Probidad: ¿la senda perdida?

Robos con y sin violencia, extorsión, asociación ilícita, coimas, colusión y financiamiento ilegal, son algunos de los casos graves de corrupción y faltas a la probidad que hemos conocido en el país en el último tiempo. Actualmente, Chile y el mundo viven una gran crisis en este sentido, que redunda en desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas y privadas, y, más aún, en las relaciones interpersonales.  

Sobre este flagelo de la corrupción, Juan Larraín, profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas y director del Instituto de Éticas Aplicadas UC, señala que debe combatirse desde una perspectiva legal y ética a la vez. “El precio de no hacerlo es demasiado alto, ya que conlleva la pérdida de la confianza en las personas y en las instituciones, y hasta la posible descomposición de la vida en sociedad tal como la conocemos”, afirma. 

Respecto del aspecto legal de la corrupción, es importante que sea perseguida por la justicia y castigada con toda la severidad de la ley, ya que el sistema político-legal es el responsable de determinar lo que es justo e injusto. También, la ética está en el ámbito de lo que es bueno o malo, y obliga más bien en conciencia. “Pero esto en ningún caso significa que las faltas éticas no revistan gravedad”, enfatiza  Larraín.

"La corrupción  debe combatirse desde una perspectiva legal y ética a la vez. El precio de no hacerlo es demasiado alto, ya que conlleva la pérdida de la confianza en las personas y en las instituciones, y hasta la posible descomposición de la vida en sociedad tal como la conocemos”- Juan Larraín, director del Instituto de Éticas Aplicadas UC

Probidad: el desempeño ético de la función pública

La confianza de la ciudadanía es uno de los pilares sobre los que se construye y sostiene la democracia. Es un componente esencial de las relaciones sociales, en especial cuando hay un desequilibrio de poder. Sin ella no pueden funcionar ni las interacciones sociales ni las organizaciones e instituciones en que se apoyan.

“La probidad es una noción que se usa de manera general para indicar un desempeño ético de la función pública. No obstante, no se ha resaltado que, en lo fundamental, es una idea que expresa un hábito o disposición, no un conjunto taxativo de deberes o prohibiciones. De este modo, si la probidad fuera entendida en este primer sentido, no deberíamos estar preocupados de legislar sobre cada una de las posibles violaciones a la moralidad de la función pública: la probidad sería esta virtud amplia que permitiría un discernimiento correcto para cada situación éticamente problemática en la función pública”, manifiesta Fernando Arancibia, profesor asistente del Instituto de Éticas Aplicadas (IEA).

“El servicio público requiere un estándar ético distinto de quien no cumple estas funciones porque el bien común está de por medio, y porque la ciudadanía tiene un alto estándar respecto de cómo estos deben actuar”- Cristián Pliscoff, director de la Escuela de Administración Pública UC

Pero para que la probidad sea realmente comprendida en esta dimensión, debemos considerar que afecta no sólo a cuestiones de orden substantivo, sino también de procedimiento. “De este modo, no se trata de que, por ejemplo, un regalo o favor pueda alterar mi juicio, sino de que, aun cuando no lo altere, su presencia altera un conjunto de normas que, en su conjunto, fundamentan la confianza del quehacer público”, apunta el profesor Arancibia.  Y agrega: “En línea con una probidad entendida como virtud, sugiero comprender su dimensión procedimental a partir de un paradigma del cuidado, a saber, que estas reglas de procedimiento existen y se legitiman porque fortalecen nuestra confianza en la función pública”.

De este modo, la probidad es una virtud que no sólo supone una disposición a considerar el aspecto sustantivo del ejercicio de la función pública sino también un cuidado particular a las reglas de procedimiento que fundamentan nuestra confianza en el servicio público y sus instituciones.

Por su parte, Cristián Pliscoff, director de la Escuela de Administración Pública UC, afirma que la formación en ética y probidad para aquellos que quieren cumplir funciones en el Estado debe ser una materia de especial preocupación. “No basta con conocer las normas y las regulaciones que reglan  el comportamiento funcionario, sino que además requiere una aproximación práctica que busque el racionamiento ético de las personas. El servicio público requiere un estándar ético distinto de quien no cumple estas funciones porque el bien común está de por medio, y porque la ciudadanía tiene un alto estándar respecto de cómo estos deben actuar”, subraya.

"No se trata de que, por ejemplo, un regalo o favor pueda alterar mi juicio, sino de que, aun cuando no lo altere, su presencia altera un conjunto de normas que, en su conjunto, fundamentan la confianza del quehacer público”-  Fernando Arancibia, profesor asistente IEA.

Responsabilidad universitaria: énfasis en la formación ética

En su preocupación por la formación ética, la Universidad Católica creó, en 2022, el Instituto de Éticas Aplicadas (IEA),  una unidad interdisciplinaria de formación, investigación y vinculación con el medio. Nace con la misión de aportar al desarrollo del discernimiento ético en personas e instituciones mediante la docencia de pre y posgrado, la investigación interdisciplinaria y el vínculo con la comunidad. 

“Para poder construir una cultura de la honestidad y la probidad, las universidades deben poner el foco en la formación ética que, aunque puede no ser suficiente, sí es necesario para generar las condiciones de posibilidad para mejorar nuestras conductas y el cumplimiento de lo legal”, enfatiza Juan Larraín.

En esta misma línea, la profesora Claudia Labarca, directora del Departamento de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Facultad de Comunicaciones, recalca que, “como Universidad Católica, es muy importante enfatizar ese punto, más aún cuando la inteligencia artificial y la privacidad de los datos está siendo cada día más compleja de manejar, porque crece, pero no crece al mismo tiempo que la legislación vigente y tampoco crece al mismo tiempo que los métodos pedagógicos. Entonces, es un desafío cada vez más grande, particularmente en carreras de comunicación”.