Tortura y malos tratos: un problema invisibilizado contra personas en custodia o cuidado estatal

Más de 100 visitas preventivas a residencias, hospitales psiquiátricos, cárceles y centros de detención y cuidado, que cubrieron 13 de las 16 regiones del país, realizó el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), con el fin de elaborar su Cuarto Informe Anual, en el que se informan hallazgos críticos en relación a las condiciones que enfrentan personas que están bajo el cuidado o custodia estatal permanente.

El organismo estatal especializado en prevención de la tortura y los malos tratos presentó el jueves 24 de julio el estudio en el Campus Casa Central de la UC, actividad que contó con el apoyo del Centro para el Diálogo y la Paz.

Los resultados muestran un panorama complejo: pese a que las instituciones colaboran activamente en introducir reformas, persisten condiciones que atentan contra los tratados internacionales.

"Es imperativo mantener un trabajo continuo en este tema, que no podemos olvidar ni dar por resuelto; y que las democracias son los regímenes políticos que mejor pueden garantizar la prevención de la tortura y otros malos tratos. Pero ello requiere voluntad y vigilancia permanente" -Francisco Gallego, prorrector de Gestión Institucional UC  

Francisco Gallego, prorrector de Gestión Institucional, comentó en la instancia que, en eventos relacionados con la defensa de la democracia en los que había participado esa misma semana, le llamó la atención que en las discusiones “se asumía tácitamente que nuestras sociedades ya cuentan con mecanismos para protegernos frente a la tortura y para promover un cierto trato digno a personas privadas de libertad. Como si fuera un problema completamente superado. Sin embargo, al revisar parte de la información de este informe anual y de los previos, quedan claras dos cosas: que es imperativo mantener un trabajo continuo en este tema, que no podemos olvidar ni dar por resuelto; y que las democracias son los regímenes políticos que mejor pueden garantizar la prevención de la tortura y otros malos tratos. Pero ello requiere voluntad y vigilancia permanente”.

La percepción de la tortura suele estar fuertemente ligada a las dictaduras, por lo que, en un sistema democrático, puede pensarse erróneamente que no representa un riesgo, explicó Patricio Bernedo, director del Centro para el Diálogo y la Paz UC.

“El problema que tenemos con la percepción de tortura hoy en día es que pensamos que al superarse el tema dictatorial y al volver la democracia, se acabó la tortura. Y ese pensamiento es erróneo, porque precisamente dentro de los grupos más vulnerables que hay en cualquier país, y Chile también, son las personas privadas de libertad. Y esa vulnerabilidad implica que pueden estar, y lo están, expuestas a la tortura. Así que es un problema muy actual, muy vigente, lamentablemente también muy invisibilizado. Y lo que aquí se trata es de visibilizarlo y preocuparse, partiendo por la dignidad humana de esas personas”, dijo el académico.

Las “severas debilidades” del sistema

El informe da cuenta de severas debilidades en materia de atención de niñas, niños y adolescentes en centros de protección y de justicia juvenil, de personas con diagnósticos de salud mental, personas mayores, régimen penitenciario y policial, apuntando a falencias estructurales que ponen en riesgo la integridad y dignidad de miles de personas.

Se constataron situaciones de especial preocupación, como aislamientos prolongados en recintos penitenciarios, ausencia de intervenciones ante el consumo problemático de sustancias de niñas, niños y adolescentes, el uso abusivo de contenciones mecánicas en unidades (recintos de custodia) para personas con diagnósticos de salud mental involucradas en procesos judiciales, restricciones arbitrarias al contacto familiar o la falta de acceso efectivo a atención de salud.

El Comité destaca que estas prácticas se concentran y agravan su impacto en poblaciones especialmente vulnerables como personas con diagnóstico de salud mental, mujeres gestantes, personas mayores, niñas, niños y adolescentes, migrantes y personas de la diversidad sexo-genérica.

El aislamiento extremo

En los módulos de máxima seguridad en las cárceles, cientos de reclusos pueden llegar a pasar más de 22 horas diarias en confinamiento solitario, práctica que si se prolonga por más de 15 días es considerada tortura por los organismos internacionales.

Erradicar estas dinámicas es necesario para el CTP, ya que, junto con trasgredir los estándares internacionales, provoca devastadores efectos: la mayoría reporta deterioro severo de salud mental, mientras que muchas sufren alucinaciones. Además, una proporción significativa de esta población es extranjera, y se encuentra completamente aislada de sus redes familiares.

Unidades Forenses: El derecho a la salud mental postergado

Por otra parte, el CPT también da cuenta de serias deficiencias en los recintos forenses, como largas listas de espera para realizar los peritajes y falta de oferta residencial para que puedan egresar aquellas personas que ya cumplieron la medida de seguridad indicada, alargando los tiempos de custodia o internación, además de una deficiente coordinación intersectorial entre salud, justicia y derechos humanos, lo que incrementa los riesgos de tortura y malos tratos al interior de estos centros.

Una colaboración necesaria

Uno de los hallazgos más alentadores proviene de las instituciones supervisadas como Gendarmería, Carabineros y la Policía de Investigaciones, que han mostrado altos niveles de respuesta a las recomendaciones del organismo, y han implementado cambios concretos en sus protocolos y prácticas.

Sin embargo, al CPT le preocupa que uno de los elementos críticos que dificulta el cambio es la baja respuesta de los organismos centrales, encargados de conducir transformaciones más estructurales y profundas. Solo el 43% de las instituciones declararon haber realizado actividades para avanzar en las recomendaciones emitidas en el informe anual del 2023.

"Para que el trabajo de monitoreo funcione es esencial que las instituciones se comprometan con el enfoque preventivo. Es el Estado el único que puede prevenir la tortura" - Luis Vial, integrante experto del CPT.

“Para que el trabajo de monitoreo funcione es esencial que las instituciones se comprometan con el enfoque preventivo. Es el Estado el único que puede prevenir la tortura. El rol de los mecanismos es observar, monitorear y presentar recomendaciones, acompañar ese proceso a través del diálogo. El proceso de implementación depende de los respectivos servicios y ministerios. La adecuación de las recomendaciones y su ajuste temporal depende del proceso de diálogo, que es fundamental para lograrlo. La incorporación del enfoque de derechos humanos no solamente es una obligación, puede mejorar el desempeño de nuestras instituciones y evitar el sufrimiento innecesario”, aseguró Luis Vial, integrante experto del CPT.