Infraestructura en Chile: marcada por la adversidad

Puede definirse infraestructura crítica como todos aquellos sistemas activos, instalaciones y redes que proveen servicios esenciales requeridos para la seguridad, estabilidad económica, prosperidad y salud de una nación (Critical 5, 2014). En la mayoría de los planes nacionales estos son: agua, energía, telecomunicaciones, infraestructura de transporte y sistemas que proveen servicios públicos. Entre ellos, los más comunes son salud y educación.

Un aspecto fundamental para definir estas construcciones en un país es que deben estar alineadas con su estrategia nacional. Su relevancia no solo se debe a su tipo de uso o función, sino que al valor que tienen, siendo el principal activo de una nación. Además, son redes de sistemas complejos e interdependientes.

Su interacción se complejiza a mayor densidad y demanda de los servicios que proveen, como es el caso urbano.

Gestión del riesgo

Dado que las infraestructuras críticas son redes emplazadas espacialmente en el territorio de un país, estas se ven expuestas a múltiples amenazas de origen natural. Por ello, es necesario comprender su nivel de riesgo y cuán resilientes son ante diversos eventos.

Como no existe un margen de acción para evitar que se produzcan ciertos desastres naturales, es fundamental conocer sus efectos en la infraestructura para lograr mitigarlos previo a su ocurrencia. El riesgo de pérdida de funcionalidad de un sistema crítico, dada la potencial amenaza de un evento natural en un determinado sitio, puede estimarse si se conoce la vulnerabilidad de la infraestructura afecta, considerando su fragilidad y nivel de exposición. Para ello es fundamental comprender la función que cumple, considerando también a los usuarios y, en general, a la población que de alguna forma se beneficia de ella, lo que agrega complejidad al análisis.

Prevenir en vez de reparar

Si bien la resiliencia es un concepto que proviene de las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales, este también se aplica a la infraestructura. La Comisión para la Resiliencia ante Desastres Naturales (Creden) entregó a la Presidenta Michelle Bachelet, el año 2016, un documento que propone la siguiente definición de resiliencia: “es la capacidad de un sistema, persona, comunidad o país, expuestos a una amenaza de origen natural, para resistir, absorber, anticiparse, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz. Esto permitiría lograr la preservación, restauración y mejoramiento de sus estructuras, funciones básicas e identidad” (Creden, 2016).

Gestionar para la emergencia, es decir, después de ocurrido un evento extremo, genera costos sociales y productivos importantes para un país. Esto debido a la interrupción de los servicios, sumado al sobrecosto por inversión en reposición, el cual puede ser considerablemente mayor en el largo plazo a aquella por mitigación. Es por eso que, internacionalmente ha habido un cambio importante en cuanto a la gestión del riesgo de desastres, donde se ha transitado paulatinamente de la gestión de la emergencia a la gestión de la resiliencia.

Prueba de ello es lo establecido por el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, el cual establece: “Es urgente y fundamental prever el riesgo de desastres, planificar medidas y reducirlo para proteger de manera más eficaz a las personas, las comunidades y los países, sus medios de subsistencia, su salud, su patrimonio cultural, sus activos socioeconómicos y sus ecosistemas, reforzando así su resiliencia” (Naciones Unidas, 2015).

En términos generales, en Chile hemos sido bastante efectivos en el momento de la emergencia y de la restauración de los servicios, una vez ocurrido un evento de origen natural. Esto gracias a la experiencia del pasado y, en parte, al diseño de nuestra infraestructura, en particular frente a una amenaza sísmica. Sin embargo, muchas obras no incorporan en su diseño el efecto de amenazas de origen natural con la intensidad que se están presentando en la actualidad, como es el caso de eventos hidrometeorológicos extremos, provocados en gran medida por el cambio climático. Existe una tendencia internacional a revisar y adaptar los diseños considerando fenómenos que originalmente no estaban contemplados. Asimismo, para la infraestructura existente, en diversos países se están evaluando e implementando medidas de mitigación que permitan adaptar su infraestructura, haciéndola más resiliente.

Actualmente, se están realizando esfuerzos importantes en Chile, desde la academia y con apoyo del Estado, para estudiar el riesgo y la capacidad de resistencia de nuestra infraestructura crítica. Este es el caso del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (Cigiden), financiado por Fondap de Conicyt y liderado por la Universidad Católica, la Universidad Católica del Norte, la Universidad Técnica Federico Santa María y la Universidad Andrés Bello. Sin embargo, para que seamos efectivos debemos integrar en distintos ámbitos la gestión del riesgo y resiliencia, como una necesidad fundamental del país. De esta manera, podremos asignar recursos oportuna y eficazmente, reduciendo los impactos socioeconómicos de los eventos. El desarrollo de herramientas técnicas y legales, que apoyen la toma de decisiones de inversión en mitigación para prevenir y reducir las consecuencias previo a un evento, sería una medida para lograrlo. Para justificar lo anterior es clave incorporar en el sistema nacional de inversiones el riesgo ante eventos naturales. Ya se han podido observar ejemplos en el diseño y construcción de infraestructura hospitalaria con aislación sísmica. Es de esperar que, con una metodología de evaluación social que considere los beneficios sociales de invertir en resiliencia, medidas como esta puedan implementarse a otras infraestructuras críticas.

Vea el artículo completo pronto, en la próxima Revista Universitaria 152 "Autopista hacia el futuro".