Propuestas del Foro Constitucional UC para perfeccionar el anteproyecto de la Comisión Experta
Un detallado análisis del anteproyecto de Constitución elaborado por la Comisión Experta realizó, es el trabajo que realizaron 34 académicos de la Universidad Católica, entregando recomendaciones en seis diferentes áreas, convirtiéndose en el más reciente aporte del Foro Constitucional UC.
photo_camera Derecho internacional, libertad de religión y creencias, medio ambiente, recursos naturales y desarrollo sostenible, acción de protección, Ministerio Público, y derecho a la educación y libertad de enseñanza. son los seis temas analizados por el Foro Constitucional UC. (Imagen: Foro Constitucional UC)
Seis son los temas analizados por 34 académicos de la UC, como parte de los aportes del Foro Constitucional UC: derecho internacional, libertad de religión y creencias, medio ambiente, recursos naturales y desarrollo sostenible, acción de protección, Ministerio Público, y derecho a la educación y libertad de enseñanza.
Agrupados en seis equipos, los académicos de distintas facultades, revisaron cada una de las áreas y plantearon una serie de propuestas para perfeccionar algunos aspectos fundamentales del texto que está siendo discutido por el Consejo Constitucional.
"La elaboración de una nueva Constitución requiere de un diálogo social en torno al trabajo que corresponde a los órganos redactores. Es por eso que, tras las contribuciones del Foro Constitucional UC a la labor de la Comisión Experta, hemos preparado estos seis documentos que aportan un análisis, reflexiones y propuestas colectivas a determinados aspectos del anteproyecto que está siendo discutido por el Consejo Constitucional”, explica la profesora de la Facultad de Derecho Alejandra Ovalle, quien ha liderado el Foro Constitucional UC. Iniciativa desarrollada por Derecho UC, en la que participan otras facultades y académicos de la Universidad, con el objetivo de contribuir al debate constitucional y a la participación informada de la ciudadanía.
Esta instancia se suma a la participación de académicos de la Facultad de Derecho en el proceso de audiencias públicas y ante diversas comisiones del Consejo Constitucional, su intervención como invitados a subcomisiones de la Comisión Experta y a la labor realizada entre marzo y abril, cuando el Foro Constitucional UC redactó cinco documentos con el objetivo de aportar en la fase inicial del proceso, antes de que la Comisión Experta terminara de redactar el anteproyecto.
A continuación, los principales aspectos de cada uno de los temas analizados.
Derecho Internacional
Una de las recomendaciones que realiza este documento apunta a un aspecto que tuvo una amplia discusión en la primera fase del proceso constituyente: los tratados internacionales.
Al respecto, el texto del Foro Constitucional UC aborda, específicamente, las funciones del Congreso frente a los tratados, afirmando que “el texto propuesto respeta la tradición constitucional en la materia, al mismo tiempo que incorpora modificaciones que asignan nuevas funciones tanto al Presidente de la República como al Congreso”.
Pese a ello, agrega que “creemos que la actual disposición debe complementarse reponiendo una frase que estaba en el proyecto aprobado por la Comisión Experta en general (aprobado el 5 de abril de 2023) y que fue removida tras la discusión particular de las enmiendas”. En concreto, la frase que se menciona es la siguiente: “Los tratados internacionales sobre derechos humanos deberán ser aprobados con el quórum correspondiente a las reformas constitucionales”. Sobre este punto, el documento explica que “el propósito de reponer esta norma es excluir la posibilidad de que se alegue la modificación del texto constitucional por un tratado de derechos humanos que no hubiera sido aprobado con quórum de reforma constitucional”.
Autores:
- Sebastián Rioseco, coordinador de la Comisión y profesor de Derecho Internacional Público
- Ruggero Cozzi, profesor de Derecho Internacional Público
- Édgar Fuentes-Contreras, profesor de Derecho Internacional Público
- Sebastián López, profesor de Derecho Internacional Público
- Álvaro Paúl, profesor de Derecho Internacional Público
- Hernán Salinas, profesor de Derecho Internacional Público
Libertad de religión y creencias
Aquí se establece que el anteproyecto constitucional “presenta una adecuada y precisa regulación del derecho a la libertad de religión y creencias, recogiendo en buena medida lo que venimos planteando desde el año 2021 como Comisión Creencias del Foro Constitucional UC”.
Sin embargo, el documento sugiere algunos perfeccionamientos, tales como “adecuar la fórmula para la limitación del derecho a la libertad de religión o creencias al Derecho internacional de los Derechos Humanos”, “explicitar la inmunidad de coerción que constituye la faz negativa de la libertad religiosa”, y “precisar que los acuerdos de colaboración son entre el Estado y las confesiones religiosas en materias de bien común”.
Autores:
- María Elena Pimstein, coordinadora de la Comisión y directora del Centro UC Derecho y Religión
- Ana María Celis, profesora de Derecho Canónico y de Derecho y Religión
- Javier García Oliva, decano Facultad de Derecho de la Universidad de Manchester
- Juan José Romero, profesor de Derecho Económico y Derecho Constitucional
Comisión Asesora Interdisciplinaria:
- Patricio Bernedo, profesor de Instituto de Historia y Director Centro para el Diálogo y la Paz
- Miguel González, profesor de Filosofía
- Patricia Imbarack, profesora de la Facultad de Educación
- Maureen Neckelmann, profesora del Instituto de Sociología
- Joaquín Silva, profesor de la Facultad de Teología
Secretaría Técnica:
- Javiera Blanco Valdés
Medio Ambiente, recursos naturales y desarrollo sostenible
En este documento se analizan y plantean sugerencias en aspectos como el bien jurídico protegido, la sostenibilidad, el derecho a un medio ambiente sano, sostenible y libre de contaminación, los derechos humanos al agua y al saneamiento, así como el contenido del capítulo XIII sobre protección del medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo.
Sobre esto último, se plantean varias sugerencias destinadas a fortalecer este capítulo, como establecer una directriz constitucional en materia de recursos naturales y trasladar parte de los estatutos de las minas y las aguas reguladas en el anteproyecto a propósito del derecho de propiedad.
Además, en materia de institucionalidad ambiental, el escrito busca fortalecer su carácter técnico y alejarlo del “componente político-arbitrario en sus nombramientos y decisiones”. Así, se plantea incluir en el proyecto de nueva Constitución que se explicite su “carácter autónomo y colegiado, cualificando además sus decisiones y pronunciamientos”.
Autores:
- Ricardo Irarrázabal, coordinador de la Comisión, profesor de Derecho Ambiental y director del Programa de Derecho y Medioambiente
- Winston Alburquenque, profesor de Derecho de los Recursos Naturales
- María Luisa Baltra, profesora de Derecho Minero y Derecho de Aguas
- Arturo Fermandois, profesor de Derecho Constitucional
- Carolina Helfmann, profesora de Derecho Administrativo
- Juan Eduardo Ibáñez, director del Programa de Sostenibilidad Corporativa
- Alejandra Ovalle, profesora de Derecho Constitucional
- Daniela Rivera, directora del Centro de Derecho y Gestión de Aguas
Acción de Protección
En este texto se estudia la norma del anteproyecto sobre acción de protección, incluyendo recomendaciones que apuntan, entre varios otros elementos, a “diseñar el recurso de protección de modo que permita dar la más eficaz y adecuada protección a los derechos fundamentales en aquellos casos donde efectivamente se requiere de una pronta respuesta, sin perjuicio de la existencia de otras acciones”.
En este sentido, uno de los puntos planteados en el documento tiene que ver con evitar que ciertos derechos se vean desprotegidos. Esto, ante ciertas falencias que se identifican en el anteproyecto de Constitución que fue elaborado por la Comisión Experta.
“Se sugiere incluir la frase ‘asegurar la debida protección del afectado’, porque la redacción actual de la acción de protección contempla este objetivo junto al de ‘reestablecer el imperio del derecho’. Mantener uno de estos objetivos y omitir otro podría inducir a interpretaciones más restrictivas de lo que la Constitución asegura actualmente. Incorporar esta frase reafirma la idea de una acción protectora y de urgencia”, se plantea. En la misma línea, se propone que la Constitución fije los criterios conforme a los cuales puede declararse la inadmisibilidad de la acción.
Autores:
- Domingo Poblete, coordinador de la Comisión y profesor de Derecho Administrativo
- Raimundo Moreno, profesor de Derecho Procesal
- Cecilia Rosales, profesora de Derecho Constitucional
- José Pedro Silva, profesor de Derecho Procesal
Secretaría Técnica:
- Valentina Avendaño
Ministerio Público
Este documento ofrece diversas sugerencias para perfeccionar los 14 artículos que integran el capítulo IX del anteproyecto sobre Ministerio Público. Entre ellas, se propone acortar período de duración en el cargo de fiscal nacional de 8 a 6 años, junto con aumentar algunas restricciones para evitar un uso electoral del cargo. Esto último, ampliando el plazo que impide a los persecutores postular a cargos de elección popular.
Asimismo, contempla varias reccomendaciones para robustecer la formación de los fiscales. Entre ellas, sugiere elevar a rango constitucional y fortalecer la Academia de la Fiscalía de Chile, como ente encargado de la habilitación y formación de los fiscales.
El texto respalda algunas de las innovaciones del anteproyecto, aunque propone ciertas modificaciones, como la consagración constitucional de la Fiscalía de Alta Complejidad, la Fiscalía de Asuntos Internos, el Consejo Consultivo del Ministerio Público y el Servicio de Acceso a la Justicia para Víctimas de Delitos.
Autores:
- Manuel Rodríguez, profesor de Derecho procesal
- María Elena Santibáñez, profesora de Derecho penal y Derecho procesal penal
Secretaría Técnica:
- Valentina Avendaño
Derecho a la educación y libertad de enseñanza
Este documento fue elaborado en conjunto por el Foro Constitucional UC y el Centro de Políticas Públicas UC. Aquí se analizan los aspectos relativos a la regulación del derecho a la educación y la libertad de enseñanza.
Las recomendaciones principales se refieren a “perfeccionar los objetivos de la educación considerando la dimensión individual y social de la persona, en el marco de los valores propios de un sistema democrático”; “entregar al legislador la definición y regulación de los principios específicos que rigen el derecho a la educación”; “relevar el rol de padres, madres y apoderados en la educación de niños y niñas en las distintas etapas de su desarrollo, inclusive cuando aún no es obligatoria la educación formal”; e “incorporar expresamente a la educación superior como un nivel educativo, respecto del cual el Estado tiene deberes específicos”.
Asimismo, sugiere que la entrega de recursos públicos al sistema educativo se guíe por un criterio de no discriminación, además de los “criterios de razonabilidad”; y plantea que se debe reconocer el rol de las instituciones de educación superior para la consecusión del bien común, así como consagrar su autonomía con indicación expresa de los elementos que la componen.
Autores:
- Susana Claro, profesora de la Escuela de Gobierno
- Miguel Ángel Fernández, profesor de la Facultad de Derecho
- Patricia Imbarack, profesora de la Facultad de Educación
- Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas
- Guillermo Marini, profesor de la Facultad de Educación
- Alejandra Ovalle, profesora de la Facultad de Derecho
- Alberto Vergara, profesor de la Facultad de Derecho
Secretaría Técnica:
- Elisa Piña
- Juan Pablo Ramaciotti
