso constituyente expresó un quiebre en las coordenadas tradicionales de la política chilena, sintetizado en el lema “no son 30 pesos, son 30 años”.  

Altman concluyó que el clivaje histórico chileno ha perdido capacidad estructurante: “el clivaje autoritario persiste como identidad simbólica, pero ya no ordena las coaliciones electorales como antes”.  

Desde Perú, Eduardo Dargent expuso cómo la fragmentación partidaria ha debilitado la capacidad de construir mayorías estables y ha fortalecido dinámicas legislativas sin anclaje ciudadano robusto.

En el caso colombiano, Andrés Dávila describió un escenario de alta incertidumbre electoral, marcado por fragmentación, volatilidad y una competencia política que se redefine muy cerca de la elección.

El segundo panel “Mutaciones en el sistema político, conflictos entre poderes” contó con las ponencias del sociólogo Dr. Nicolás Somma (UC), el abogado Iván Lanegra (PUCP) y la directora del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la PUJ, Tania Luna. 

"Lo que ocurre con la democracia chilena es que está atravesando un proceso de desacralización. Y la pregunta que debemos hacernos es qué consecuencias tiene esto y cuánto puede durar en pie una democracia desacralizada”, dijo Somma.

"Lo que ocurre con la democracia chilena es que está atravesando un proceso de desacralización" - Nicolás Somma, académico UC

El académico explicó que este proceso está asociado al descrédito en las autoridades y la sostenida desidentificación con los partidos. 

El tercer panel, “¿Cómo formamos ciudadanos(as)?”, contó con las exposiciones de lSylvana Valdivia, directora de la DAES PUCP; María Fernanda Fuentes, representante estudiantil 2026 de la PUCP; y Carlos Sánchez, jefe de Iniciativas Estudiantiles PUCP. Por el lado de la UC participaron Patricio Bernedo, profesor del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director del Centro UC para el Diálogo y la Paz; y Dan Villablanca, estudiante de la misma casa de estudios.

Intervinieron también Carlos Moreno, profesor asistente del Departamento de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, junto con Juan Pablo Bedoya, Tatiana Urrea y Carol Valentina Arrieta Lago. El panel fue moderado por el Dr. Eduardo Dargent, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Patricio Bernedo explicó que la UC abrió una reflexión interna sobre cómo reforzar la formación ciudadana de sus estudiantes, a partir de dos señales preocupantes: una encuesta institucional mostró que menos de un tercio de los egresados percibe haber recibido una preparación significativa en este ámbito, mientras que, en paralelo, se observa un aumento de la desafección democrática entre jóvenes de 18 a 24 años en Chile.

En ese contexto, presentó el curso “Voces: diálogo ciudadano y bien común”, dirigido a estudiantes de pregrado y actualmente en etapa piloto. La iniciativa busca fortalecer competencias ciudadanas mediante una metodología centrada en cinco valores (respeto, solidaridad, bien común, subsidiariedad y dignidad humana), articulando una reflexión que vincula la experiencia personal y universitaria con la vida social y el aporte al entorno común.

Desinformación y política

Bajo el título “Medios y elecciones: desinformación, polarización, fake news e inteligencia artificial”, la mesa 4 fue moderada por Nicolás Somma, profesor del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Uno de los expositores fue Jorge Acevedo, doctor en Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor principal del Departamento Académico de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y especialista en comunicación política y sistemas mediáticos. Su ponencia examinó el caso peruano tras la segunda vuelta presidencial de 2021, marcada por la instalación pública de denuncias de supuesto fraude electoral luego de la estrecha victoria de Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori.

Acevedo explicó que, pese a que las acusaciones no lograron ser comprobadas ni por organismos electorales ni por instancias judiciales, la narrativa logró amplificarse rápidamente en medios digitales y tradicionales. “El sistema de prensa sirvió de cámara de eco y resonancia de toda esta estrategia”, sostuvo, aludiendo a cómo distintos actores políticos y también medios de comunicación reforzaron públicamente las sospechas sobre el proceso electoral.

Entre los principales efectos de estas acusaciones, Acevedo argumentó que se produjo un incremento de la desconfianza a las instituciones, pero también a las elecciones, incluso a la población migrante, junto con mayor incivilidad y discursos de odio. Además, mencionó que dejó en evidencia que la élite política tenía un débil compromiso democrático, así como una crisis de un periodismo crítico e independiente.

La segunda exposición estuvo a cargo de Liliana Gómez, doctora en Ciencias de la Información y la Comunicación de la Universidad Pathéon-Assas (París) y profesora asociada del Departamento de Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana, quien investiga la comunicación política electoral, redes sociales y populismos en América Latina.

Su ponencia, titulada “Entre la esperanza y la ira: una campaña que nos polariza y nos emociona”, presentó resultados preliminares de una investigación sobre emociones en contenidos publicados por candidatos presidenciales colombianos en YouTube entre octubre de 2025 y enero de 2026.

La académica explicó que, aunque al inicio de la campaña predominó la esperanza, la ira apareció como una emoción particularmente eficaz para generar visibilidad digital. 

“La ira está siendo la emoción más relevante para los candidatos”, señaló, agregando que la inteligencia artificial puede transformarse en una herramienta clave para seguir la evolución emocional de las campañas electorales.

La tercera intervención correspondió a Ingrid Bachmann, doctora en Periodismo por la Universidad de Texas (Austin) y profesora titular de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella es además presidenta electa de la International Communication Association y ha investigado la desinformación, comunicación política y género.

En su presentación “Comunicación política, desinformación e inteligencia artificial en la era de los algoritmos”, Bachmann subrayó que la desinformación electoral constituye un fenómeno complejo, difícil de abordar únicamente desde la corrección factual.

“La desinformación no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, nunca habíamos tenido una tecnología tan efectiva para difundir desinformación tan rápidamente”, afirmó. 

Explicó que estos contenidos suelen apelar a emociones intensas, simplificar narrativas y repetirse estratégicamente para generar familiaridad y apariencia de verdad, lo que incrementa su capacidad de viralización. En ese sentido, agregó que hay estudios que sugieren que la desinformación se viraliza seis veces más rápido que la información verificada.

Estado, justicia y nuevas presiones sobre la democracia

La conversación se desplazó luego hacia una segunda dimensión de la crisis democrática: la relación entre violencia, crimen organizado y el debilitamiento institucional, así como la incidencia de las economías ilícitas en el sistema político.

La mesa “Violencia y crimen, justicia transnacional y elecciones” fue moderada por Patricio Bernedo, académico del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director del Centro UC para el Diálogo y la Paz.

La primera exposición estuvo a cargo de Ulda Figueroa, abogado, doctor en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y coordinador del área de estudios en justicia del Centro Justicia y Sociedad UC, quien presentó la experiencia chilena del modelo ECOH, impulsado por la Fiscalía de Chile para integrar persecución penal y atención temprana a víctimas de delitos vinculados al crimen organizado.

Figueroa sostuvo que la atención a víctimas puede convertirse en un factor decisivo para recuperar la legitimidad institucional, en un entorno marcado por una creciente desconfianza hacia los tribunales de justicia.

“La idea central es que potenciar la atención a víctimas de delitos puede transformarse en un catalizador de la confianza en la justicia”, señaló.

Explicó que ECOH reúne en un mismo equipo a fiscales, analistas criminales y profesionales especializados en atención a víctimas, quienes acuden tempranamente al sitio del delito. Allí no sólo colaboran en la recolección de antecedentes para la investigación, sino que también entregan primeros auxilios psicológicos y generan un vínculo de acompañamiento que facilita la permanencia de las víctimas en el proceso judicial.

Según indicó, esta estrategia ha permitido mejorar la adherencia de las víctimas a las investigaciones, levantar información relevante para esclarecer delitos y reducir niveles de impunidad, especialmente en casos donde las víctimas o sus entornos mantienen algún grado de exposición frente a organizaciones criminales.

Durante su primer año de implementación, agregó, el modelo permitió aumentar en 30% la identificación de imputados, elevar en 45% las formalizaciones y mejorar en 26% la obtención de prisiones preventivas.

Luego intervino Alejandro Sánchez, politólogo, magíster en Estudios Políticos y director del Observatorio Cali Visible de la Pontificia Universidad Javeriana, abordó la relación entre competencia política subnacional y violencia electoral en distintos departamentos colombianos.

Citó cifras de la Misión de Observación Electoral que muestran que en 2023 las afectaciones contra liderazgos políticos aumentaron cerca de 70% respecto de 2019.

Según explicó, la fragmentación partidaria ha fortalecido la autonomía de élites locales, generando escenarios donde actores legales e ilegales interactúan en la disputa territorial.

“La interacción entre élites legales e ilegales es un rasgo estructural en parte de la construcción del Estado colombiano”, afirmó.

La mesa cerró con la exposición de Zaraí Toledo Orozco, doctora en Ciencia Política por la Universidad de British Columbia y profesora de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien es experta en gobernanza de recursos naturales y economías ilícitas.

Su ponencia analizó el peso político creciente de actividades como la minería informal, la tala ilegal y las economías extractivas no reguladas en Perú.

“En el Perú las economías extractivas ilícitas han ido ganando terreno hasta participar en política abiertamente”, sostuvo.

Toledo explicó que estas actividades no sólo movilizan grandes recursos económicos y dinamizan economías locales, sino que también generan capacidad de presión política, especialmente en regiones altamente dependientes de commodities.

Según señaló, este proceso ha permitido que autoridades subnacionales pasen de tolerar estas actividades a transformarse en sus voceros, articulando demandas frente al Estado central e incluso influyendo en campañas y debates legislativos.

“Las autoridades subnacionales pasan de tolerar estas economías extractivas ilícitas a formar grupos de presión con sus líderes”, afirmó.

Entre sus conclusiones, advirtió que el fenómeno ya no se limita al plano económico, sino que comienza a incidir directamente en la competencia política y en la calidad de la democracia. Añadió que, pese a la magnitud del fenómeno, sólo una parte minoritaria de los partidos políticos peruanos incorpora propuestas claras frente a sus efectos ambientales e institucionales.