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Revista Universitaria nº 167:

La educación como cimiento de una sociedad sin abusos


Este fenómeno opera en diferentes niveles y esferas en una sociedad, tanto en espacios privados como en prácticas institucionales. Por eso, en la educación se reconocen al menos tres dimensiones vinculadas al desarrollo de actitudes, valores y prácticas que podrían prevenir el ejercicio de actitudes de abuso o bien la complicidad o tolerancia hacia ellas: la formación ciudadana, la educación socioemocional y la mixtura sociocultural.

photo_camera Ilustración: Catalina Fuentes

Este artículo es parte del dossier "Conciencias vulneradas" de Revista Universitaria. Revisa todo el contenido aquí

La educación formal tiene un papel en la prevención de las prácticas de abuso que se han extendido en nuestra sociedad. En efecto, la enseñanza que reciben regularmente niños, niñas y jóvenes en sus instituciones escolares puede complementar la formación recibida en el hogar o en comunidades de pertenencia. Esa experiencia tiene el potencial de forjar actitudes interpersonales y delinear el modo de vincularse en el espacio público con otros diferentes o semejantes.

El abuso opera en distintos niveles y esferas, tanto en espacios privados como en prácticas institucionales. Por eso, en la educación se reconocen al menos tres dimensiones vinculadas al desarrollo de conductas, valores y prácticas que podrían prevenir el ejercicio de actitudes de abuso, o bien la complicidad o tolerancia hacia ellas: la formación ciudadana, la educación socioemocional y la mixtura sociocultural. Estas tres dimensiones son abordadas con mayor o menor intensidad, pero de modo inevitable, por las instituciones escolares mediante el desarrollo curricular, más o menos explícito que ejercen sus profesores, así como por la experiencia que suscita la pertenencia institucional de los estudiantes. Se plantea que estas tres dimensiones, al menos en su promoción formal y considerando el grueso del sistema escolar chileno, han sido menos fomentadas en las últimas décadas y que, promisoriamente, solo muy recientemente han tenido un impulso por parte de una serie de reformas educacionales aún en temprana fase de consolidación.

En dicho rezago y tardío impulso podría encontrarse una hebra que explique la amplia proliferación de prácticas abusivas en Chile, así como también la emergencia de su identificación, denuncia y freno. A continuación, se esbozan estos tres ámbitos, su posible relación con el abuso y su desarrollo futuro en el sistema escolar.

Formación ciudadana

Un nivel en el que se expresan los abusos anida en prácticas de organismos del Estado, empresas de diferente escala o incluso instituciones educacionales, públicas o privadas. En definitiva, se trata de hechos cometidos por ciudadanos que, en el ejercicio de sus posiciones de influencia y liderazgo, adolecen de valores cívicos elementales. Desde otro prisma, la persistencia de los abusos institucionales podría ser signo de una ciudadanía frágil en su capacidad de identificarlos y reclamar su cese. Como recuerdan Zúñiga & Cárdenas (2019), los graves fenómenos de corrupción política y económica conocidos al inicio de la década pasada impulsaron al gobierno de Michelle Bachellet, en 2015, a convocar al Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción (Informe Engel), que en sus recomendaciones centrales propuso que los establecimientos educacionales velaran por la incorporación transversal de la formación cívica y ética, desde la educación parvularia hasta la enseñanza media, mediante sus Proyectos Institucionales.

Canónicamente la formación ciudadana abarca tres aspectos con gran potencial, cada una en su especificidad, de hacer frente a los abusos institucionales: las actitudes ciudadanas, el conocimiento cívico, y la participación ciudadana. Como relevan Villalobos et al. (2021), “lo que se sabe, lo que se piensa y lo que se hace” sobre los asuntos públicos son aspectos que el sistema escolar puede decisivamente guiar.

Tal vez por eso mismo, en reacción al Informe Engel mencionado, en 2016 fue aprobada la Ley 20.911, que contempla un Plan de Formación Ciudadana inmediato en todo el sistema escolar, así como la creación de una asignatura específica en 3° y 4° medio desde 2019. Un programa que busca promover la formación ciudadana en todas las asignaturas escolares, mediante la realización de talleres y actividades extraprogramáticas, fomentando la apertura de las escuelas a la comunidad y su democratización, de modo de enriquecer la formación ciudadana de niñas, niños y adolescentes. Como describen Zúñiga & Cárdenas (2019), este programa se encuentra en pleno desarrollo, pero presenta enormes desafíos de implementación. De su superación dependerá la contribución de la formación ciudadana a un sociedad menos tolerante a los abusos de las instituciones públicas y privadas. La urgencia de fortalecer la formación ciudadana se constata en la marcada desigualdad entre nuestros estudiantes. El International Civic and Citizenship Study (ICCS), de 2016, que mide a 24 países incluido Chile, nos ubicó debajo del promedio internacional en conocimiento cívico en estudiantes de 8º básico. El estudio muestra la fuerte influencia del nivel socioeconómico de los padres, la desigual distribución según los tipos colegios de Chile (ver Figura 1) y la mitigación de dicha desigualdad que la calidad de la formación ciudadana puede tener, por ejemplo, el nivel de apertura a la discusión cívica en el aula.

Figura 1: Niveles de conocimiento cívico según dependencia administrativa. Fuente: Extraído de Miranda, D. & Herrera-Leighton, A. (2021). “Conocimiento cívico: concepto, antecedentes y consecuencias”, capítulo 8. En: Villalobos, Morel y Treviño (eds) (2021). Ciudadanías, educación y juventudes. Investigaciones y debates para el Chile del futuro. Santiago: Ediciones UC.
Figura 1: Niveles de conocimiento cívico según dependencia administrativa. Fuente: Extraído de Miranda, D. & Herrera-Leighton, A. (2021). “Conocimiento cívico: concepto, antecedentes y consecuencias”, capítulo 8. En: Villalobos, Morel y Treviño (eds) (2021). Ciudadanías, educación y juventudes. Investigaciones y debates para el Chile del futuro. Santiago: Ediciones UC.

Educación emocional

La esfera privada es un espacio predominante de las prácticas de abuso. Y si bien la crianza parental es fundamental en la formación de personas no abusivas, la educación también tiene un rol a través de la educación emocional que realizan las instituciones escolares. En esta breve sección se plantea que fortalecer la educación emocional es uno de los desafíos crecientes del sistema escolar. La pandemia configuró un escenario de alta demanda a los colegios en cuanto al fomento de prácticas de bienestar socioemocional para sus estudiantes. Si bien este aspecto ha tenido un fuerte desarrollo en la educación chilena en años recientes, aún quedan desafíos de política pública importantes para su consolidación.

La educación emocional es parte de una educación integral en cuanto proporciona habilidades para desenvolverse en la vida afectiva y social, en el presente de los estudiantes así como en su vida adulta. Se trata de habilidades de autorregulación emocional, empatía y respeto en las relaciones con otros, autocuidado y discernimiento moral.

En el contexto escolar la educación emocional es primordial. Es común identificar prácticas de abuso germinales en algunos estudiantes (bullying). Las herramientas que las instituciones escolares poseen son múltiples. Fomentar ambientes de aprendizaje seguros, motivadores y enriquecidos emocionalmente tiene un impacto decisivo en la experiencia escolar de los estudiantes y en su formación emocional. En este sentido, las y los profesores en su despliegue y repertorios pedagógicos son agentes y modeladores fundamentales de las competencias emocionales. Y también lo son los recursos pedagógicos y curriculares. Por ejemplo, en su reciente libro, la investigadora Macarena García llama la atención sobre el papel limitado de la literatura infantil en la educación de las emociones y afectos. Plantea, por un lado, una crítica al papel de los adultos y de los libros, pues en general tienden a promover la contención en lugar de la expansión de las emociones. Y por otro, ritica el tratamiento ético y emocional con que se narran aspectos sensibles de la vida misma como el duelo, la xenofobia, migración, memoria y género (García, 2021).

Milicic & Marchant (2020) describen los avances que ha tenido el sistema educacional chileno en la educación emocional y desarrollan una serie de propuestas de política pública urgentes de materializar. Respecto de lo primero, destacan entre otros aspectos:

  1. El reconocimiento de la educación integral en la Ley General de Educación de 2009
  2. La exigencia a todos los establecimientos de políticas de Convivencia Escolar en sus proyectos educativos 
  3. La incorporación de profesionales especializados en los colegios en torno a temas de desarrollo y bienestar socioemocional (por ejemplo a través de Ley de Subvención Escolar Preferencial)
  4. La ampliación del concepto de calidad de la educación a través de indicadores de bienestar socioemocional en pruebas estandarizadas de la Agencia de Calidad de la Educación
  5. La incorporación en los Estándares Indicativos de Desempeño para los establecimientos que imparten Educación Parvularia competencias socioemocionales; entre otros avances.

Sobre el futuro, Milicic & Marchant (2020) plantean medidas de alta relevancia, especialmente para las políticas de formación inicial y desarrollo docente: por ejemplo, ampliar fuertemente la formación en desarrollo socioemocional en los currículos y estándares de formación de futuros profesores, tanto en lo teórico como en la formación práctica; que las recientes políticas de inducción a nuevos profesores en el sistema escolar incluyan aspectos socioemocionales. Pero quizá las propuestas más audaces de las autoras, dado su carácter oneroso en términos fiscales, al tiempo que poderosas por su potencial transformador en lo socioemocional, son las ideas de disminuir el número de estudiantes por aula, especialmente en los estratos socioeconómicos más desaventajados, como modo de mejorar la interacción afectiva con los estudiantes. También la creación de sabáticos profesionales cada diez años para los profesores del país.

Mixtura sociocultural

Ilustración: Catalina Fuente
Ilustración: Catalina Fuentes

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Según sucesivos reportes de la OCDE, y de pruebas internacionales en educación como PISA y TIMMS, que incluyen métricas de segregación escolar, Chile se encuentra consistentemente en el tiempo entre el 5% de países más segregados del mundo en términos educacionales. Usando datos de la prueba internacional PISA 2018 de la OCDE, analizados sobre la base del índice de Duncan, se observa la aguda segregación en la que se educan los estudiantes de menores recursos de Chile en comparación a sus pares de países OCDE. Mientras más segregado y polarizado un sistema escolar, mayor homogeneidad habrá entre los estudiantes al interior de las escuelas en términos religiosos, económicos, culturales, sociales o étnicos.

Es relevante preguntarse: ¿Qué tipo de personas produce un sistema escolar polarizado en una sociedad? ¿Por qué la mayoría de las sociedades desarrolladas ha diseñado sistemas escolares cohesionados y evitan políticas que generen segregación escolar? La polarización educacional configura experiencias en los niños y jóvenes que tienen una gama de implicancias en términos de subjetivación en cuanto a sus disposiciones morales y sociales hacia grupos subalternos, minoritarios o disimiles con quienes, rara vez, se ha interactuado en un espacio común. La escuela puede ser un espacio que ofrezca a temprana edad la oportunidad de interactuar con personas o grupos diferentes, de modo que en la vida adulta estas interacciones sean parte de una matriz de pertenencia común. Así entonces, una hipótesis aceptada es que espacios escolares con cierta densidad en “mixtura sociocultural” entre sus estudiantes promueven actitudes menos propensas al ejercicio o tolerancia de prácticas abusivas en la vida social.

Hay al menos tres factores educacionales que explican la aguda segregación escolar chilena (los que se suman a la segregación residencial como su principal causante):

  1. Las prácticas de “elección de escuela de las familias”, que han devenido en prácticas de autosegregación y distanciamiento social (Carrasco et al., 2021)
  2. El esquema de “financiamiento compartido”, que generó una barrera de entrada económica a los establecimientos con subvención del Estado
  3. Las amplias prácticas de “selección escolar” que desarrollaban los establecimientos escolares previo a la Ley de Inclusión de 2015, que buscaban predecir el desempeño de los estudiantes o su sintonía con la composición sociocultural del colegio (Carrasco et al., 2017).

Un aspecto que alienta y que debe ser destacado es que la Ley de Inclusión (que elimina la selección escolar, el lucro y el financiamiento compartido) fue diseñada para revertir los dos últimos aspectos que en medida importante gatillaban los niveles de segregación escolar que tenemos, y que en su operación definían la educación como un espacio donde algunos calificaban y otros eran descartables. Todo lo anterior conforme a atributos que están más allá del control de niñas, niños y adolescentes, es decir, prácticas de injusticia educacional fomentadas por el propio Estado.

Retornando a las formas de subjetivación de los espacios escolares, se reconocen al menos tres aspectos. En primer lugar, desde una perspectiva liberal comunitaria, la importancia de la “mixtura sociocultural” de las escuelas se relaciona con lo que Michael Walzer denomina la promoción de “sociedades de la tolerancia”. Walzer afirma que la tolerancia política, social y cultural no es abstracta, es una “práctica” que se transmite más en términos experienciales que curriculares. Y las escuelas constituyen la primera experiencia pública de los niños donde interiorizan en términos prácticos, es decir, cotidianos, los términos de la convivencia con otros diferentes.

Un sistema escolar polarizado despoja a los estudiantes de la oportunidad práctica de convivir en la diferencia. Arrojados al futuro, nuestros alumnos habrán aprendido poco sobre el cultivo de la diversidad cultural, ni a familiarizarse con otros modos de expresión que poseen diferentes grupos sociales. Asimismo, James Coleman, desde un prisma similar, plantea que las escuelas constituyen el lugar para construir “sociedades de la confianza”. La escuela con heterogeneidad composicional expone a los niños a convivir con otros “extraños” a sus modos de convivencia propios de sus vínculos filiales. La “confianza interpersonal”, en sociedades complejas y multiculturales, también se forja experiencialmente, exponiéndose a la convivencia con otros extraños desde la niñez, cuestión que un sistema escolar polarizado dificulta. Todavía más, Hannah Arendt plantea que la escuela es aquel lugar que se interpone entre la esfera privada (lugar protegido de maduración de un ser humano nuevo) y el mundo como tal. La escuela es el lugar de tránsito de un espacio al otro. Dado que los niños (ser humano nuevo) desconocen el mundo, la escuela nos permite introducirlos gradualmente en él. Si bien el colegio “no es” el mundo, este debe parecerse y representarse como “si lo fuera”, de modo que los niños aprendan a vivir en él. Un sistema de escuelas polarizado y segregado podría forjar sujetos intolerantes, desconfiados y excluyentes, actitudes que son caldo de cultivo para dar espacio a la normalización o, en un extremo, al ejercicio de prácticas abusivas de distinto orden.

Una dosis de optimismo

Más allá de las definiciones especializadas de la psicología clínica, el derecho penal o la criminología, el abuso en su expresión cotidiana expresa menoscabo intersubjetivo. Esto es, la acción de cosificar, agraviar o instrumentalizar a otros a quienes se visualiza como inferiores o indignos de ser considerados como iguales en términos sociales o subjetivos. En diferentes modos e intensidad, las instituciones escolares juegan un papel en su fomento o prevención.

En la esfera educacional, una serie de iniciativas aportan una dosis de optimismo sobre el papel de la enseñanza en mitigar el abuso. El país ha avanzado en el desmantelamiento de las prácticas de exclusión y discriminación mediante políticas como la Ley de Inclusión, que está en pleno proceso de implementación, por lo que su impacto relativo en disminuir la segregación mostrará sus frutos en los próximos años. Asimismo, se están fomentando reformas que avanzan en cohesión educacional como la Nueva Educación Pública, así como en el fortalecimiento de la profesión docente (Sistema de Desarrollo Profesional Docente). Esta última es fundamental en la formación de las futuras generaciones, dado el papel gravitante de la profesión docente en la mediación sociocultural y afectiva de las y los estudiantes (una descripción reciente de este conjunto de políticas en Treviño et al., 2021).


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